Protestas y un municipio de manos atadas:
Los riesgos y conflictos que rodean la toma del cerro Renca
En febrero llegaron los primeros y ya son más de mil familias, chilenas y extranjeras, instaladas en precarias viviendas y carpas. Vecinos protestan y denuncian situaciones delictivas y reventa de lotes, mientras los llegados piden apoyo y servicios básicos. El municipio dice no tener potestad para el desalojo y el Serviu advierte riesgo de aluviones en el terreno, destinado por el MOP para la construcción del Túnel Lo Ruiz.
Impulsados por llamados en redes sociales, el aviso de familiares o el dato de algún conocido, son decenas de familias que a diario están llegando a la falda del cerro Renca en busca de un techo. Son principalmente chilenos, y también haitianos, peruanos, venezolanos y colombianos, quienes se albergan en el inhóspito terreno.
Comenzaron tímidamente el viernes 19 de febrero, pero con el paso de los días el asentamiento se ha multiplicado. Desde la Av. General Velásquez se avistan varios cientos de carpas y precarias construcciones que, agrupadas en lotes, colorean y tiñen de marrón el paño, donde sobresalen algunos vehículos, materiales de construcción e incluso retroexcavadoras. De lejos parece la zona de camping de un parque nacional, pero de cerca, una olla a presión a punto de estallar.
Esta mañana, los vecinos que rodean el sitio realizaron protestas por la carretera y se alzaron con barricadas para acusar una inacción de las autoridades frente al irregular campamento. Denuncian que al interior están ocurriendo peleas, balaceras y amenazas, además de grupos organizados que estarían loteando los terrenos.
“Como solo tengo una hija, 10 veces me han rechazado en la postulación a vivienda o subsidio. Nos vinimos aquí porque de verdad no tengo dónde estar. Sin trabajo, con los arriendos tan caros, es imposible vivir en otro lugar”, cuenta Alejandra Araya (40), la presidenta del Comité Renca Esperanza. Su arribo a la toma fue coordinado en Facebook, donde publicó un comentario en un grupo comunitario que terminó con muchos como ella levantando carpas en el emblemático cerro capitalino.
Es pasado el mediodía y Alejandra junto a otras mujeres prepara una olla común. De aquí esperan dar almuerzo a varias familias del comité que se unieron para comer. Como en muchas de estas tomas, no tienen agua potable (el lugar más cercano para obtenerla está a más de un kilómetro de distancia) y ningún servicio básico.
Las personas se han agrupados de distintas formas. Aunque las nacionalidades son varias, el país de procedencia no es un factor determinante; sí lo es la forma de colaborar entre sí. Por ejemplo, en la improvisada cocina de Cinthya del Águila (31), ciudadana peruana, además de su familia comparten otros compatriotas y dos colombianos. Llegó el domingo junto a su pequeña hija, arrastrada por el
hacinamiento y la falta de dinero para pagar un arriendo.
“Arrendaba una pieza en la calle Maule, en Santiago, donde vivía junto a mi hija, sobrinos y familiares. Éramos 11 en total. Me enteré de esta toma y decidí venir”, cuenta. Ella recibió un espacio cedido por otra peruana, aunque en muchos casos -denuncian los vecinosse está dando un mercado de lotes ilegal.
“En las mañanas es cuando ocurren todas las peleas. Llegan algunos con machetes y pistolas a sacar a las personas de sus lugares, porque vendieron el terreno a otras personas. Es difícil estar aquí, porque realmente hay personas dispuestas a todo con tal de quedarse”, cuenta otro de los ocupantes que prefiere reservar su identidad.
Según su relato, “muchos dirigentes organizaron a la gente para tomarse el terreno. Pero luego venden los lotes y se van. Después llegan otros a sacarte de forma violenta. Ha habido peleas muy fuertes y también balaceras. Siento que si nadie viene a ayudarnos a ordenarnos aquí, en cualquier momento van a pasar cosas peores”, recalca. El precio de un lote, asegura, puede ir desde $ 100 mil a $ 450 mil.
La ocupación está siendo observada por el
municipio de Renca, aunque dicen estar con las manos atadas. Según cuentan, intentaron realizar un catastro para identificar las principales necesidades de estos nuevos vecinos, pero estos se negaron. Además, como el terreno pertenece al Ministerio de Obras Públicas (MOP), afirman que no pueden ordenar desalojos. “Se han estado entregando los antecedentes a todas las instituciones correspondientes: Carabineros de Chile, fiscalía, intendencia, Seremi de Salud, Serviu, MOP, entre otros”, aseguraron a través de un comunicado.
Desde el MOP, en tanto, explican que “estos terrenos, que no son aptos para los asentamientos humanos, están destinados para la construcción del Túnel Lo Ruiz. Adicionalmente, conforme a un informe de Serviu, estos estarían incluso con riesgo de aluvión por la ladera oriente del cerro Renca”.
Pese al riesgo, nadie piensa en moverse. “Soy peruano y quiero que los chilenos sepan que no queremos robarles nada, simplemente queremos vivir dignamente. Estaremos aquí hasta que nos desalojen, pero esperamos encontrar una solución. La mayoría somos gente trabajadora, que por el coronavirus quedó sin trabajo”, dice César Benavides (46), que llegó hace más de cinco años a Chile proveniente de Trujillo.
Según el último Catastro Nacional de Campamentos
realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y que consideró cifras de 2019, en Chile existían 802 campamentos. Sin embargo, desde octubre de ese año la cifra se disparó. El estallido social y la crisis económica desatada por la pandemia, con cuarentenas y hacinamiento incluidos, obligaron a que muchos nuevos jefes de hogar decidieran tomarse un terreno para paliar la crisis habitacional.
El Minvu estima que en Chile existen 254 tomas de terreno consolidadas, 104 (40,9%) más que en 2019, que albergan a 11.765 nuevas familias. De esas, 76 comenzaron en marzo del año pasado y donde más han aparecido son en las regiones de Biobío, Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía.
Sin embargo, un estudio de Atisba, llamado El Retorno Masivo de los Campamentos, advierte que “las familias viviendo en campamentos crecieron de 4.337 a 16.292 entre 2017 y 2020, lo que implica un aumento del 275%”. “Esto es un síntoma más del gran problema que está aquejando a todo Chile, que es la falta de acceso a la vivienda digna, y demuestra que es urgente ser capaces de buscar una solución habitacional definitiva para esas familias”, señalan desde Techo.
Los grandes campamentos, que parecían erradicados, están de vuelta. ●