Cómo atenuar la “tormenta perfecta” que se viene sobre la economía

Jamie Dimon, presidente del JP Morgan, considerado uno de los gurúes de la economía mundial, predijo lo que a estas alturas muchos murmuraban, pero pocos se atreven a plantear: “Viene un huracán sobre la economía. Será mejor que se preparen”. Sus palabras fueron una corrección de lo que había dicho en mayo, cuando advirtió que venían grandes nubes de tormenta. Ahora es un huracán. Es claro que el diagnóstico sobre la economía se ha ido deteriorando aceleradamente. Porque si bien se sabía que todos los países tendrían que ajustarse para compensar el gasto incurrido en la pandemia, lo que no estaba en los planes era un cuadro de alta inflación como el que estamos viviendo, lo que significa que las políticas contractivas deben ser más fuertes. Si a eso se une la guerra en Ucrania, los problemas en la cadena de suministros y la baja tasa de crecimiento en China, entonces el escenario no cuadra y de ahí que el panorama se torna oscuro.

Los documentos oficiales ya dan cuenta de aquello. El Banco Mundial fue enfático esta semana al señalar que nos encaminamos a un período prolongado de escaso crecimiento y alta inflación -lo que se conoce como estanflación-, implicando que “para muchos países será muy difícil evitar la recesión”, entre los cuales está, sin duda, Chile.

De aquello da cuenta el Informe de Política Monetaria presentado el miércoles por el Banco Central, que es claro en señalar la probabilidad de que el país entre en una recesión el próximo año. Lo cierto es que el panorama económico local está lejos de mejorar, partiendo por la inflación, que sigue bastante descontrolada y que se espera toque un techo de hasta 13%, muy por sobre lo que se estimaba en marzo. A ello se suma que la anunciada caída del producto del próximo año tendrá una gran nota de alerta, pues para la inversión se proyecta una baja de 4,8%, algo que sin duda es una luz roja sobre la capacidad que tiene la economía de recuperar su potencial de crecimiento.

A primera vista, se podría decir que la situación en nuestro país en términos económicos no es muy distinta a lo que está viviendo el resto del mundo. Pero, como si esto no bastara, Chile tiene un componente adicional de incertidumbre, que hace las cosas aún más complejas: el cambio constitucional.

Es evidente que un cambio de esta trascendencia, por definición, genera incertidumbre. Es por ello que, al menos en la teoría, se debería evitar que coincida con períodos de inestabilidad económica. En Chile lamentablemente se produjo esta conjunción, de modo que el “huracán económico” está coincidiendo con el “huracán constituyente”, transformándose en una tormenta perfecta. Una que no es posible evitar, solo intentar navegar.

¿Qué es lo que se puede hacer? Hay mucho que es inevitable. La población verá deteriorada su calidad de vida, como lo evidencia el alza del IPC, que ha significado una reducción del poder adquisitivo importante, producto de una caída récord de los salarios reales. Es evidente, por lo demás, el impacto que tiene el alza de la UF en todas las deudas y la presión que pone el menor dinamismo de la economía sobre el empleo y el desempeño de las empresas.

Frente a esto, la capacidad de los gobiernos en el mundo y en Chile se encuentra bastante limitada, ya que este oscuro panorama económico llega en momentos en que todos están tratando de recuperar los equilibrios fiscales, luego del gran gasto que significó enfrentar la crisis del Covid.

Pero si bien el margen de maniobra es muy limitado para cambiar el curso que lleva la economía, eso no quiere decir que solo queda la resignación. No se evitará el “huracán”, pero siempre se pueden atenuar sus consecuencias.

Y en esto, la política tiene mucho que decir. Partiendo por el gobierno, que debe ser responsable en el gasto y luego buscar todas las formas de incentivar la economía. Y en esto, se está al debe. Por una parte, hay abundantes anuncios de gasto público que previsiblemente no se podrá financiar, creando expectativas que no son reales. Por otra, porque justo cuando más se necesita la inversión privada, el gobierno -a través del Comité de Ministros-ha desechado proyectos importantes por razones que no son claras y que solo agregan más incertidumbre sobre las reglas del juego. Además de atender los aspectos anteriores, La Moneda haría bien en revisar el calendario de aquellas reformas que pueden causar ajustes serios en algunos sectores, evitando así introducir más ruido en la economía.

Finalmente, pero clave, está el proceso constituyente, donde el gobierno, más allá de su clara preferencia, debe resguardar que el país sea capaz de absorber cualquier resultado y buscar que los cambios tengan la gradualidad necesaria. Se trata sin duda de un rol distinto al que Apruebo Dignidad había pensado al llegar al gobierno, pero es necesario, dado el cambio dramático en las circunstancias.

Al sombrío panorama que vive la economía global, que también impacta en Chile, se une la incertidumbre del proceso constituyente. El

gobierno puede hacer bastante para no agravar el cuadro, pero para eso se

requieren cambios.

SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente Boric declaró en su gira por Estados Unidos que “la certeza jurídica, el respeto a los tratados, la independencia de poderes, son principios que vamos a mantener”. Suena fácil.

Sería interesante saber cómo piensa el gobierno cumplir con ese desafío del Presidente, ya que el borrador de la nueva Constitución solo generará incerteza jurídica, vulneración de tratados, debilitamiento de los otros poderes del Estado y un largo etcétera. Se ve difícil.

Francisco Orrego B. NUEVAS VOCES EN LA CUMBRE

SEÑOR DIRECTOR:

La Cumbre de las Américas ha significado el estreno público multilateral de una nueva etapa en la política exterior de Chile. Por decir nueva, no implica una refundación como a muchos les gustará problematizar con un cierto tono catastrófico; se trata de una etapa donde se toma lo mejor de la tradición y se actualiza el tenor a los nuevos temas, fundamentales y críticos, en el sistema internacional contemporáneo.

Un antecedente del despliegue que es posible observar en la actualidad se encuentra en el libro Nuevas Voces en Política Exterior (FCE, 2021). Un esfuerzo notable, desde una mirada renovada y progresista, por darle sentido y contexto a las discusiones que convocan a nuevas generaciones de internacionalistas. De ahí se derivan lineamientos centrales, como la política exterior feminista y la política exterior turquesa, que otorgan marcos de acción en los cuales se enmarca toda la acción en esta materia. Se trata de principios transversales que permean no solo el pensar, sino el actuar en política exterior.

Y es aquí donde vale la pena hacer una importante reflexión: la toma de decisiones en política exterior no está disociada de su implementación. Tal como indica la investigación en esta área específica hace décadas, la decisión en sí no es sinónimo de su resultado. La fase de implementación en política exterior es tan importante como la toma de decisiones, pues de ella depende la coherencia y resultados de ésta. Lo anterior deriva en una acción concertada y clara en materia de nombramientos, así como la generación de un espíritu colectivo que propiciará el cumplimiento de los objetivos. Desde la designación de la Canciller Urrejola, una clara señal al valor transversal de los DD.HH. en la política, así como la opción por identificar personas claves en embajadas y unidades estratégicas de la Cancillería, es posible observar la seriedad con que se está tomando esta nueva etapa. Lo anterior nos permite comprender cada declaración emitida como parte de un corpus de pensamiento, y no como la acción individual de personas en cargos.

Probablemente, sea más fácil opinar respecto de los titulares. O quedarse con una crítica vacía a las nuevas formas personificada en nombres. Lo interesante es que, desde hace un tiempo, no se lograba observar el nivel de consistencia que vemos hoy, en un Ministerio clave al desarrollo del país en su conjunto.

Pía Lombardo

Académica Universidad de Chile

MIGRACIÓN Y ENCUESTA CEP

SEÑOR DIRECTOR:

Los resultados de la encuesta CEP respecto a las políticas de migración muestran que, en una escala de 1 a 10, donde 1 es prohibir toda inmigración y 10 es permitirla libremente, el 61% de las respuestas se ubican entre 1 y 4. Si bien es importante saber cómo se distribuyen las respuestas dentro de ese rango, es evidente que la balanza está fuertemente inclinada hacia una mayor restricción al ingreso de nuevos inmigrantes.

Estos resultados no son de extrañar: la migración hacia Chile ha aumentado rápidamente en los últimos años, marcada primordialmente por la crisis venezolana y, desde 2020, por la pandemia y la posterior crisis económica. La Encuesta Bicentenario 2021 ya mostraba que el 78% de los consultados consideraba que la cantidad de inmigrantes era excesiva, aunque, al mismo tiempo, el 85% aseguraba que nunca o casi nunca había tenido malas experiencias con ellos.

La evidencia muestra que la inmigración, en términos generales, es positiva para los países. El desafío de las políticas migratorias es que, quienes migren, lo hagan de manera ordenada y regular, en magnitudes a las que los estados puedan responder adecuadamente, promoviendo una integración efectiva que beneficie a los migrantes y también al país receptor. Aunque en crisis humanitarias es muy difícil cumplir con estos objetivos pues la realidad desborda las capacidades institucionales-, es fundamental promover canales de migración regulares y mayor presencia del Estado en las localidades y zonas más afectadas por los flujos migratorios.

Así como una migración sin controles no permite avanzar hacia una proceso ordenado, seguro y regular, hemos visto que el cierre total de fronteras tampoco lo hace. Por tanto, el desafío es impulsar políticas migratorias planificadas y bien gestionadas para alcanzar un equilibrio adecuado.

Ignacio Irarrázaval

CASO METROGAS

SEÑOR DIRECTOR:

El ex ministro de Energía declaró que la empresa Metrogas hizo trampa y actuó fraudulentamente al eludir una norma transitoria de la ley de gas, lo que le permitió evitar la fijación de tarifas de la autoridad. Es una situación que no es generalizada a la industria, pero que realizó la principal distribuidora de gas del país.

Como se sabe, un estudio de la FNE reveló que Metrogas usó un ardid para cumplir la ley al crear una empresa integrada verticalmente. Esto le permitió disminuir su rentabilidad, lo que hubiera gatillado la fijación de precios. Es parecido al problema del lucro en las universidades.

Hacia el futuro, se ha propuesto eviComo tar la “trampa” y subsanar el problema con un cambio a la ley, que calcule la rentabilidad del grupo económico, integrado como un todo, sin resquicios.

El problema es lo ya cobrado. Es decir, el precio que no se hubiera pagado por los usuarios si se hubieran fijado tarifas. Calcular el daño no es fácil, como lo muestra la FNE. Para resolver ese problema, una asociación de consumidores inició dos acciones. Una demanda por infringir la ley del consumidor y otra por incumplir la ley de competencia. En cualquier caso, una indemnización de perjuicios llegará después de años de litigar. Recordemos que en el caso Farmacias, una de las empresas aún no paga los daños que estableció el tribunal, a diez años desde que la Corte Suprema confirmó su participación en el cartel.

SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos días se ha difundido que autoridades edilicias de la zona sur han recibido amenazas, que consideran graves y creíbles. Un fiscal regional ha visto como en múltiples panfletos aparece su rostro con un agujero en la frente. En actos violentistas los autores dejan lienzos y otros escritos reivindicando el hecho y explicitando amenazas. Miembros del Poder Judicial reciben amedrentamiento, hecho que, junto a la grave alteración del orden público, justificó en su momento la dictación del estado de excepción constitucional. Pequeños agricultores, transportistas y empresarios son diariamente alterados en su seguridad personal, familiar y laboral, de día y de noche. El generalizado contexto del que somos testigos es preocupante, qué duda cabe, para quienes son las víctimas concretas junto a sus familias, pero también debe serlo para una sociedad en que se tiende con pasmosa facilidad- a normalizar la violencia en sus distintas especies.

Debemos reflexionar sobre la relevancia de denunciar, facultad ésta que no solo permite poner en funcionamiento la indagación penal cuando las amenazas son a particulares, sino que, además, por que colabora con una búsqueda más focalizada e integral de los responsables, reuniendo un cúmulo de antecedentes que, en lo esperable, puedan llevar a identificarlos. Más importante es para quienes tienen las prerrogativas – Ministerio Público o los tribunales en su caso– para analizar la procedencia de medidas de protección de distinta intensidad según la naturaleza, gravedad y verosimilitud de tales coacciones.

Las amenazas, son el primer atisbo de que algo mayor puede suceder. La potencialidad de que se concreten genera miedo, ansiedad, son un maltrato psicológico profundo, que, aunque condicional -en las circunstancias en que se vive en la Macrozona Sur- adquieren una relevancia significativa, por lo que no pueden ser livianamente desoídas al ser noticiadas. Por el contrario, la realidad lastimosamente nos indica que son numerosos los casos en que aquello que comenzó con una simple advertencia adquiere luego una envergadura no prevista por falta de atención oportuna.

En una zona en que el estado de inseguridad y la afectación del orden público es palmaria, todo aviso de un peligro inminente, de un hecho o acontecimiento que aún no ha sucedido, pero que de concretarse perjudicará a una o varias personas en particular, se torna ya no facultativo, sino que obligatorio ponerlo en conocimiento de las autoridades, para alertar, prevenir y actuar en consecuencia.

Francisco Ljubetic

determinar el daño es complejo, en el Derecho Comparado se ha propuesto obligar al monopolio a restituir las ganancias obtenidas ilícitamente, que puede ser una alternativa a explorar ante los tribunales especializados.

Francisco Agüero Vargas

Centro de Políticas Públicas UC

Ex fiscal de La Araucanía

Vicedecano de la Facultad de Derecho de la U. Autónoma

Profesor, Director RegCom, Derecho, U. de Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Junto con agradecer a los pueblos originarios su aporte a formar la nación chilena, debe destacarse, también, a los extranjeros que emigraron a Chile, integrándose plenamente a la vida de nuestro país, desde los primeros años de la República. Estas personas, han contribuido de manera significativa al desarrollo del país.

Al mismo tiempo de avecindarse en este territorio, dando origen a nuevas familias, manteniendo su cultura e idioma, han participado con su esfuerzo y trabajo personal, en diversas actividades. Han abierto caminos en las selvas sureñas, dando origen a nuevas ciudades; otros, se han adentrado en el desierto y han dado origen a importantes negocios mineros. Muchos colegios, clínicas, centros deportivos, cámaras de comercio, se crearon en Chile, por estos aportes.

Sin duda que la nación chilena se forma con la contribución de muchas personas, de distintos orígenes, a lo largo del tiempo, todos los que se sienten representados por nuestra bandera y el himno nacional.

José Luis López Blanco

Abogado

DERECHO A LA MUERTE DIGNA

SEÑOR DIRECTOR:

Si se quieren garantizar derechos, se espera que alguien tenga el deber de cumplirlos. En el caso del supuesto derecho a la “muerte digna” - eutanasia-, ¿quién tendrá el deber de cumplirlo? Porque cumplirlo es, evidentemente, quitarle la vida -o lo que es lo mismo, matar- a la persona solicitante. ¿Será responsabilidad del Estado, médicos del sistema público, otros agentes?

Esta inquietante pregunta también debe ser respondida en este debate, si como sociedad, en pleno siglo XXI, le daremos a un grupo específico el “deber de matar”.

Gonzalo Pérez Díaz

Cardiólogo