El largo rodaje de la máquina de Jackson ante un Senado inhóspito
Aunque el ministro ha logrado montar una orgánica para el trabajo legislativo,
Con una “dedicatoria” especial terminó la sesión de la comisión mixta, conformada por diputados y senadores con el fin de acordar un mecanismo de intervención de las FF.AA. para proteger la infraestructura crítica.
En el encuentro, realizado el miércoles pasado, donde se aprobó una fórmula que faculta al Presidente de la República a disponer de militares para la seguridad interna, la senadora UDI Luz Ebensperger pidió la palabra tras la votación para “no bajarle el perfil” ni restarle “gravedad” al intento del ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, quien sugirió frenar la iniciativa, bajo el argumento de que cualquier cambio a la actual Constitución corre el riesgo de ser una pérdida de tiempo si se aprueba la nueva Carta Fundamental.
El senador DC y presidente de la comisión mixta, Matías Walker, coincidió con las palabras de la gremialista y reiteró que el Senado no va a renunciar a su obligación de legislar hasta último día.
Al final, la propuesta se aprobó por siete votos a favor (desde el PPD a la UDI) y solo se abstuvo el diputado RD Jorge Brito. Si bien los legisladores socialistas se ausentaron (Leonardo Soto y Alfonso de Urresti), el texto también tenía la venia del PS.
El riesgo de que iniciativas parlamentarias comiencen a tomar vuelo propio sin el consentimiento de La Moneda, se transformó en un nuevo flanco para el ministro Jackson,
apoyándose más en la subsecretaria Macarena Lobos y en el jefe de relaciones políticas de la Segpres, Nicolás Facuse (PS), su lazo con el Senado sigue siendo difícil. Una muestra de ello es que desde el 11 de marzo, Jackson solo ha intervenido una sola vez en la sala de la Cámara Alta, lugar al que acudió por última vez el 17 de mayo.
es el encargado de tener el control de la agenda legislativa.
Otros dos ejemplos de esa autonomía parlamentaria son el ingreso de una moción del Frente Amplio para restringir la tenencia de armas (que se adelanta a la propuesta que hará el Ejecutivo) y la reforma de un grupo de senadores DC para bajar el quorum a eventuales modificaciones a la actual Constitución, que en la práctica es la primera jugada alternativa al trabajo de la Convención Constitucional.
Aunque el titular de la Segpres ha logrado montar una orgánica para el seguimiento de proyectos y ha bajado la beligerancia con las bancadas del PS y el PC, la máquina legislativa del gobierno aún sigue en rodaje.
El ministro, además, aún se encuentra en una fase de acomodo de relaciones con senadores y diputados, que suelen tener un trato rudo con quien sea el titular de la Segpres, sobre todo en sus primeros meses, con el fin de delimitar sus espacios de poder. De hecho, en esta etapa son comunes los apodos. “Alma en pena” lo llamaba, por ejemplo, el exsenador PS Camilo Escalona a Cristián Larroulet. “Baby Blumel” fue el apodo que le puso la diputada Pamela Jiles a Gonzalo Blumel, quien también recibía constantes críticas de la senadora Yasna Provoste. A José Antonio Viera-Gallo,
por su parte, el exsenador Alejandro Navarro le decía que tenía “incontinencia negociadora”.
Por ahora, el ministro ha mantenido ocupado al Congreso al fijar 65 urgencias para apurar el trámite de algunos proyectos, en su mayoría mociones de legisladores o mensajes de gobiernos pasados. Sin embargo, en la elaboración de leyes propias se ha ido quedando atrás.
Con 12 mensajes (de los cuales 8 surgieron desde el Ministerio de Hacienda), la administración de Gabriel Boric es el tercer gobierquien
no desde 1990 con menos iniciativas de facturación propia a la fecha, pues solo supera las cifras de Ricardo Lagos (4 mensajes) y de Sebastián Piñera en su segundo período (11).
A modo de comparación, al 13 de junio, Patricio Aylwin sumaba 44 proyectos; Eduardo Frei llevaba 25; Michelle Bachelet, en su primer mandato, contaba 17 y, en su segundo, 25; mientras que Piñera en su primera gestión acumulaba 25.
La factoría legislativa a media máquina del actual gobierno, en todo caso, tiene una razón. Existe una decisión estratégica de inhibirse a la espera del desenlace del proceso constituyente.