Contraloría pedirá informe a ministra Vallejo tras denuncias de intervencionismo
Luego de que ingresaran requerimientos de parlamentarios de oposición, el ente fiscalizador dio inicio al proceso de recopilación de información por video con que el Ejecutivo busca promocionar el proceso eleccionario del 4 de septiembre. El propósito del oficio que enviará el organismo es conocer el presupuesto fiscal utilizado para después analizar el fondo del contenido y así determinar si hubo o no una conducta prohibida para funcionarios públicos.
“La Constitución de 1822 fue escrita por cinco personas, para la de 1833 fueron designadas siete, en 1925 el Presidente Alessandri nombró a 122 personas para escribirla. La Constitución de 1980, que nos rige hasta hoy, fue escrita por nueve personas designadas por una junta militar. El proyecto de nueva Constitución de 2022 fue escrito por 154 personas, y por primera vez en democracia, más de 15 millones podrán decidir si votan Apruebo o Rechazo”.
De esta manera -y acompañado por dibujoscomienza el video con el que el gobierno, según argumentaron desde el Ejecutivo, busca fomentar la participación en el plebiscito de salida para aprobar o rechazar el texto de una nueva Constitución. Fue el 30 de mayo que se inició la campaña, a través de una cápsula audiovisual que el propio Presidente Gabriel Boric publicó en su cuenta de Twitter. “Hagamos historia” es el eslogan de esta propaganda que hoy está en la mira de la Contraloría, que en los próximos días pedirá información a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien tiene a su cargo la Secretaría de Comunicaciones (Secom), la columna vertebral de la puesta en escena de esta camnuncias paña.
“Hoy damos inicio a la iniciativa de voto informado, en la que junto al @gobiernodechile tomamos la responsabilidad de informar y entregar las herramientas necesarias para ejercer un voto responsable, de cara al plebiscito constituyente. Este 4 de septiembre #HagamosHistoria”, escribió el Jefe de Estado. El video, sin embargo, fue objeto de críticas por parte de la oposición.
El senador Javier Macaya, presidente de la UDI, afirmó que “cuando hay que fiscalizar el uso de los recursos públicos y el intervencionismo electoral vamos a ser implacables y vamos a presentar y ocupar todas las acciones legales que tengamos a nuestra disposición en caso de que el gobierno, como ocurrió en este caso, infrinja sus deberes legales”.
Por lo mismo, tanto Macaya como otros seis parlamentarios decidieron recurrir a Contraloría para denunciar un presunto uso de recursos públicos para favorecer la opción Apruebo en la consulta del 4 de septiembre. De eso ya han pasado dos semanas, por lo que el ente contralor ya está en condiciones de iniciar un seguimiento al proceso.
Siete denuncias
En Contraloría contabilizaron en siete las deparlamentarias y en otras más de cinco acusaciones por parte de personas naturales, por lo que ya cuentan con los antecedentes para comenzar una inspección más acabada de este proceso. Según explicaron conocedores de estos procedimientos, el ente contralor no solo debe quedarse con lo que sale o no en el video.
Por lo mismo, los abogados de la oficina ubicada en Teatinos 56 ya se encuentran preparando un oficio de requerimiento de información dirigido a la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, para que dé cuenta de los recursos utilizados para la campaña, el personal que se utilizó y cómo se llevó a cabo la realización del video. Se le darán 10 días para que evacuen un informe, aunque podrán pedir una prórroga de 10 días más.
Además, comentan quienes conocen este tipo de requerimientos, una vez que se tengan todos los antecedentes que emita la Segegob, será inevitable analizar el fondo del contenido de la campaña. Por lo mismo, se revisará si el mensaje es, o no, acorde al instructivo de Contraloría en cual se señala que no se pueden “emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros, beneficiando tendencias u opciones plebiscitarias y ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, tales como la participación en campañas o reuniones o proclamaciones de carácter político en relación con lo plebiscitado en esta ocasión.
En el gobierno, sin embargo, han defendido la campaña. El mismo día que la oposición anunció que irían a la Contraloría acusando un “intervencionismo”, la ministra Vallejo reconoció que se esperaban este tipo de acciones, señalando que “es sumamente infundada la crítica. Esta es una campaña que corresponde a la primera fase, donde toda la parte creativa estuvo a cargo del propio gobierno”.
En ese sentido, agregó que “este ministerio en particular, que está centrado en contar el proceso histórico, el lugar donde estamos situados en la historia de nuestro país, porque las constituciones son parte de nuestro patrimonio inmaterial. Lo que entregamos es justamente información, porque debemos entregar información”.
De aquí en más será Contraloría quien tenga la interpretación final, la cual debería ser informada en un dictamen durante las primeras semanas de julio.