POPULISMO PENAL
SEÑOR DIRECTOR
Los casos de Antonia Barra y de Ámbar han motivado manifestaciones ciudadanas de justificada indignación. Se trata de casos dolorosos y que dan cuenta de aspectos del sistema penal que deben perfeccionarse. Sin embargo, algunas de esas voces claman, de manera más bien apresurada, por soluciones facilistas e ineficaces, entre otras, el incremento de penas.
Urgen soluciones, pero aquellas no parecen ser las adecuadas. Aún desde la perspectiva de quienes solemos representar a víctimas de esta clase de delitos, aparece la necesidad de dar una respuesta más racional, orgánica y orientada a resultados reales, en lugar de acudir a soluciones efectistas para tranquilizar el clamor popular. Respecto a los delitos sexuales, el aumento de las penas no solo no ofrece solución alguna a los problemas -graves- de que adolece el sistema de enjuiciamiento de los mismos, sino que puede incluso contrariar su objetivo y redundar en un aumento de la tasa de absoluciones. Deben, antes bien, incorporarse a la discusión legislativa y a la formación de la judicatura la perspectiva de género y conocimientos técnicos sobre la fenomenología de los mismos.
Por su parte, la brutalidad insoportable del caso de Ámbar hizo evidente que el sistema falló, pues el presunto autor probablemente nunca debió gozar de libertad condicional. No obstante, la reacción parece centrarse en incrementar las penas o en funar a los magistrados que la otorgaron, sin atender a la urgente necesidad de mejorar el sistema de ejecución penal. La indignación y la rabia son justificadas, su manifestación es necesaria pero debe orientarse de manera responsable hacia lo que se espera del sistema de enjuiciamiento penal: una atribución efectiva de responsabilidad, una imposición de penas ajustada a la gravedad de los hechos y a la reparación de las víctimas, y un cumplimiento de dichas penas que resguarde la seguridad e integridad de todas y todos.
María Elena Santibáñez Torres
Profesora de Derecho Penal, Procesal Penal y Clínica Jurídica PUC