Acusación inconstitucional
El constitucionalismo es la forma que la civilización occidental desarrolló para limitar el poder, terminando el arbitrio del soberano, para supeditarlo a un sistema de reglas, por tanto, predecible y, lo más importante, subordinado a los derechos individuales. La democracia constitucional somete las potestades públicas a un doble control: el ciudadano, que se ejerce a través de las elecciones periódicas, y el institucional, que surge del estado de derecho.
El llamado sistema de “pesos y contrapesos”, que la democracia norteamericana ha llevado a su máxima expresión, apunta en esta dirección: nadie puede tener tanto poder que se convierta en una amenaza a la libertad de las personas.
Lamentablemente, esta lógica tiene más arraigo en las democracias anglosajonas que en las latinas y, especialmente, que en las desciendentes de la colonización española en América Latina. Acá somos poco afectos a ver al Estado como una organización subordinada a las personas y al respeto de las reglas como un valor en sí mismo, que es garantía de la libertad.
Esto es lo que estamos viviendo en Chile, de manera crítica, desde el 18 de octubre. Partimos por tener una actitud ambigua respecto de la violencia, la televisión idealizó el vandalismo callejero, dándole una connotación de rebelión justiciera; se criminalizó el control del orden público y el sistema político progresivamente dio por derogada de facto nuestra Constitución. El efecto del plebiscito, con un 78 por ciento a favor de una nueva Carta Fundamental y luego el resultado de la elección de convencionales, asentó la idea de que estamos construyendo un nuevo país, que el viejo orden es ilegítimo y que caminamos hacia una nueva forma de justicia de clases.
Así, la centro derecha, vista como expresión política de los intereses de los grupos acomodados y soporte intelectual de los últimos treinta años, debe ser desterrada de toda forma de poder, perseguirla es un imperativo de “justicia” y para hacerlo no hay que detenerse en detalles como el respeto a ciertas reglas. Pasar por encima de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia legal se justifica, cambiar las reglas del proceso constituyente convirtiendo en letra muerta el quórum de 2/3 es un derecho de la Convención, pasar por encima del principio jurídico de la cosa juzgada es un detalle si se trata del Presidente Piñera.
Los diputados tienen derecho a acusar al Presidente, pero a un mes y medio de la elección de un nuevo gobernante, sin nuevos antecedentes, estamos frente a un uso abusivo de la institución, que busca cancelar la opción de la derecha de ser gobierno por dos o tres generaciones. Esta no es una manera de controlar el poder, sino de usar fraudulentamente una institución para avanzar en la concentración del mismo por un solo sector. Los senadores de centro derecha debieran verlo con claridad.