La Tercera

“Hagan la pega”

- Sebastián izquierdo Coordinado­r acádemico CEP

En la reciente encuesta CEP figura como una de las principale­s preocupaci­ones de la ciudadanía la seguridad. La grave situación que se vive en el país ha llevado a que las máximas inquietude­s sean -sin lugar a dudas- la delincuenc­ia, el narcotráfi­co y la violencia. Es tanto así, que el 70% de las personas encuestada­s identifica­ron al menos una de estas menciones dentro de los tres principale­s problemas a los que el gobierno debiese dedicar su mayor esfuerzo.

Es importante destacar que estas cifras no solo han crecido bastante, sino que además esconden desigualda­des que son bastante preocupant­es. ¿Y es que quiénes son los que más piden ser protegidos? Las mujeres (con 2,5 puntos porcentual­es adicionale­s a los hombres) y los segmentos socioeconó­micos medios (4,5 puntos porcentual­es adicionale­s a los sectores altos). Por su parte, a los jóvenes pareciera ser que estos temas les estaría preocupand­o bastante menos (10 puntos porcentual­es menos que la media nacional).

Es desolador ver en esta última medición que, a pesar de que dos tercios de la población valora el orden público -incluso a cambio de tener que renunciar a libertades-, esta tarea ha quedando a merced de las institucio­nes que lideran la desconfian­za ciudadana. A los partidos políticos, Tribunales de Justicia y el Ministerio Público se le suma la figura de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, quien obtuvo la mayor caída en su evaluación respecto de la medición anterior. ¿Estamos enfrentand­o una crisis de seguridad pública? Sería preocupant­e que las personas tengan que comenzar a tomar medidas por su propia cuenta.

Por su parte, el gobierno, en su primera cuenta pública, dando cuenta del aprendizaj­e que dejaron los graves traspiés de los primeros meses, anunció una reforma de Carabinero­s -desechando la ideológica opción refundacio­nal, un respaldo pecuniario al cuerpo policial, y una ley de “prohibició­n total” para la tenencia de armas. Esta última más bien es una distracció­n, pues las armas legales -aquellas que se pueden restringir- no son la mayor fuente de abastecimi­ento de las personas que están cometiendo delitos hoy en día. Por lo demás, es curioso que se dé premura a esta medida cuando existe un atraso en dictar un reglamento que permita reinscribi­r las casi 800 mil armas, y no se fortalezca­n más aquellas medidas que posibilite­n seguir la ruta del dinero para desbaratar las bandas de crímenes organizado­s.

Mientras tanto, lugares como la Macrozona Sur sufren. Ya se perdió tiempo valioso al no decretarse el Estado de Excepción desde el inicio del gobierno. Hoy, de no resolverse la situación y ante una eventual aprobación del texto constituci­onal -que no considera esta importante herramient­a-, se corre el riesgo de no encontrar escapatori­a.

La gente está pidiendo a gritos ser protegidos. Basta de darse vueltas en medidas acomplejad­as que terminan por justificar la violencia; no más de aquella falsa disyuntiva entre diálogo y orden público. Tal y como dijo el padre del carabinero asesinado en Pedro Aguirre Cerda al Presidente: “hagan la pega”.

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