Carabineros vs. Contraloría: por qué la apelación ante la sanción a dos generales del alto mando inquieta a Yáñez y al gobierno

Abogados del alto mando ya redactan un recurso de reposición ante el organismo para tratar de revertir la propuesta de suspender a su subdirector y al jefe de Operaciones por responsabilidades administrativas durante el estallido social. El gobierno -donde dicen que no se han impuesto de los detalles de la sanción- no está por empujar al general Yáñez que acate el castigo.

Carabineros no va a acatar de entrada sin más la sanción propuesta por la Contraloría -luego de un sumario que se arrastra desde fines de 2019- de que suspenda a dos generales del alto mando, el subdirector Mauricio Rodríguez (dos meses) y el jefe de Operaciones Policiales Enrique Bassaletti (un mes), por las responsabilidades administrativas derivadas del control del orden público durante el estallido social.

La mañana de ayer los abogados de la plana mayor de la institución ya estaban redactando un recurso de reposición ante el organismo que lidera Jorge Bermúdez, que en la práctica implica pedirle a éste que revierta la medida en la que también incluyó al exjefe de Fuerzas Especiales Jorge Ávila. Y también ganar tiempo, apuntan juristas.

De concretarse este paso, observan los entendidos en este caso y también en el gobierno, el general director, Ricardo Yáñez, podría entrar en un nuevo conflicto con la Contraloría. El asunto es analizado muy de cerca por el Ministerio del Interior -esta mañana hubo reuniones allá-, desde donde dicen estar en permanente contacto con el oficial. El punto acá es que, según versiones de Palacio recogidas esta mañana, la cartera que dirige el ministro Rodrigo Delgado, secundado por el subsecretario Juan Francisco Galli, no está por empujar ni instar al general a que acate y aplique el castigo a su números dos y a su número tres.

Una voz autorizada en La Moneda comentó a La Tercera PM que si bien aún no conocen en detalle el dictamen -que el mismo Bermúdez visó-, el gobierno no le puede imponer a Yáñez simplemente obedecer lo resuelto por la CGR; si Carabineros estima que hay argumentos en contra del castigo, deberían buscar que se les rebaje o se les absuelva.

Hecha la pregunta en Palacio de si Yáñez debe consultar o pedir un visado a Interior antes de ejecutar el siguiente paso ante la CGR, estas mismas versiones evitaron despejar dicho punto. Sí aclararon estar en “permanentes conversaciones” con el jefe policial, quien se enteró del dictamen del miércoles, justo cuando estaba con los los 41 generales en el consultivo, la cita semestral de todo el alto mando. En la institución dicen que Yáñez sí consulta qué hacer con sus superiores civiles.

En las filas comentan que para Yáñez el desenlace del sumario fue un jaque mate. Si obedece la propuesta de Contraloría, no saben cómo puede reaccionar “la tropa”. Además, hacen ver que al general director (asumido recién en noviembre tras la caída de Mario Rozas) le valoran que respalde lo que hace su gente.

Yáñez, dicen allá, tenía las siguientes opciones: acatar, rechazar, sugerir una rebaja de sanción o bien inhabilitarse.

La sola posibilidad de esta última abrió un cruce de visiones. Mientras Carabineros piensa que si Yáñez se inhabilita eso deja la pelota en manos del ministro Rodrigo Delgado, ya que -según esta óptica- él tendría que resolver firmando un decreto supremo, en el gobierno dicen que no es así: que en tal caso el general director debería delegar el asunto a sus subalternos directos, cosa imposible, porque sus dos inmediatos son a quienes se propone sancionar. Además, no está claro qué causales podría invocar para inhabilitarse.

Delgado, según La Moneda y entendidos en esta materia, solo tendría que firmar un decreto supremo en el caso de que se acate el castigo. En el gobierno agregan que eso tendría que hacerlo él o el Presidente. Este último sí o sí tendría que firmar en un caso que no se está dando acá: que se destituyera a los generales.

Sin perjuicio de firmas de más o de menos, en el Ejecutivo no desconocen que es posible que esto derive en un problema político si el conflicto se alarga y comienzan a rebotar en las autoridades de gobierno las inevitables preguntas de qué postura tiene éste si es que la policía uniformada evita acatar la sanción sin dilaciones. En el Barrio Cívico hay conocedores del procedimiento administrativo que creen que la Contraloría se inclinará por rechazar el recurso de reposición de Carabineros, lo que de nuevo dejaría en manos de Yáñez la decisión de aplicar o no la sanción a sus generales inmediatos.

La CGR tiene 30 días de plazo para contestar el recurso, pero es probable que lo resuelva rápido. En paralelo, sigue corriendo el plazo de 15 días hábiles para que Yáñez notifique qué resuelve. La CGR no es un tribunal, sino que propone sanciones, pero puede pasar lo siguiente, explican expertos y en el gobierno.

Si Yáñez opta por rechazar la sanción propuesta o rebajarla, tiene que hacerlo vía decreto, que no va a ir a parar a otra parte que a la misma Contraloría; ésta puede tomar razón o puede no tomar razón, que implica desestimar la decisión de Yáñez y declararla ilegal. Si se traba ese nuevo conflicto, observan en el gobierno, se abren más caminos: Carabineros podría recurrir a la justicia o incluso al Tribunal Constitucional.

En La Moneda hacen ver que pese a estas posibles complicaciones -que de darse harían recrudecer más la controversia por la “modernización” o “refundación” de Carabineros, palabra que el gobierno tiene prácticamente vetada hasta ahora-, en el Ejecutivo preocupa que a quienes se pide sancionar sean, dicen, oficiales que se hicieron cargo de los momentos más críticos del estallido social. Que les tocó muy difícil, aunque se hayan cometido “faltas” y “errores”. Que parte del dictamen parece equilibrado (hubo otros oficiales absueltos), pero que suspender a Rodríguez y Bassaletti puede que no corresponda.

Los cercanos a ambos generales comentan que entenderían la decisión de Yáñez, porque comprenden que acá los “responsables” fueron en Contraloría, pues, aseguran, no se tomaron en cuenta sus descargos y “manchan” una hoja de vida que, advierten, era intachable.

A los generales Bassaletti y Rodríguez se les acusa de haber dispuesto el uso de elementos de control público, como carros lanzaguas y lanzagases, en lugares donde había centros de atención médica, como el Hospital Félix Bulnes y la Clínica Santa María. Esto, además de, según Contraloría, no haber modificado los protocolos de uso de la fuerza con escopetas antidisturbios durante el estallido social.

Entonces, Bassaletti era el jefe de la Zona Metropolitana Este. A fines del 2019 Rodríguez era el jefe de la Zona Metropolitana.b