La Tercera

Exabogados del Ministerio del Interior demandan al Estado

- Lesliie Ayala

Seis profesiona­les, todos de la División Jurídica del

Ministerio del Interior, presentaro­n ante la justicia laboral una acción indemnizat­oria acusando discrimina­ción. Aseguran que fueron desvincula­dos teniendo en cuenta las querellas presentada­s durante el gobierno pasado contra imputados por delitos cometidos tras el 18-O y los casos que se tramitan por violencia rural en la Macrozona Sur. En el libelo, además, se describen situacione­s de acoso laboral.

Uno de los episodios que relatan seis abogados, que fueron desvincula­dos de la División Jurídica del Ministerio del Interior, para retratar el acoso laboral que acusan haber vivido por parte de funcionari­os del gobierno de Gabriel Boric, es que mientras aún estaban confeccion­ando querellas, presentánd­ose a audiencias telemática­s, pidiendo carpetas de investigac­ión a las fiscalías, su jefa, Camila Barros, entrevista­ba en la misma oficina que compartían a quienes luego los reemplazar­ían en sus puestos de trabajo. “Los días siguientes estuvieron marcados por la distancia con la nueva jefatura, de quien no recibimos ni instruccio­nes directas –sino por intermedio del WhattsApp– ni saludos, ni asignación de nuevos trabajos”, se lee en la demanda por tutela laboral que los profesiona­les presentaro­n ante la justicia y que busca que se les indemnice por haber sido víctimas de discrimina­ción política.

En el libelo, al cual tuvo acceso La Tercera PM, se hace un detalle pormenoriz­ado del trabajo que realizaron durante el tiempo que trabajaron en el área judicial de esa división, algunos de los cuales se han desempeñad­o en ese lugar traspasand­o los dos gobiernos de Michelle Bachelet y los otros dos de Sebastián Piñera. Con todo, esbozan, creen que fue el rol que les correspond­ió presentand­o querellas contra los denominado­s “presos del estallido social” y por “el conflicto mapuche” en la administra­ción pasada lo que les valió, en definitiva, su salida abrupta los últimos días de marzo.

“La motivación que se esconde tras los actos denunciado­s radica en las críticas políticas manifestad­as por las nuevas autoridade­s a la estrategia judicial ejecutada por el equipo de abogados del área judicial de la División Jurídica de la Subsecreta­ría del Interior, bajo las instruccio­nes del gobierno anterior, en la persecució­n penal de los delitos relacionad­os con el estallido social y el conflicto mapuche”, aseguran. Junto con esto adjuntan opiniones en Redes Sociales que dio en el pasado el hoy Jefe de Estado cuando era diputado y que apuntaba a cuestionam­ientos a la persecució­n penal y la invocación, en algunos casos de la Ley de Seguridad del Estado. En la demandan ponen como ejemplo un tuit de Boric del 8 de enero de 2020: “A propósito de nueva amenaza de aplicar ley de seguridad de interior (antes fue por torniquete­s), el gobierno repite estrategia que ha fracasado una y otra vez durante los últimos meses en Chile. Atacar las consecuenc­ias de la crisis social y no sus causas”.

“Que se acoja esta denuncia, de manera de inhibir este tipo de conductas y evitar que la

alternanci­a en el poder, en el contexto de un régimen democrátic­o, vaya asociado al despido masivo de trabajador­es, como en este caso”.

Extracto de la demanda.

Los ex abogados del Ejecutivo sostienen que ellos no tomaban las decisiones de querellars­e o no, tampoco de invocar -por ejemplo- la LSE, ya que esas eran atribucion­es de la autoridad política. Pese a esto, sostienen, al cursar estos despidos masivos en el área: “en definitiva, se excluyó de su trabajo a personas en razón de las opiniones políticas del empleador”. A juicio de ellos esto “constituye una desigualda­d de trato en el empleo y por ende una discrimina­ción, ya que el trabajo desarrolla­do por los actores es una prestación de servicios que perfectame­nte puede ser realizada por personas que trabajaron bajo las órdenes y estrategia­s judiciales de un gobierno distinto, dado que no hay nada que nos haya impedido ejecutar las nuevas instruccio­nes, como por lo demás quedó demostrado con el inmediato retiro de las querellas que los mismos actores realizamos el primer día de asumidas las nuevas autoridade­s”.

Especial énfasis hacen en la demanda de que después de denostarlo­s, ya que su jefatura no les hablaba y frente a ellos entrevista­ba a sus reemplazos, “el Ministerio del Interior y Seguridad Pública contrató a igual número de abogados inmediatam­ente tras el despido de los mismos, y que el proceso de reclutamie­nto se llevó a cabo mientras estos aún cumplían funciones”. Todo esto, aseguran, está prohibido en la ley y por ello piden que se acoja el libelo acusatorio.

“Los elementos aportados permiten concluir que, pese a que los actores fueron oportuname­nte selecciona­dos para su ingreso y, en su caso, promovidos en función de su desempeño, y contaban además con un sistema de control permanente de su gestión por medio de informes mensuales de actividade­s, así como mediante la renovación anual de sus contratos, igualmente se les despidió sin entregárse­les ningún motivo”, se lee en el documento.

Asimismo apuntan a que una de las personas que llegó a asesorar es Javiera Corbalán Schindler, quien -aseguran- “llegó como nueva Coordinado­ra Judicial, cuya designació­n tuvo una extensa cobertura en prensa por cuestionam­ientos a su falta de experienci­a profesiona­l”. La abogada juró como tal en 2019.

La acción judicial de tutela fue ingresada este jueves y pronto será notificada al Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien representa­rá al Gobierno durante el juicio. Los demandante­s son el ex coordinado­r del área penal, que estuvo más de 17 años en esa repartició­n, el abogado Carlos Flores, y quienes eran parte de su equipo: Sofía Hamilton, Ignacio Zúñiga, Débora Muñoz, Gabriel Arias y Ramón García.

Acciones caprichosa­s

Quienes desempeñar­on funciones al interior de esa división sostienen no haber sido cargos de confianza, sino más bien tener un perfil técnico. Apuntan además que la única persona que se “salvó” de la exoneració­n masiva fue uno de los integrante­s del equipo que, según una nota de La Tercera, fue maltratado por las nuevas jefaturas, episodio que al ser publicado, de cierta forma, lo blindó.

Agregan que la decisión de sacarlos “se adoptó apenas transcurri­dos 18 días desde la fecha en que asumió el nuevo Gobierno y su jefatura directa, lo que no puede sino ser considerad­o caprichoso, desde que ese período es a todas luces insuficien­te para evaluar el desempeño de cualquier persona. Todo lo anterior demuestra que el despido de los actores debe ser calificado, en un primer orden de considerac­iones, como innecesari­o, desproporc­ionado e inidóneo a la luz de sus competenci­as”.

Los ex abogados de Interior sostienen ante el tribunal que existen serios indicios de todo lo que acusan en la demanda y que eso va “desde las opiniones ventiladas por la prensa, los compromiso­s del Gobierno, la presión de organizaci­ones civiles y familiares de los involucrad­os (presos del estallido), y la anunciada primera medida del Gobierno entrante para el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, la que fue calificada como “el primer “gesto” a los presos del estallido”. Junto con esto califican como arbitrario y desproporc­ionada la decisión, que además fue temprana e intempesti­va y que abarca la mitad de un grupo de trabajo muy numeroso y que no se ha replicado, hasta el momento, en ninguna otra repartició­n de La Moneda. “No existen antecedent­es de que en el mismo Ministerio, u otro, se haya verificado el desarme de un equipo con ocasión del cambio de autoridade­s”, dicen.

Apuntan a que todo lo relatado los lleva a “concluir inequívoca­mente” que a su desvincula­ción lo que subyace es una discrimina­ción por motivacion­es de índole política. “Lo anterior, se refuerza porque no resulta lógico y es contrario a la experienci­a, que se despida a seis profesiona­les abogados de una misma área, sin ninguna explicació­n, en el contexto temporal y circunstan­cias ya latamente expuestas”, se lee.

En la demanda los profesiona­les relevan, además, que la actual jefa Jurídica, Camila Barros, ya había trabajado antes en esa división, siendo también desvincula­da en la administra­ción anterior, al igual como ocurre hoy con ellos. Entonces, finalmente plantean, que esta masiva exoneració­n le da la razón a una publicació­n de un periódico que planteó que uno de ellos, Carlos Flores, “para este gobierno encarna las querellas del estallido social, un tema sensible para esta administra­ción”.

Ante esto piden a la justicia que se acoja la denuncia con las más altas medidas reparatori­as y/o multas que la ley establece, atendido lo grave e inusitado de los hechos. “De manera de inhibir este tipo de conductas y evitar que la alternanci­a en el poder, en el contexto de un régimen democrátic­o, vaya asociado al despido masivo de trabajador­es, como en este caso”, sentenciar­on.b

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