NECESIDAD DE REFORMA INTEGRAL AL EMPLEO PÚBLICO
Los cambios que el Ministerio de Hacienda propone para el gobierno central avanzan en la dirección correcta, pero debe asegurar una estrategia que mantenga la integridad del proyecto.
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El Ministerio de Hacienda ha elaborado un anteproyecto para reformar las condiciones en que el gobierno central contrata su personal, esto es, ministerios y servicios públicos (por lo tanto, no considera a los funcionarios municipales, de empresas estatales, ni Fuerzas Armadas y de Orden). Se busca revisar las condiciones en que accede al empleo público y ejerce sus funciones un contingente que en 2020 alcanzaba las 420 mil personas y que se desempeña según modalidades de contratación y criterios de control de desempeño enteramente alejados de lo deseable para una buena gestión.
Baste señalar que cuando el Estatuto Administrativo (1989) sitúa al empleo de “planta” como el principal del sector público, solo 93 mil personas, el 22% del empleo en el gobierno central, correspondía en 2020 a la planta, mientras el resto estaba a “contrata”, a honorarios, o en otras modalidades. En ausencia de una política efectiva y racional de contrataciones y control de gestión en el gobierno central, la realidad del empleo no siempre atiende al interés de la ciudadanía, y es común que predomine el ingreso al empleo público por la decisión de un jefe, no sujeta a criterios objetivos y métodos competitivos de selección, con consecuencias tan graves como que, según los mismos funcionarios públicos, muchos carecen de las capacidades para ejercer las funciones a su cargo y accedieron a sus puestos por apoyo de políticos o familiares.
Siendo evidente el valor de una reforma al empleo público como la que propone Hacienda, el gobierno debe proceder con extremo cuidado para evitar que una idea buena, necesaria y urgente, termine rigidizando situaciones altamente inconvenientes que se quiere corregir. Ocurre que, en línea con las orientaciones elaboradas por centros de estudios del país y por el Consejo para la Modernización del Estado, Hacienda avanza propuestas que deberían resultar atractivas para quienes hoy se desempeñan en el gobierno central. Es el caso de la idea de una mayor movilidad dentro del aparato estatal, y mayores posibilidades de entrenamiento y capacitación, junto a otras que aumentan las exigencias sobre los funcionarios públicos, como es un mayor énfasis en evaluación de desempeño y mecanismos para el control de probidad y conducta.
Otras medidas suponen un cuestionamiento para la presencia en el sector público de algunos funcionarios actuales -como son establecer el mérito y competencia como bases para el ingreso al empleo público, o la distinción entre funcionarios permanentes y “asesores de gobierno” que deben alejarse del Estado al finalizar el gobierno que los incorporó- y otras que, siendo indispensables, van a suscitar rechazo de partes interesadas. Así, por ejemplo, parece muy importante que, si las modalidades de empleo público van a incorporar para todos los casos el contrato indefinido, ello ocurra solo si han quedado establecidas las posibilidades de despido sujeto a indemnización, tal de posibilitar un control de desempeño efectivo.
Junto a las consultas que parezcan pertinentes, entonces, el gobierno debe asegurar una estrategia que mantenga la integridad del proyecto, tal que su efecto sea encaminar la gestión del empleo público en función del interés de la ciudadanía, frente a intereses secundarios.