La cadena de errores que esconde el caso Ámbar
Hugo Bustamante inicialmente estaría en la cárcel hasta 2032 por sus primeros dos homicidios, mientras que su tercera víctima participaba en un programa del Sename que no calibró los riesgos hasta que ya fue demasiado tarde.
Ámbar Cornejo (16) caminó los 550 metros que separan la casa de su tutora informal, Maritza Andrea García, del domicilio donde vivía su madre, Denise Llanos (38). Su intención era cobrar la pensión de $ 130 mil que su padre le enviaba cada mes desde Antofagasta. Vestía completamente de negro, con chaqueta, jeans y botines del mismo tono. Siendo un tramo breve, dejó su billetera y su pase escolar. Solo llevó el celular. Eran pasadas las nueve de la mañana del miércoles 29 de julio.
Lo que pasó cuando Ámbar llegó a su destino todavía es materia de la investigación de la Fiscalía de Villa Alemana, pero según la información recabada hasta ahora, se habría encontrado con Hugo Bustamante, de 55 años, la pareja de su madre. Según diversas versiones de cercanos, ella le temía desde que se conocieron. Sabía lo que él había hecho.
Cuando Ámbar tenía apenas 11 meses, Bustamante mató por primera vez. Lo hizo una mañana entre el 8 y el 15 de enero de 2005 y las víctimas fueron su cónyuge, Verónica Vásquez, y el hijo de ésta, Eugenio Honorato, de solo nueve años. Una discusión por plata derivó en violencia: el hombre los golpeó a ambos con un bastón, los estranguló y terminó degollando a la mujer. Luego los amarró de pies y manos, envolvió sus cabezas en Alusa Plast e introdujo los cuerpos en un tambor de 200 litros que luego cubrió con agua, cal y yeso. Posteriormente, lo trasladó con ayuda de un fletero y lo enterró en su nuevo domicilio. Los malos olores advirtieron a los vecinos y la PDI encontró el tonel con los restos dos semanas después. Bustamante confesó en el acto. En adelante, se le conocería como “El asesino del tambor”.
Ese mismo año, la justicia lo condenaría a 27 años de cárcel; esa misma justicia también lo liberaría 11 años después.
La antigua casa de Verónica Vásquez en Villa Hipódromo, donde sucedieron los dos asesinatos, está a cuatro kilómetros de donde Bustamante habría cometido el tercero. Los motivos aún se investigan -no se descarta una agresión sexual-, pero su encuentro con Ámbar habría tomado un cauce similar al de 15 años antes. Después de matarla, habría descuartizado el cuerpo para esconderlo dentro de tres coolers plásticos que enterró en medio del living, bajo un entablado nuevo que, en un principio, logró engañar a las autoridades.
A la larga, el resultado fue el mismo. La PDI volvió a desenterrar su secreto nueve días después.
La pena que recibió Hugo Bustamante en 2005 pudo ser más alta, pero fue condenado por dos homicidios simples. El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar desestimó que se tratara de homicidios calificados, ya que no concurrían la alevosía y el ensañamiento argumentados por el Ministerio Público. Ni los fiscales ni los querellantes pudieron probar que los actos fueran premeditados o que el acusado hubiera querido aumentar el dolor de las víctimas.
La tipificación del delito tendría una gran importancia más adelante, pese a que la condena de 27 años pareciera dura.
En 2012, mientras Bustamante cumplía su séptimo año de condena, una reforma legislativa le quitó al Ministerio de Justicia la competencia para decidir quién podía recibir la libertad condicional. Esa facultad del Ejecutivo, ejercida a través de sus respectivas Seremis, quedaría exclusivamente en manos de las Comisiones de Libertad Condicional de las Cortes de Apelaciones, compuestas por jueces que rotarían cada año. La iniciativa había ingresado al Senado en marzo de 2011 con las firmas del Presidente Sebastián Piñera y sus ministros del Interior y Justicia -Rodrigo Hinzpeter y Felipe Bulnesy había encontrado un apoyo transversal en ambas cámaras.
La nueva Ley 20.587 fue publicada en el Diario Oficial el 8 de junio de 2012. Introducía un cambio importante, que le daba un carácter más técnico a la determinación de otorgar la libertad condicional y también ayudaba a descongestionar las cárceles del país. A la vez, le permitía al Ministerio de Justicia evitar los costos políticos de algún error.
Al interior de la Cárcel de Valparaíso, Bustamante intentaba acercarse a las condiciones para aspirar a algún beneficio. A pesar de que arrastraba problemas de drogas desde su juventud y a que en diciembre de 2010 habían encontrado una bolsa de nylon con seis gramos de marihuana en la celda que compartía con otros cuatro internos, logró terminar cuarto medio y participó de numerosas actividades intrapenitenciarias. Trabajaba como mozo en su piso, realizaba funciones de aseo y se especializó en el trabajo con cuero. En 2014, también participó de un taller laboral de publicidad y venta, un rubro que conocía bien de su vida anterior, cuando atendió almacenes de abarrotes en los lapsos de libertad que tuvo entre su primera condena por robo en 1987 y el doble homicidio de 2005.
A lo que Bustamante nunca se adaptó fue a los programas de intervención social. Se le describía en informes como un interno de “alto riesgo”, en el sentido de que no había logrado procesar adecuadamente el delito que lo tenía preso. Sus actitudes, el estilo de pensamiento y las dinámicas para relacionarse con sus pares también mantenían en alerta a Gendarmería, cuyos profesionales recomendaban una intervención que el propio Bustamante rechazaba.
Por eso, cuando este postuló al beneficio de la libertad condicional a inicios de 2016, el informe de los profesionales de Gendarmería no fue elogioso. En el documento se explicaba que Bustamante solo percibe el daño recibido, sin incluir el daño provocado a sus víctimas, ambos rasgos de una personalidad antisocial. Dice estar motivado con un cambio, pero que
sus palabras no se traducen en la actitud que exhibe durante la entrevista, donde muestra poca disposición y empatía. También se menciona su consumo problemático de drogas y finalmente se agrega que no tiene proyectos de vida afuera de la cárcel que permitan asegurar que su proceso de reinserción será exitoso.
La solicitud de Bustamante llegó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso en abril de 2016, dentro de una lista de 875 internos de la región. Su caso cumplía con casi todos los requisitos: intachable conducta dentro del penal, haber asistido a la escuela y conferencias educativas del recinto y haber aprendido un oficio. Aunque solo le faltaba tener la mitad de su condena cumplida, lo beneficiaba el Artículo 3 del Decreto Ley 321, que señalaba que “a los condenados a más de 20 años se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos 10 años de la pena”. Bustamante tenía cubiertos los parámetros objetivos.
La Comisión de Libertad Condicional presidida por la ministra Silvana Donoso determinó por unanimidad que se guiarían exclusivamente por los requisitos de carácter objetivo, pese a que Gendarmería había enviado 528 informes desfavorables, entre ellos el del “Asesino del tambor”. Los documentos no eran vinculantes, pero además se advirtió que la inmensa mayoría traía las mismas conclusiones: “Interno que requiere de intervención y un mayor período de observación intrapenitenciaria, ya que las variables psicosociales determinan un pronóstico incierto (…). Por lo que no se recomienda otorgar libertad condicional”. Siendo copias que no reflejaban la individualidad de cada reo, no podían ser consideradas “objetivas”.
Ese año, 742 internos fueron favorecidos con la libertad condicional en la Región de Valparaíso. Bustamante fue uno de ellos. El 29 de abril de 2016 estaba en las calles de Villa Alemana nuevamente. Ámbar Cornejo vivía cerca de ahí. Tenía 12 años.
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En enero pasado, el Juzgado de Familia de Villa Alemana ordenó el ingreso de Ámbar Cornejo al Programa de Intervención Especializada (PIE) Gabriela Mistral del Servicio Paz y Justicia, un organismo colaborador del Sename. Su entorno era frágil desde pequeña, con pasos por otros programas y hasta residencias, pero su situación de vulnerabilidad parece haberse agudizado en 2019. En un oficio enviado el 31 de julio por la directora del programa al tribunal, se informa de la desaparición de Ámbar y se enumeran todos los riesgos a los que estaba expuesta.
Los trabajadores del programa trataron de ponerse en contacto con la niña, pero esta no contestaba su celular. Entonces decidieron entrevistarse con su madre, Denise Llanos, quien inicialmente se mostró reacia a conversar y luego reconoció que no tenía intención de hacer una denuncia, pues Ámbar ya no vivía con ella. “La adolescente no se encontraría pernoctando en su hogar desde hacía varios meses, lo cual daría cuenta de omisión de información no solo en ámbito familiar sino que individual (…). La joven habría tomado dicha decisión toda vez que presentó rechazo ante la nueva relación afectiva establecida por la adulta con don Hugo Bustamante Pérez”, dice el texto.
Fugada de su hogar, Ámbar vivió durante los últimos cuatro meses con su “tía” Maritza Andrea García, quien se había transformado en una especie de tutora. Sin embargo, esta situación también representaba “alto riesgo proteccional” para el Programa Gabriela Mistral. El dueño de casa era el padre de Maritza Andrea, Manuel García Queirolo (57), expareja de la mamá de Ámbar.
Este hombre mantenía una investigación en la Fiscalía de Villa Alemana por presunto delito de abuso sexual contra Ámbar, tras una denuncia realizada en enero por el mismo programa de intervención. Consultada al respecto por diversos medios, Maritza Andrea García negó tener alguna información.
Denise Llanos, en tanto, se desligaba de cualquier responsabilidad. Según el mismo documento, mostraba una actitud pasiva, no desplegando “acciones protectoras y reflexivas” frente a la desaparición de su hija. Su discurso apuntaba más bien a sus problemas conductuales y las dificultades que tenía para convivir con sus parejas. Hacia el final de esa entrevista, reconoció haberla visto por última vez el 29 de julio, cuando llegó hasta su casa para recibir la pensión de su padre, pero luego especuló con que lo más probable fuera que Ámbar estuviera de “allegada” donde alguna de sus amigas.
Para averiguar algo más del paradero de Ámbar, una profesional del programa interventor se comunicó con tías paternas y abuelos maternos. Con estos últimos, incluso, se discutió la posibilidad de acogerla en su hogar cuando apareciera, lo que nunca ocurrió.
Pasaron los días. Se presentó una denuncia por presunta desgracia y las policías iniciaron las pesquisas en el sector junto con familiares y cercanos a Ámbar. Unos vecinos se presentaron en la casa de Hugo Bustamante y Denise Llanos para pedir explicaciones. “Si gustan vean si hay algún indicio, traigan perros, revisen el terreno, pasen chiquillos, no se queden con la duda”, les respondió Bustamante, en una extraña muestra de transparencia que no se condecía con las dificultades que le puso a la PDI para periciar su celular el 2 de agosto.
Después de eso, Llanos y Bustamante dejaron la casa en dirección a Limache, donde posteriormente serían interceptados.
El cuerpo de Ámbar fue encontrado este jueves 6 de agosto, nueve días después de su desaparición, tras un testimonio preliminar de Denise Llanos a la PDI: su pareja habría matado a su hija esa mañana del 29 de julio.
Las autoridades comenzaron inmediatamente a apuntarse entre sí: en el Congreso se anunció una acusación constitucional contra la ministra Silvana Donoso por haber presidido la Comisión de Libertad Condicional, el Poder Judicial justificó sus criterios técnicos y el gobierno aseguró que el beneficio recibido por Bustamante sería imposible el día de hoy, ya que la última reforma legal de 2019 impide que los presos con penas superiores a los 20 años puedan acceder a la libertad condicional.
Como toda la institucionalidad del país, el Programa Gabriela Mistral también percibió el peligro demasiado tarde. Al final del mismo informe del 31 de julio, le pidieron al Juzgado de Familia de Villa Alemana que decretara dos medidas de prohibición de acercamiento hacia Ámbar Cornejo: una de 90 días para Manuel García y otra permanente para Hugo Bustamante.