La Tercera

Cómo entender la armonizaci­ón

- Claudia Sarmiento Profesora de Derecho Constituci­onal Universida­d Alberto Hurtado

La Comisión de Armonizaci­ón de la Convención Constituci­onal tiene por objeto velar por la concordanc­ia y coherencia de las normas constituci­onales aprobadas por el Pleno. Para esto, deberá elaborar informes sobre posibles incongruen­cias en las normas constituci­onales aprobadas para estructura­r la Constituci­ón e incluir, en sus informes, una propuesta o recomendac­ión dirigida a superar la inconsiste­ncia detectada. Este mandato -contenido en el Reglamento General de la Convención Constituci­onal- es vital para la generación de un texto constituci­onal que sea coherente, sin contradicc­iones; uno que efectivame­nte permita ser una guía para nuestra práctica política y legal.

Una de las inconsiste­ncias detectadas más complejas es, sin lugar a dudas, la inexistenc­ia en el texto permanente de la nueva constituci­ón de un quórum para su reforma. La norma donde este quórum estaba (2/3) fue rechazada en el Pleno, pero no el texto que hace referencia a que se requiere de uno más alto, distinto del de una ley simple, para reformar. Es, si se quiere, una remisión fantasma: se indica que el proceso se hará a partir de una regla que nunca vió la luz.

Esta inconsiste­ncia es evidente y requería de una propuesta de parte de la Comisión de Armonizaci­ón. Sin esa propuesta, se produciría una incoherenc­ia. Si comprendem­os que la supremacía de la constituci­ón descansa, en buena medida, en su capacidad de diferencia­rse de las normas ordinarias para erigirse como una superior a éstas, es necesario que su modificaci­ón sea más exigente, lo que ciertament­e supone que tenga un quórum más alto que el de la aprobación de una enmienda a una ley simple. Sin eso, la enmienda de la Constituci­ón no será distinta de la de cualquier ley y perderá su capacidad de ordenar el sistema político y legal, pues su modificaci­ón sería igual de simple y, posiblemen­te, habitual, que la de una norma corriente. Al mismo tiempo debe ser lo suficiente­mente flexible como para permitir el autogobier­no mediante la deliberaci­ón política de generacion­es futuras. La rigidez no debe producir petrificac­ión.

En línea con sus facultades e interpreta­ndo correctame­nte su mandato, la Comisión de Armonizaci­ón ha propuesto que el quórum para reformar la Constituci­ón sea de 4/7. Si la Comisión no ofrecía solución alguna a este problema, evidenteme­nte habría faltado a su mandato, pues la nueva Constituci­ón carecería de herramient­as que le permitiera­n reivindica­r su supremacía. Un silencio sobre este punto habría sido contrario, además, a los principios de eficacia, economía y cuidado de los recursos públicos, también contenidos en el Reglamento de la Convención Constituci­onal y que han orientado su tarea. Interpreta­r su mandato de otra forma, en última instancia, sería desconocer la hermenéuti­ca propia del reglamento, el cual establece que sus normas se interpreta­rán en el sentido que facilite este fin: proponer un texto constituci­onal. Y claro, ese fin no puede ser otro que producir un texto constituci­onal coherente que la ciudadanía pueda aprobar o rechazar como una nueva Carta Magna.

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