Sin pasado
Lo razonable era que el umbral de respaldo en el plebiscito de entrada (cerca del 80%), fuera un objetivo para el plebiscito de salida; que los convencionales vieran ese nivel de aprobación como una responsabilidad: llegar a acuerdos lo más amplios y transversales posibles; mirar a ese casi 80% del país como un mandato, que debía cuidarse y sostenerse.
Pero el sector mayoritario de la Convención lo entendió al revés: como un cheque en blanco, para hacer casi cualquier cosa, sin límites en la desmesura de las propuestas y sin la necesidad de dar cuenta de lo que políticamente es la sociedad chilena de las últimas décadas. Habría bastado una sola consideración: tomarse en serio que en todos los procesos electorales desde 1990 la derecha ha sacado en promedio sobre el 40% de respaldo electoral. Y que, por tanto, esa contundente realidad no podía ser desconocida a la hora de redactar un nuevo texto constitucional.
Como sabemos, las cosas ocurrieron de otro modo: una mayoría de izquierda tomó el control de la Convención, con el objetivo de anular a sus adversarios e imponer sus términos. Sabían que la elección de sus integrantes se había realizado con un sistema electoral ad hoc, que sobrerrepresentó a unos y subvaloró a otros, a lo que se agregó también la distorsión provocada por los escaños reservados. Lo sensato, entonces, era tratar de reequilibrar la balanza, que los castigados por un factor circunstancial pudieran tener al menos un grado razonable de incidencia en el trabajo conjunto. Más aún si en la elección presidencial y parlamentaria siguiente la derecha volvió a ratificar su peso histórico.
Pero no: la miopía, el desvarío, el fanatismo y el espíritu de revancha primaron en el sector que impuso su hegemonía al interior de la Convención. Por eso, los símbolos han sido tan elocuentes: el proceso se inicia en una ceremonia donde gritos y consignas impiden la interpretación del himno nacional. Y un año después, concluirá en otra ceremonia donde un sector relevante de la Convención se negó a invitar a los expresidentes de la República. ¿Podrían haber encontrado un principio y un final más acorde con lo que, desde siempre, buscaron imponer?
Un Chile que partió con ellos, en que todo lo construido en las últimas décadas merecía demolerse, donde un sector político relevante debía ser anulado, para instaurar después un sistema donde el principio de la igualdad ante la ley no podía existir. Dar paso a una sociedad donde, entre otras insensateces, las personas serán juzgadas por tribunales distintos, dependiendo de la etnia a la que pertenecen, y habrá por tanto sanciones diferentes en función de consideraciones raciales.
La intención inicial de excluir a los cuatro expresidentes de Chile vivos de la ceremonia de cierre solo puede ser entendida como un gesto de sinceramiento. Y, en estos tiempos, esa honestidad debe agradecerse.