Prontuario
Banco de Talca.
En 1982, el juez Luis Correa Bulo lo encargó reo, como presunto autor de infracciones a la Ley de Bancos y fraude en su gestión como gerente del Banco de Talca. Según las querellas presentadas por el liquidador tras la intervención del banco, éste tenía créditos a empresas relacionadas por cinco veces su capital, 20 veces el tope legal. Varias de ellas eran sociedades ficticias. También habría exportaciones fingidas de empresas de papel a compañías panameñas, también de fantasía.
El futuro presidente de Chile estuvo prófugo 24 días, hasta que la Corte Suprema acogió un recurso de amparo. Su esposa dijo a los detectives que lo buscaban que “mi esposo abandonó este domicilio sin rumbo conocido (…) ni siquiera se despidió de mí”.
Décadas después, la entonces ministra de Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga, declararía: “Pedí la libertad de Tatán cuando estaba preso. Yo llamé al juez que tenía la causa”.
Los exdueños del banco, Alberto Danioni y Miguel Calaf, testificaron que la formación de las sociedades de papel fue idea de su exgerente. Él aseguró ante el juez “no haber estado en conocimiento” de los hechos.
El gerente no fue condenado por la quiebra del Banco de Talca.
Empresas zombis. Entre 1992 y 2004 usó las “empresas zombis” para evitar el pago de impuestos. Compraban empresas quebradas y las “revivían” ficticiamente para hacer desaparecer utilidades y eludir impuestos.
Sólo entre 2002 y 2004, una de ellas, Inversiones Bancard, declaró pérdidas por $ 980 millones, cuando realmente había tenido utilidades por $ 547 millones. El SII calculó que en los tres años anteriores, Inversiones Bancard había hecho desaparecer $ 39.000 millones en utilidades, eludiendo así $ 2.800 millones en impuestos.
El SII sólo pidió rectificar las declaraciones zombis de los últimos tres años, juzgó prescritas las anteriores y no presentó querellas, por lo que la justicia no investigó el caso. El futuro presidente declaró que había comprado las empresas de papel porque “tenían 100 años de historia”.
El empresario no fue condenado por las empresas zombis.
Chispas. En 1997, siendo senador y accionista minoritario de Enersis, denunció el llamado “negocio del siglo”, en el cual José Yuraszeck y otros dueños que se habían quedado con la empresa estatal tras privatizarla, la vendieron a Endesa España. Los ejecutivos negociaron condiciones favorables para sí mismos, y perjudiciales para el resto de los accionistas, entre ellos el futuro presidente de Chile. Mientras como senador denunciaba públicamente a Endesa España, como accionista negociaba privadamente un acuerdo ventajoso para él. Finalmente, firmó un acuerdo particular con Endesa España para venderles sus acciones. La operación generó su primer quiebre con Andrés Allamand, quien criticó que “no se puede ser protagonista de la política y simultáneamente activista de los negocios”.
“No estoy dispuesto a ser masoquista y perder parte de mi patrimonio, si tengo la oportunidad que se me ofreció”, se justificó el parlamentario-accionista. El senador no fue condenado por el caso Chispas.
Acciones de LAN. El 24 de julio de 2006, como uno de los dueños de LAN, participó en una junta de directorio en que se reveló el balance de la empresa. 29 minutos después de levantarse la sesión, compró $ 9.800 millones en acciones de LAN a través de Inversiones Santa Cecilia. La Superintendencia de Valores y Seguros decidió no perseguirlo por el uso de información privilegiada. Sólo lo multó por infringir el “deber de abstención”, lo que en Chile no era considerado delito.
Esa distinción entre “uso” y “no abstención” marca “la diferencia entre ser presidente de la República o ser considerado un delincuente”, dice el abogado Jaime Winter, autor de “Derecho penal e impunidad empresarial en Chile”.
El futuro presidente de Chile presentó informes que lo exculpaban, firmados por Franco Parisi y otros economistas. Negó haber decidido la venta, la que atribuyó a un sistema computacional que funciona automáticamente. Nunca hubo investigación criminal. El dueño de LAN no fue condenado por la compra de acciones.
Exalmar. Mientras cumplía su primer período presidencial, y en medio del juicio por el límite marítimo entre Perú y Chile en La Haya, su oficina familiar entró a la propiedad de la pesquera peruana Exalmar. Lo hizo a través de una sociedad con domicilio en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
El hecho se conoció recién en 2017. “Ni yo, ni ningún miembro de mi familia participó en la decisión de esa inversión”, declaró el expresidente. Cuando un correo demostró que su hijo Sebastián había sido informado, lo atribuyó a “un error en cuanto a incluirme en el correo”.
El fiscal Manuel Guerra sobreseyó la investigación sin realizar varias diligencias, como revisar los e-mails del expresidente. “Habría sido arbitrario pedir los correos”, señaló. Desechó así la querella por supuesto uso de información privilegiada, negociación incompatible y violación de secreto.
El expresidente no fue condenado por Exalmar.
Dominga. En 2021, los Pandora Papers sacaron a la luz el contrato por el cual la familia del presidente vendió a su íntimo amigo Carlos Alberto “Choclo” Délano su participación en la minera Dominga. Esto ocurrió en 2010, cuando ejercía su primer período, a través de sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. Según el contrato, el último pago dependía de que no se declarara el área como zona protegida, una decisión que dependía del mismo gobierno que el vendedor encabezaba. Como presidente, gestionó personalmente el fin del proyecto Barrancones, que pretendía operar en la misma zona que Dominga.
La Fiscalía abrió una investigación por eventual cohecho, soborno y delito tributario. La Moneda aseguró que el presidente “nunca ha participado ni ha tenido información alguna” sobre este negocio por 152 millones de dólares con su más íntimo amigo.
“Esta y otras injustas acusaciones son muy dolorosas”, declaró.
El presidente de la República no aceptó preguntas.