EDUCACIÓN PREESCOLAR: UNA ALTERNATIVA

SEÑOR DIRECTOR

El Senado de este histórico Congreso 2018-22 ahora ha rechazado el Proyecto de Ley para ampliar la cantidad de niñas y niños menores de 5 años que pueden acceder gratuitamente a educación o cuidado especializado; es decir, sin costo para los padres, sino pagado por los contribuyentes a través del Estado. Esto ocurre después de existir un consenso técnico y político amplio sobre la conveniencia de esta medida, sobre todo para reducir desigualdades de ingresos generadas por diferencias en niveles educacionales posteriores como adultos. Este consenso se logró y expresaba los ocho años de tramitación a lo largo de los períodos de dos gobiernos de signo opuesto.

Entre los argumentos confusos y contradictorios de los honorables para rechazar el proyecto (entre los cuales destacaron Provoste y Montes), estuvo el de que implicaba una “excesiva escolarización”. Al margen de que probablemente esa era una materia susceptible de corregir con buena voluntad, propongo una alternativa que cumpliría con ese requisito. Se trata de usar en Chile el sistema ampliamente usado en Europa y otros países desarrollados (especialmente Francia y Canadá), que es el cuidado compartido de hijos en sus casas por personas certificadas por el Estado. Se realiza en grupos pequeños, que pueden ser de 4 a 6 niños que son vecinos o viven tan cerca como para trasladarse a pie. Esta modalidad puede ser una valiosa fuente de empleo para mamás criando, o abuelas que han sido profesoras y que ahora están jubiladas. Obtendrían así un ingreso extra por sobre sus bajas pensiones y aprovecharían espacio disponible en sus casas después de la partida de los hijos. Esto ya se ofrece en Chile, pero para familias de altos ingresos (playgroup o homeschooling). Espero que algún candidato presidencial lo promueva.

Ernesto Tironi B.

Fundación Educacional Master7

Hoy, el 97% de los niños ya asiste a ese curso y solo el 3% no está incorporado. Hay que aclarar que nadie está en contra de que todos asistan y aprendan, como se ha tratado de instalar en los medios, pues existe consenso absoluto sobre que es necesario equiparar cobertura y calidad.

Durante su tramitación se constató que la obligatoriedad es una respuesta insuficiente para garantizar la inclusión de ese porcentaje ausente que todos queremos integrar. Lo que hace es obligar sin asegurar condiciones para el acceso y permanencia, ni mejoras significativas en los estándares de calidad para los cursos actuales. Se argumenta que la obligatoriedad disminuiría el ausentismo crónico, pero ¿cómo podría incrementarse la asistencia sin cambios evidentes que modifiquen ese comportamiento? Por ejemplo, se mantiene ratio de 45 niños por aula (uno de los más altos del mundo), no hay avances para cambiar el sistema de financiamiento, no se altera el hecho de que solo algunos tengan derecho a alimentación en un mismo curso y no hay medidas para evitar la sobre-escolarización. Estos son parte de los temas de fondo.

Entonces, ¿cuál sería el real aporte de la obligatoriedad en un nivel que, en la práctica, ya es asumido por la gran mayoría de las familias? Escaso, en realidad, al no asegurar condiciones efectivas para aquellos niños que no asisten, ni mejorarlas para la mayoría que asiste. Por ello, los países desarrollados han sido extremadamente cautelosos en adoptar esta medida.

En síntesis, el proyecto a pesar de los avances solo cumpliría con un mandato constitucional, sin constituir una apuesta ambiciosa que incluya políticas más robustas para reactivar la agenda en la primera infancia.

M. Isabel Díaz

Educadora

Ex subsecretaria de Educación Parvularia