La abultada mochila judicial que acarrea el expresidente Piñera y cómo enfrentará las causas penales tras dejar La Moneda
El exmandatario, varios de sus exministros y exsubsecretarios, sobre todo los de las carteras de Interior y Salud, dejan el gobierno con un escenario complejo ante la fiscalía. Las exautoridades han sido los principales blancos de cientos de querellas presentadas en su contra, que han sido motivadas principalmente por los hechos ocurridos luego del estallido social y la pandemia del Covid-19. Hasta ahora, todos estos casos están en etapa de investigación y siguen con diligencias pendientes.
Los cuatro años del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera no fueron fáciles. A las complejidades que se viven gobernando en La Moneda, el exmandatario se vio enfrentado a dos hechos históricos que rompieron el devenir de su segunda administración y que marcaron los últimos años de su paso por La Moneda: un estallido social y la pandemia.
La crisis tras el 18 de octubre de 2019 y el Covid-19 remecieron los planes de Piñera, pero, además, lo expusieron a una serie de querellas que fueron presentadas en su contra, y de sus estrechos colaboradores, y que, a su vez, derivaron en la apertura por parte del Ministerio Público de cientos de investigaciones por diversos delitos y circunstancias. Estos son algunos de los principales que seguirán persiguiendo al ahora exjefe de Estado y que deberá afrontar -junto a sus abogados- como un ciudadano común y ya alejado del sillón presidencial. Las causas incluyen, como querellados, a varios de sus exministros. Ninguno, hasta ahora, ha sido formalizado. Todas las indagatorias están en etapa de investigación y con varias diligencias aún pendientes.
Lesa humanidad y el estallido social
La mayor complicación judicial se generó luego del estallido social. Aquí, los principales blancos de las querellas presentadas fueron Piñera, los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, así como también el general (R) director de Carabineros Mario Rozas.
Respecto de todos ellos, hay cientos de causas por delitos comunes en las que están en calidad de querellados o imputados, ya sea como autores, cómplices o encubridores de eventuales delitos asociados principalmente a víctimas del actuar policial durante las labores de control de orden público en el marco de las manifestaciones del 18-O.
Los abogados defensores de estas causas aseguran que en todas esas indagatorias, que son llevadas por la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, es probable que sus representados terminen sobreseídos. Sin embargo hay una indagatoria que complica más. Se trata de la investigación por eventuales delitos de lesa humanidad que lleva adelante el Ministerio Público en contra de Piñera, sus exministros y los altos mandos policiales.
Este caso se originó por más de 20 querellas que apuntaban a un eventual delito de lesa humanidad. Todas esas acciones judiciales fueron agrupadas en una sola causa que se dejó, en un inicio, en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La persecutora fue la encargada de darle forma a la indagatoria y se fue moviendo por distintas aristas para lograr destrabar la principal interrogante de la investigación: saber si las autoridades de gobierno y el Alto Mando de Carabineros cometieron delitos ligados al quebrantamiento de los derechos humanos durante el estallido social.
Perivancich ordenó una serie de diligencias, tomó varias declaraciones y también ofició a numerosas instituciones para reunir información. De hecho, el propio Piñera ya entregó su testimonio en esta causa. “Mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y al mismo tiempo garantizar el respeto a los derechos humanos”, aseguró ante la persecutora.
La última novedad en este caso fue la decisión de Abbott de reasignarla. El fiscal nacional dictó una resolución que agrupa las investigaciones por eventuales delitos de lesa humanidad y ordenó que todo sea indagado por el fiscal regional de la zona Centro Norte, Xavier Armendáriz, y su equipo. El principal motivo, dice el documento, es que la mayor cantidad de causas de violaciones a los derechos humanos ocurrieron en el centro de Santiago, por lo que también permitirá que los fiscales porteños se ocupen de otras causas más importantes que hay en su zona.
Además, en junio está fijada una audiencia para discutir la solicitud de sobreseimiento a favor de Piñera y el exministro Ro
drigo Delgado, quien también está de imputado en esta causa. Antes de que le quitaran la investigación, Perivancich dijo que el Ministerio Público se iba a oponer a esa petición, argumento que aún faltan diligencias por realizar.
El frente que abrió el manejo del Covid-19 La pandemia no estuvo exenta de acciones judiciales en contra de funcionarios de gobierno. Tanto Piñera como los exministros de Salud Jaime Mañalich y Enrique Paris, la exsubsecretaria de Salud Paula Daza y el exsubsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga han recibido querellas en su contra por el manejo de la pandemia del Covid19. Solo el Séptimo Juzgado de Santiago debió revisar más de 10 causas contra las autoridades.
Una de las primeras querellas presentadas fue la del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se querelló por los delitos de cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio. “No han sido solo errores, sino que decisiones conscientes y deliberadas para su interés político personal, tendientes a proteger y mantener el adecuado funcionamiento de la economía del país, en desmedro del cuidado de la salud y vida de sus ciudadanos”, se lee en esa acción judicial.
En octubre de 2020, el Ministerio Público decidió agrupar las causas vinculadas a la pandemia, ya que se trataba de las mismas circunstancias y querellados. A estas acciones también se sumó el senador Alejandro Navarro y la entonces concejala de Santiago Irací Hassler. La causa actualmente se encuentra en tramitación y una de sus últimas diligencias fue la solicitud de informes a diferentes recintos asistenciales respecto del fallecimiento de personas por Covid-19.
De este caso es de donde provino la polémica por la solicitud de acceso a los correos electrónicos. Luego de una larga batalla judicial, el fiscal Marcelo Carrasco logró incautar los correos solicitados, luego de que el Minsal revisara la selección y entregara los que correspondían a la solicitud del Ministerio Público.
A diferencia de esa investigación, también existen causas que no han logrado continuar con su tramitación. Una de estas es la presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, quien acusó al Presidente Piñera y al exministro Paris de “cuasidelito de homicidio y retardo o negación de protección o servicio”. Sin embargo, fue declarada inadmisible y ante la Corte de Apelaciones de Santiago el abogado desistió de su apelación.
Consultado por La Tercera, Rendón asegura que aquello no se debió a un abandono de la causa, sino más bien a una “decisión profesional”. Según él, se trataría de una “táctica para que la persecución pudiese llevarse adelante”. De esta manera el abogado descarta que esta o cualquiera de las variadas querellas que ha presentado contra el
Mandatario sean de carácter instrumental.
Rendón, además, presentó en junio del año pasado una querella contra Paris, Daza y la exseremi de Salud Paula Labra por los delitos de violación de normativa sanitaria y omisión de denuncia a propósito de la llegada de la variante delta a Chile.
Sin embargo, en esta causa todos los querellados fueron sobreseídos de forma definitiva. Esto ocurrió en noviembre del año pasado y la resolución fue del juez Cristián Sánchez. El Ministerio Público no se opuso a la petición.
El caso Pandora Papers
En octubre del año pasado, el fiscal nacional, Jorge Abbott, tomó la decisión de abrir una investigación de oficio contra Piñera por los presuntos delitos de cohecho, soborno y eventuales ilícitos tributarios por la compraventa de la minera Dominga realizada a la familia de Carlos Alberto Délano.
Abbott optó por abrir esta causa luego de que Ciper y LaBot revelaran los antecedentes del capítulo chileno de la masiva filtración internacional denominada Pandora Papers. En ese reportaje se expuso el contrato con el cual se realizó la venta de Dominga. En ese documento había una cláusula en que se establecía que el último pago -de la venta de la familia Piñera a los Délanoestaba condicionado a que el sector en que se emplazaría la mina no se declarara zona de exclusión.
“Los hechos relacionados con la compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago del año 2017. Esos hechos no estarían cubiertos por esa decisión y, por lo tanto, no estarían amparados en el efecto de la cosa juzgada. Lo que corresponde ante esta decisión es investigar los hechos que revistan caracteres de delito”, señaló en aquel entonces la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.
La investigación fue asignada a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Dicha indagatoria está en curso, se han despachado algunas diligencias, pero todavía no ha habido resultados o avances procesales relevantes.
Como este caso indaga eventuales delitos tributarios, Perivancich necesitará de la colaboración del Servicio de Impuestos Internos (SII). En el caso de que logre detectar algún ilícito sobre esta materia, para poder continuar con la persecución penal necesitará que el SII se querelle, de lo contrario no podrá seguir indagando esa arista.
El flanco internacional
Piñera, además, tiene pendiente lo que podría ocurrir con el fiscal de la Corte Penal Internacional, la abogada Karim Khan. En abril de 2021, el exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH) y otras organizaciones enviaron un escrito al organismo pidiendo que el tribunal inicie una investigación contra Piñera y también contra funcionarios de gobierno, militares y policías por eventuales “crímenes de lesa humanidad” cometidos, según el escrito, “de manera generalizada y sistemática” luego del estallido social de octubre de 2019.
Lo último que se supo sobre esto fue en diciembre del año pasado, cuando la Cancillería informó que la Corte Penal Internacional había desestimado la petición y, según el gobierno, decidió “no iniciar un examen preliminar”. Ese mes el Ejecutivo dio a conocer un comunicado en el cual daba a conocer esta decisión: “La oficina del fiscal, después de evaluar todos los antecedentes disponibles, descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”.
Pese a esto, la CHDH insistirá en su solicitud. El organismo ha dicho que la decisión de la Corte Penal Internacional no es definitiva. Por eso, hace una semana enviaron nuevos antecedentes e informes sobre derechos humanos para revertir la medida. Según la CHDH, “estos informes y antecedentes son insumos relevantes e ineludibles respecto de establecer la responsabilidad de las autoridades respecto de la comisión de crímenes de lesa humanidad en Chile”.b