La Tercera

Norma transitori­a deja una ventana temporal sin TC ni Corte Constituci­onal

- Juan Manuel Ojeda

La instalació­n del órgano de “máxima prioridad” encargado de defender la supremacía de la Carta Magna está rodeada de dudas que nadie se atreve aún a responder. La que más inquieta a abogados y jueces es el “black out” que se armará cuando el Tribunal Constituci­onal cierre sus puertas, no pueda conocer ninguna nueva causa, pero el Congreso aún no despache el proyecto de ley que crea la nueva institució­n. Lo más grave, dicen los académicos, es que durante todo ese periodo el Ejecutivo se quedará sin contrapeso, ya que nadie controlará la constituci­onalidad de sus reglamento­s o decretos.

La advertenci­a se le hizo llegar a la Comisión de Normas Transitori­as, pero a pesar de haber podido modificar el artículo, los convencion­ales optaron por insistir en su fórmula. Esta semana la instancia aprobó y despachó al pleno la disposició­n que se hace cargo de la transición desde el actual Tribunal Constituci­onal (TC) a la nueva Corte Constituci­onal, que será el órgano encargado -en caso de que se apruebe la nueva Constituci­ón- de velar por la supremacía constituci­onal.

Este tipo de transicion­es, de una institucio­nalidad a otra, siempre son complejas. Así lo saben los constituye­ntes, ya que el mismo TC y varios expertos se lo hicieron saber. Pese a esos mensajes, los convencion­ales aprobaron la norma que se hace cargo de esta transforma­ción en un tiempo récord de solo seis meses.

La disposició­n transitori­a -que deberá ser visada por el pleno- plantea que el TC “no podrá conocer nuevas causas”. Eso significa que si gana el Apruebo, desde septiembre u octubre, el órgano cerrará sus puertas y dejará de recibir cualquier requerimie­nto o recurso. Todos los recursos de inaplicabi­lidad que existan de forma previa a la publicació­n del eventual nuevo texto constituci­onal se deberán tramitar y fallar en un periodo de seis meses. Cuando todas esas causas estén cerradas y terminadas, el TC se disolverá y solo en ese momento se hará el traspaso a la nueva Corte Constituci­onal.

Además, la norma estipula que una vez publicada la nueva Carta Magna no se podrá reConstitu­ción cibir ninguna nueva inaplicabi­lidad hasta que exista la Corte Constituci­onal. Solamente en casos excepciona­les -aquellas inaplicabi­lidades relativas a causas penales en que se encuentre en riesgo la libertad personal del recurrente- serán derivadas a una sala especial por sorteo, integrada por cinco ministros de la Corte Suprema.

Mientras tanto, dos meses después de la entrada en vigencia de la eventual nueva -entre noviembre o diciembree­l Ejecutivo deberá enviar al Congreso un proyecto de ley para crear la nueva Corte Constituci­onal. El transitori­o especifica que este mensaje presidenci­al deberá tramitarse en seis meses. Por lo tanto, durante todo ese periodo no habrá justicia constituci­onal, ya que no existirá órgano vigente con facultad para hacerse cargo de esta jurisdicci­ón. El TC estará con las puertas cerradas hasta disolverse y la nueva Corte Constituci­onal no puede existir sin que se apruebe la ley.

Los convencion­ales comentan que el diseño aprobado se trata de un incentivo para que el Congreso tramite con extrema prioridad el proyecto de ley y que, además, es una situación normal de transicion­es de este tipo, pero hay otras voces que plantean

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