LEGITIMIDAD Y COERCIÓN

SEÑOR DIRECTOR

Vivimos una crisis de legitimidad profunda, enraizada en una corrupción política de carácter sistémico, que hoy se manifiesta en la marginalización de la mayoría de la política electoral. Mientras solo la mitad de la ciudadanía votó en el plebiscito que iniciaría formalmente el proceso constituyente, solo un 43% eligió a quienes redactarán la nueva Constitución. El proceso, visto desde un punto de vista procedimental, tiene una legitimidad precaria que afectará la legitimidad de la nueva Constitución, independiente de su contenido.

Hay quienes quieren tapar esta crisis haciendo del voto un deber legal. Pero la legitimidad no se obtiene con coerción.

Se dice que el voto voluntario tiene sesgo de clase, ya que quienes tienen menos tienden a no votar. Si el anhelo de la inclusión de los sectores populares es genuino, entonces hay que pensar en ir más allá del voto hacia otras formas de participación con incentivos materiales adecuados. En Atenas, la cuna de la democracia, solo cuando se instauró el pago por asistencia a la asamblea pudieron las clases trabajadoras dedicar el tiempo necesario para ejercer sus derechos políticos.

La participación política del pueblo plebeyo — quienes gozan de facto de una ciudadanía de segunda clase— demanda no solo una remuneración básica, sino que también recursos para cuidado de dependientes, para que las mujeres (jefas de hogar del 78% de las familias de escasos recursos) puedan participar en igualdad de condiciones en cabildos deliberativos y así ejercer el derecho político a informarse y a decidir responsablemente sobre las reglas básicas de la vida en común.

Camila Vergara

Dra. en Teoría Política

Investigadora Columbia Law School