NEGATIVA DE MESA DEL SENADO A VOTAR EL TPP-11

Al pretender desconocer la urgencia que el Presidente de la República ha colocado a este proyecto, se abre espacio para un nuevo conflicto institucional.

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La decisión de la mesa del Senado de no poner en tabla para su votación el proyecto de ley que establece la adhesión de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), pese a que el Ejecutivo le había otorgado calificación de discusión inmediata, constituye un serio quebrantamiento de la institucionalidad, pues con ello se han invadido facultades privativas del Presidente de la República.

Tanto la presidenta como el vicepresidente de la Cámara Alta han estimado que actualmente no existen las condiciones políticas para la discusión de este tratado, atendidas las fuertes diferencias de opinión que despiertan algunas de sus disposiciones. Estiman que resulta indispensable que el Ejecutivo aclare primero las dudas que han surgido para luego proceder a su votación. Con ello se buscaría asegurar que logre mayores niveles de consenso. Aunque en algún momento se evaluó postergar la votación para marzo, el gobierno -que manifestó su disconformidad con este proceder del Senado - se allanó a colocar suma urgencia, pero dejando de manifiesto que deberán respetarse las urgencias establecidas por el Ejecutivo.

La Presidencia de la República debe hacer una defensa enérgica de sus potestades, las que están establecidas en la Constitución así como en la propia Ley Orgánica del Congreso Nacional. Conforme con ello, en su facultad de colegislador el Jefe de Estado podrá hacer presente la urgencia en cualquier fase de tramitación de un proyecto, correspondiendo también al Mandatario calificar el tipo de urgencia que se invocará, sea simple, suma o de discusión inmediata. No está contemplado que las respectivas cámaras puedan objetar o modificar aquello, por lo que hay un quebrantamiento de normas expresas.

Se ha empezado a hacer costumbre en el último tiempo -especialmente una vez desatada la pandemia- que los parlamentarios se atribuyan facultades que no poseen, particularmente en lo referido a presentar mociones abiertamente inconstitucionales, tal como ha ocurrido en el ámbito de la seguridad social. Todavía más complejo ha sido que la propia presidencia del Senado haya declarado admisibles algunas de estas iniciativas, también infringiendo norma expresa. Que ahora se pretenda desconocer la potestad del Ejecutivo para establecer las urgencias debilita aún más las bases de la institucionalidad, confirmando que el llamado “parlamentarismo de facto” parece ya un hecho.

Sin perjuicio que la tramitación legislativa del TPP-11 ha resultado compleja -en la Cámara de Diputadas y Diputados fue aprobado por estrecho margen, y varios senadores de oposición han manifestado reparos-, el argumento de que no hay un clima político propicio no parece atendible, toda vez que la regla de la democracia es que los proyectos se aprueban por los votos que se requieran para ello, por lo que su legitimidad no queda condicionada a que se reúna una votación mayor a la establecida. Tal como se ha planteado el asunto, antes que la búsqueda de consensos más amplios, parece quedar la impresión de que por la vía de estas maniobras se podría estar intentando contener conflictos al interior de la propia oposición, lo que desde luego no sería una buena señal para los intereses del país.