LEY SOBRE SEGURIDAD DEL ESTADO

SEÑOR DIRECTOR

Últimamente, se ha sostenido que la solución a todos nuestros problemas es el Derecho Penal. Así han prosperado una serie de proyectos de ley que crean nuevos delitos o que buscan endurecer las penas previstas para los ya existentes. La discusión en torno a estas propuestas se reduce a una dicotomía blanco/negro. Sin ir más allá, la última semana se propuso, por un lado, un proyecto denominado anti rrepresivo y, por otro -a modo de empate- se propuso una agenda anti impunidad, con tres proyectos de ley ad hoc.

En medio de estas propuestas, surla importante propuesta de derogar la Ley sobre Seguridad del Estado. Este anuncio novedoso (propone derogar una ley penal, no elevar las penas de delitos existentes o crear nuevos delitos) merece nuestra atención. Se trata de una ley oscura en su nacimiento y aplicación, pero que, sobretodo hoy, en un sistema democrático, no puede tener cabida.

A modo de ejemplo, la ley contiene descripciones amplísimas sobre qué puede ser considerado delito (“ofender gravemente el sentimiento patrio”), lo que impide a los ciudadanos saber de manera anticipada si su actuar será objeto de una sanción penal. Además, entrega titularidad absoluta al gobierno para iniciar y terminar cualquier procedimiento penal, a diferencia de los demás delitos que son perseguidos por un organismo independiente, el Ministerio Público. En suma, esta ley es terreno fértil para la arbitrariedad en la coerción estatal.

La derogación de esta ley no implica la impunidad de quienes atenten contra la seguridad del Estado. Los dos primeros títulos del Código Penal regulan delitos en ese sentido. Solo se trata de eliminar una ley que permite arbitrariedades en su aplicación.

Esperemos que la discusión esté a la altura. Elisabeth Matthei Libertad Triviño

Académicas Derecho Penal Usach