Activismo parlamentario
Un grupo de diputados de derecha anunció que acusarán constitucionalmente a la ministra de Corte de Apelaciones que presidió la comisión que concedió la libertad al presunto autor del horroroso crimen de Ámbar. Otro grupo de parlamentarios, en este caso senadores y de izquierda, impidió con su voto que otro ministro de Corte de Apelaciones, de reconocido talento y corrección profesional, accediera a la Corte Suprema.
Los legisladores actúan motivados por el sentido de una resolución adoptada por cada uno de estos jueces en el ejercicio de su magisterio. En el primero, los diputados critican que la jueza haya dejado en libertad a un criminal; en el segundo, los senadores reprochan al ministro no haber defendido los derechos humanos.
Como ciudadano y columnista haré lo que hago siempre, ocupar este espacio para intentar defender las bases de un orden social libre, aquel que nos protege del riesgo de padecer el uso arbitrario del poder por parte de quienes lo ejercen. La más básica garantía de la libertad es eso que llamamos el “gobierno de la ley”; vale decir, el derecho a ser regidos por un conjunto objetivo de reglas dictadas de manera impersonal, con carácter general y abstracto.
El gobierno de la ley supone una separación radical entre quienes hacen las normas, inspiradas en criterios que ordenan las relaciones sociales de manera justa y quienes las aplican a casos particulares. Por eso, he criticado muchas veces a los jueces que resuelven las situaciones sometidas a su conocimiento suplantando la ley por sus personales concepciones de “lo justo”, pues ello conduce al gobierno de los jueces, dejando de importar la norma que nos da seguridad jurídica, prevaleciendo por sobre ella el criterio impredecible, azaroso o incluso ideologizado del juez. A eso lo llamamos activismo judicial.
Pero la misma amenaza se produce si los legisladores se arrogan el derecho a fiscalizar la manera en que los jueces aplican las normas a los casos particulares, pues en ese caso los ciudadanos perdemos la garantía esencial de ser juzgados por magistrados independientes, ya que estos deberán elegir entre su carrera y su libertad de conciencia. Ahí no pierde solo el juez, sino principalmente cada persona que busca el amparo de la ley en un tribunal. A esto lo llamaré activismo parlamentario.
Precisamente porque los parlamentarios hacen las leyes es que no deben involucrarse nunca en su aplicación a casos concretos. Todo indica que el presunto asesino de Ámbar no debió estar en libertad: si hay una falla sistémica, bienvenido el perfeccionamiento normativo que pueden hacer los legisladores.
La libertad individual y el estado democrático de derecho son incompatibles con los justicieros, sean de izquierda o derecha, sean legisladores o jueces.