Derechos fundamentales
¿¿Se engrosará el catálogo de derechos en la nueva Constitución? ¿Habrá más protección para los que actualmente hay en la Carta Magna? ¿Cómo se harán exigibles los derechos sociales? Esas parecen ser tres de las grandes preguntas que debatirán los 155 convencionales cuando se converse sobre derechos fundamentales.
En el análisis de las seis propuestas analizadas hay un consenso: con matices en cada una, en todas se habla de mantener y sumar más derechos y no de rebajar los que ya existen. Pero, evidentemente, las diferencias se encuentran en qué derechos sumar y cómo será su exigibilidad.
Para la UDI, por ejemplo, es importante que se mantenga el derecho a la vida; el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos; la libertad de enseñanza y el derecho a crear y organizar colegios, y el derecho de propiedad y a la indemnización en caso de expropiación, entre otros. Sin embargo, al abordar los derechos sociales se postula que “una Constitución no es un programa ideológico, ni una política social detallada: las constituciones no son para eso, ni nacieron para eso”.
La DC, en tanto, concuerda con la UDI en mantener el derecho a la vida del que está por nacer, aunque se agrega: “Respetando la autonomía sexual y reproductiva de la mujer, en la forma que determine la ley”. A continuación se señala: “Estimamos que la autonomía sexual y reproductiva de la mujer no incluye la posibilidad de establecer el aborto libre”.
Si bien son varios los “nuevos derechos” que proponen Convergencia Progresista, RD y Evópoli, esas colectividades coinciden en algunos. Por ejemplo, para estas colectividades es fundamental reconocer el derecho al agua y piden que la nueva Constitución reconozca su calidad de bien nacional de uso público.
En tanto, en Independientes No Neutrales se aboga por mantener y proteger los derechos sociales que actualmente tiene la Constitución y crear otros, como, por ejemplo, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los jóvenes, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Mientras que en RD se hace hincapié en que se debe reconocer la educación como un derecho “y no como mercancía” y que “el Estado debe garantizar el acceso y provisión de una educación pública, gratuita, de calidad, no sexista e intercultural, en todos los niveles”.
Asimismo, RD y Convergencia Progresista coinciden en algo: reformar el derecho de propiedad. Mientras que en los partidos de la ex Concertación proponen “poner énfasis en la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común”, en el partido del Frente Amplio se habla de “reformular el concepto de la propiedad” y que el ejercicio y protección de este derecho debe tener “límites para el debido cuidado del medioambiente y protección de otros derechos sociales”.