ROL PÚBLICO DE LAS UNIVERSIDADES
SEÑOR DIRECTOR:
El editorial del jueves pasado destaca un tema de gran relevancia para nuestro país: el rol público de las universidades, instituciones que en la reciente encuesta CEP son las de mayor valoración en el país. Este editorial se refirió a las declaraciones vertidas por el rector de la principal universidad estatal, que se apropiaba de la definición de lo público. Es evidente que la función y vocación pública superan ampliamente la naturaleza jurídica de una institución; es decir, lo público va más allá de lo estatal y lo supera en beneficio de las personas. El compromiso público de las universidades no se relaciona solo con su propiedad. El Estado debe apoyar el desarrollo de sus instituciones, pero esto no puede ser a expensas de dañar el sistema universitario de carácter público.
En nuestro país, la educación universitaria no estatal tiene más de un siglo de tradición, e incluye instituciones de función y vocaciones públicas -laicas y católicas-, con misión e identidad propia, que aportan a Chile en diversos aspectos. Este grupo de universidades han tenido un liderazgo y rol indiscutible, y hoy representan a la mayoría de las universidades de mayor calidad en el país. Su aporte se manifiesta en docencia, investigación y en una variedad de bienes públicos que contribuyen al crecimiento de la nación.
Desde el punto de vista jurídico, ya en el DFL 7.500 de 1927, se expresa que las universidades del Estado y “las particulares, reconocidas como cooperadoras de la función educacional”, son personas jurídicas de derecho público. Estos antecedentes -casi centenarios- indican el largo período en que Chile ha reconocido a estas universidades creadas antes de 1981, lo que representa una responsabilidad del Estado. Así, el sistema de educación superior está llamado a reflejar la diversidad de Chile, como corresponde a una sociedad democrática. Es decir, la diversidad de orientaciones y propuestas educativas deben estar presentes y ser apoyadas en el sistema.
Sin embargo, hoy se pretende desconocer esta larga historia de aportes y se plantea una clara discriminación, favoreciendo solo a las universidades estatales. El país no puede permitir que la calidad de este grupo de universidades se dañe por una falta de reconocimiento a su aporte al desarrollo de Chile. Esto significaría una lamentable falta de visión, lo que no podemos aceptar.