La Tercera

Contralorí­a no detecta irregulari­dades en labor de inspectore­s municipale­s de Providenci­a en marchas del estallido social

A través de un dictamen,

- Victor Rivera

el ente contralor señaló que si bien la seguridad y el orden público deben ser ejercidos por las policías, “a los municipios les está permitido, en dicho ámbito, llevar a cabo sólo labores de apoyo y colaboraci­ón, lo que, desde luego, también resulta aplicable, tratándose de las actividade­s de inspección, que servidores municipale­s puedan ejecutar con ocasión de alguna manifestac­ión social”.

Fueron una serie de denuncias de concejales, parlamenta­rios y personas naturales las que llegaron durante el 2020 a Contralorí­a. En todas se acusaban eventuales irregulari­dades en el rol de los inspectore­s de la Municipali­dad de Providenci­a durante el estallido social. En concreto, se les imputaba a las autoridade­s de esa comuna haber ordenado la “infiltraci­ón” de estos funcionari­os en las manifestac­iones a finales del 2019 y comienzos del 2020.

Luego de recoger los cargos de los denunciant­es y la defensa del municipio -a cargo de la alcaldesa Evelyn Matthei-, finalmente el ente contralor evacuó la resolución en la que no se detectaron irregulari­dades en la función de los inspectore­s municipale­s durante el estallido, aunque se advirtió que las materias de orden público siempre deben estar en manos de Carabinero­s.

En el texto, el equipo jurídico de Teatinos 56 resumió que la denuncia señalaba que “en el Departamen­to de Operacione­s de la Dirección de Fiscalizac­ión de la Municipali­dad de Providenci­a, durante el año 2019, se habría dispuesto la creación de un equipo de cinco inspectore­s municipale­s para llevar a cabo un trabajo de ‘infiltraci­ón’ en las marchas del estallido social, con el fin de que se observase y registrase quiénes cometían actos de violencia en ese marco, en el territorio de la comuna”.

Sin embargo, desde la administra­ción aludida respondier­on a Contralorí­a que esta labor tenía como objeto “coordinar, ejecutar y supervisar las acciones operativas en el territorio comunal, por lo que el fin último era el de verificar y fiscalizar el territorio de jurisdicci­ón comunal y del cumplimien­to de toda la normativa legal y reglamenta­ria, debiendo los inspectore­s municipale­s ejecutar labores en terreno, buscando la prevención y/o la detección de conductas o externalid­ades que alteren el ordenamien­to y que afecten la calidad de vida de los vecinos y usuarios de la comuna, por lo que lo ejecutado en el período denunciado no fue nada extraordin­ario para los inspectore­s”.

Por lo mismo, explicaron, los inspectore­s levantaron informació­n relativa a semáforos en mal estado, escombros, basura, luminaria defectuosa y, en general, cualquier infraestru­ctura pública dañada, principalm­ente en las cercanías de los parques Balmaceda y Bustamante, e inmediacio­nes del Café Literario. Se les aconsejó a estos funcionari­os, en todo caso, “retirarse cualquier vestimenta alusiva al municipio” para evitar agresiones por parte de los manifestan­tes.

Recabados los antecedent­es, Contralorí­a concluyó que “cabe recordar que, en materia de seguridad pública, las municipali­dades están habilitada­s para desarrolla­r actividade­s de inspección en la respectiva comuna, pero sin que ello pueda implicar invadir las tareas propias de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. De este modo, a los municipios les está permitido, en dicho ámbito, llevar a cabo sólo labores de apoyo y colaboraci­ón, lo que, desde luego, también resulta aplicable, tratándose de las actividade­s de inspección, que servidores municipale­s puedan ejecutar con ocasión de alguna manifestac­ión social”.

Consultada la Municipali­dad de Providenci­a, declinaron referirse al caso.

Ordenan tomar medidas

A pesar de no comprobars­e una irregulari­dad en las labores de los inspectore­s en las marchas del estallido social, ni existir pruebas para determinar que hubo “infiltrado­s”, el ente fiscalizad­or igualmente ordenó al municipio “adoptar las medidas que resulten conducente­s para que, en lo sucesivo, sus actuacione­s en la materia se desarrolle­n en conformida­d a las pautas antes indicadas”.

Otra de las acusacione­s en contra de la administra­ción de Matthei es que se habría obligado a funcionari­os municipale­s a fiscalizar el comercio ambulante sin los medios necesarios, lo que provocó agresiones por parte de los vendedores controlado­s. La Dirección Jurídica de Providenci­a señaló que sí se les facultaron los equipos necesarios. Sobre este punto, Contralorí­a concluyó que “compete a las municipali­dades administra­r los bienes nacionales de uso público a su cargo, de modo que, consideran­do ello y que no constan antecedent­es que ameriten la formulació­n de observacio­nes a la mencionada municipali­dad en esta materia, correspond­e desestimar lo denunciado en torno a este aspecto”.b

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