Pensiones
Una de las mayores demandas ciudadanas es un mejoramiento significativo de las pensiones. Así quedó de manifiesto durante el estallido social de octubre de 2019. El tema, opacado por los efectos de la pandemia del Covid-19, ha vuelto a surgir con fuerza estos días. Aún no hay acuerdo entre el gobierno y la oposición en torno a las características básicas que debiera tener el nuevo sistema. A pesar de la abundante información empírica al respecto, la diferencia más importante entre ambas partes se encuentra en el rol de la capitalización y del reparto en el financiamiento de las pensiones. Pero también las hay en relación a la regulación de las AFP.
Es conveniente para el país que el oficialismo y la oposición hagan todo lo posible para evitar una nueva postergación de la reforma al sistema de pensiones. Es un hecho que -dado el nivel y distribución de las pensiones en Chile y sin entrar a discutir sus causas y buscar responsables- una alta proporción de los adultos mayores dependen en lo económico de sus familiares. Pero que nadie se equivoque, esa dependencia -si bien aceptada como normalera aún mucho mayor medio siglo atrás, cuando el país tenía un sistema de pensiones de reparto. Desde entonces Chile ha cambiado culturalmente y en la actualidad -qué duda cabe- hay una fuerte demanda por el autofinanciamiento de los adultos mayores.
Una solución al problema de las bajas pensiones puede contribuir en forma muy significativa a la paz social y a aliviar la situación de los hogares afectados por las consecuencias económicas del problema sanitario, al mismo tiempo que a disminuir las presiones -socialmente irresponsables- a favor de un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones.
Sin embargo, entre otras cosas, no se puede soslayar el hecho que el sistema de pensiones tiene consecuencias importantes sobre el mercado laboral y viceversa. La capitalización individual -que es un esquema de ahorro forzoso- tiene un efecto negativo significativamente menor que el sistema de reparto sobre la cantidad de trabajo ofrecida en el mercado laboral formal. Imposiciones que tienen por objeto financiar un sistema de reparto constituyen un impuesto al trabajo e incentivan la evasión y la informalidad, dos lacras que sufrimos a pesar de tener un régimen de pensiones relativamente benigno en sus efectos sobre la informalidad.
Tomando en cuenta las consecuencias del sistema de pensiones sobre el mercado laboral y el aporte de recursos estatales adicionales para financiar el pilar solidario, urge que el oficialismo y la oposición -en vez de chutear el asunto para adelante, como se ha hecho en los últimos lustros- acuerden una reforma al sistema de pensiones que, competentemente diseñada, satisfaga razonablemente las demandas ciudadanas al respecto.