Chile: tensiones entre la fiscalía y el gobierno
La Corte Suprema debe decidir si se accederá a los email del exministro de Salud, Jaime Mañalich.
En Chile, la causa penal de las muertes por Covid-19 se inició a comienzos de julio, a raíz de querellas presentadas por varios actores políticos. Esto dio origen a que el Ministerio Público realizara una serie de diligencias que comenzaron a incomodar al gobierno. A tal punto llegó la tensión, que hoy existe una contienda para acceder a los correos electrónicos del exministro de Salud, Jaime Mañalich, y será la Corte Suprema la que deberá zanjar el asunto.
El caso se abrió luego de que el 3 de julio pasado, el senador Alejandro Navarro se querelló en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del Presidente Sebastián Piñera, y el exministro de Salud, Jaime Mañalich, entre otras autoridades. Luego ingresó al mismo tribunal una segunda querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra de Piñera, Mañalich, Zúñiga y Orlando Durán, exjefe de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
El fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, quien investiga el caso desde
un inicio, agrupó ambas querellas y desde entonces se tramitan en forma conjunta.
Sin embargo, el 9 de septiembre el fiscal nacional Jorge Abbott decidió poner al mando de la causa al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz. Esto, luego de que los abogados Samuel Donoso (en representación del Presidente Piñera) y Gabriel Zaliasnik (defensor de Mañalich) pidieran remover a Carrasco por “haber perdido objetividad”, en el marco de otra causa que se abrió tras una querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Abbott decidió que Carrasco no faltó al principio de objetividad y lo mantuvo en la causa.
Un día antes de la decisión de Abbott, el 8 de septiembre, Carrasco incautó los correos electrónicos de Mañalich y otras autoridades, pero le negaron la entrega, porque “podía afectar la seguridad nacional”. Ante esto, Armendáriz, ingresó el 16 de septiembre un escrito a la Corte Suprema, asegurando que era necesario para la investigación acceder a este material. “Habrían decidido implementar un sistema sui géneris para la recolección de datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia”, el que “no solo era improvisado (...), además, manejaba información incompleta”, dijo la fiscalía.b