Los negocios del más grande proveedor de canastas familiares
La familia tras Distribuidora Llacolén tiene una cercana relación con Venezuela: entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, una de sus sociedades sumó exportaciones por US$ 56,9 millones a ese país. Este vínculo es la base de una arremetida judicial del Banco Security en su
contra, apuntando a posibles irregularidades.
Les apasiona el automovilismo y no suelen hablar sobre sus negocios. Los Scuncio Moro -una familia de argentinos que hace 20 años se instaló en San Pedro de La Paz, Región del Biobío-, prefieren el bajo perfil. Hace poco cobraron protagonismo, pues una de sus empresas, Distribuidora y Comercializadora Llacolén S.A., se coronó como la mayor proveedora del programa Alimentos para Chile del gobierno.
El grupo lo conforma el padre, Alberto Scuncio (51), y sus hijos Martín (28) y Javier (24) Scuncio Moro. Estos últimos son conocidos por competir en RallyMobile, con varios triunfos en Chile.
Distribuidora y Comercializadora Llacolén -que según el Diario Oficial opera desde 2001- la integran Martín Scuncio y una sociedad denominada Inversiones Ramaja Limitada, cuyos socios actuales son Alberto Scuncio (99%) y Pablo Ludueña (1%). Este último según publica en su perfil de LinkedInes el gerente de administración de otro emprendimiento de los argentinos: la embotelladora Dos Banderas, radicada también en la región del Biobío.
En los últimos meses, en solo dos semanas, Llacolén despachó 250.000 cajas de mercadería a la Intendencia Metropolitana, por un total de $ 8.750 millones, muy lejos de otros proveedores. Según afirman en el Ministerio del Interior, la distribuidora cumplió con los términos y plazos de la entrega. Sin embargo, ésta arrastra graves cuestionamientos: sus dueños son acusados de irregularidades en el envío de insumos a Venezuela, tema que hoy se ventila en la justicia de Concepción.
A fines de octubre de 2019, Banco Security comenzó una embestida judicial contra Scuncio y sus sociedades. Ese mes, envió una carta a Alberto Scuncio para notificar el cierre de sus cuentas corrientes personales. Ello, pues había presentado un comportamiento irregular, al operar grandes sumas de dinero en efectivo. Según el banco, entre 2017 y 2019 Scuncio efectuó 36 depósitos en efectivo por un total de $ 360.670.100. El cierre de cuentas se concretó el 23 de enero de 2020, ante lo cual el empresario presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción, que fue acogido el 12 de junio. El tribunal ordenó la reapertura de sus cuentas, lo que fue apelado por el banco. Hoy el caso está en manos de la Corte Suprema. El 22 de mayo de este año, en tanto, el mismo banco cerró las cuentas de Llacolén. Dos días antes, según se establece en Mercado Público, la empresa había acordado la entrega de cajas para el programa Alimentos para Chile del gobierno.
“El cierre de dichas cuentas fue el corolario de una investigación interna realizada por el Banco ante la publicación en diversos medios locales e internacionales de una noticia relativa a irregularidades en torno a la exportación hacia Venezuela de cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de dicho país, en la que figuraba envuelta la señalada empresa”, aseveró el banco ante la corte de Concepción.
Según consignó esta semana El
Desconcierto, este último decidió cerrar las cuentas corrientes en línea con su programa de compliance y el “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo relativo a materias de ley 19.913 y además en el Modelo de Prevención de Delitos atingente a la Ley Nº 20.393”. Ni la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ni Banco Security emitieron comentarios ante este artículo.
Desde el Ministerio de Interior afirmaron que “al momento de contratar no existía ningún impedimento en el sistema de compras públicas para hacerlo. Es importante señalar que este proveedor cumplió en tiempo y forma con la entrega de la compra realizada”.
Negocios con Venezuela
Además de Llacolén, Inversiones Ramaja y la embotelladora Dos Banderas, el entramado societario de los Scuncio incluye a la minera Antawara, en la comuna de Petorca (V Región). Esta extrae cobre, oro y plata, los que son entregados periódicamente a la Empresa Nacional de Minería (Enami).
Pero uno de los negocios que más réditos ha traído al grupo es el que mayores problemas legales le ha provocado: el envío de cajas y alimentos a Venezuela.
El negocio empezó en 2014, cuando la familia Scuncio comenzó a importar urea hacia Chile, un compuesto químico utilizado como abono en la agricultura. Tiempo después, inició el envío de mercadería directamente a las empresas venezolanas Madca y Alimentos Ramaja. Esta última es de propiedad de Hernán Matheus Murillo, empresario venezolano que adquiere los insumos provenientes de Chile.
El 1 de diciembre de 2016, Alberto Scuncio -en representación de Inversiones Ramaja Ltda.- y el abogado venezolano Luis Fabián Alexander Sánchez -en representación de International Petrochemical Holding Ltd., inscrita en 1995 en Islas Vírgenes Británicas- constituyeron Suministros del Sur S.A.
Según recogió un reportaje de El Mercurio de Valparaíso de 2018, la crisis de desabastecimiento e hiperinflación que afecta a Venezuela llevó al gobierno de ese país a buscar alternativas para proveer alimentos a la población. Así, Suministros del Sur S.A. comenzó con el envío de alimentos con los denominados “Kits Made In Chile”.
Según el portal especialista en análisis comercial Veritrade, entre septiembre 2017 y octubre de 2019, Inversiones Ramaja Ltda. sumó exportaciones al país caribeño por US$ 56,9 millones. Sus envíos a través de los puertos de San Antonio y Valparaíso corresponden principalmente a leche en polvo, legumbres, arroz y latas de atún. Mientras que sus importaciones, desde 2014 a marzo de 2020, sumaron US$ 25,2 millones, siendo principalmente urea el producto más comercializado. En los últimos 7 años el intercambio ascendió a un total de US$ 82 millones.
Sobre sus negocios con Venezuela, Scuncio responde: “Es pura y exclusivamente trabajo”. “Nosotros hemos exportado alimento a privados en su momento y hace más de un año y medio que no enviamos nada. Pero son negocios que salen puntualmente”, añadió.
“Enviamos cajas a Venezuela, pero no al Estado, sino a privados. A la gente le gusta poner y poner. Igual que pusieron por ahí lavado de activos y me pregunto dónde. Es una estupidez. Lo que pasa es que no le puedes contestar a todo el mundo. ¿Para qué te vas a poner a tirar piedras a los gatos? Aparte, los libros están todos en Chile y no tengo ninguna empresa en otro lado. Está todo a la vista”, remató. ●