Aprobar sin reformar
¿Conoce usted algún político que le guste la nueva Constitución? Leyendo la prensa no he encontrado ninguno. Lo más benevolente que he escuchado es que no es tan mala, imagínese que ni siquiera a los convencionales del Colectivo Socialista les gusta. El senador José Miguel Insulza, senador socialista, ha sido lapidario con el nuevo texto; Heraldo Muñoz ha destacado los graves errores que tiene el texto en materia internacional, incluso Javier Couso reconoce en privado los problemas serios de la nueva Constitución, y, sin embargo, todos ellos dicen abiertamente que votarán Apruebo. ¿Por qué esta contradicción? ¿Por qué personas que saben el rol que juega una Constitución están dispuestas a aprobar un texto que ellos mismos encuentran aberrante? Claramente no por convicción.
En vistas del poco aprecio que genera el texto en la izquierda, se ha puesto de moda hablar de aprobar para reformar. ¿Pero tiene esta opción alguna probabilidad de llevarse a cabo? Ninguna. Analicemos el escenario. De ganar la opción Apruebo el 4 de septiembre, ¿por qué la izquierda más radical se va a abrir a cambiar la nueva Constitución, si la gente decidió libremente aprobar esta Constitución y no otra? ¿No sería acaso pasar a llevar la soberanía popular el intentar modificar lo que recién el pueblo aprobó? ¿Por qué el Frente Amplio o el Partido Comunista se van a abrir a cambiar un texto que en principio responde a su ideología, si más encima cuentan con el apoyo de la ciudadanía? Sinceramente, no veo espacio para que durante la transición el gobierno impulse reformas constitucionales. Ahora bien, si una mayoría del Congreso quisiera cambiar la Constitución, como ellos mismos han manifestado, ¿tienen los quórums para hacerlo? La Constitución en las materias sustanciales exige 2/3 de los parlamentarios o 4/7 con plebiscito. Actualmente, para que la izquierda alcance los 2/3 requiere los votos de la Democracia Cristiana, Evópoli y parte de Renovación Nacional, es decir, imposible. Para la derecha tampoco está fácil, pues necesita los votos del Partido Socialista, que es socio del gobierno. Los 4/7, sin duda, son más fáciles de obtener (por definición), pero el plebiscito eleva el costo de esta opción, de ahí que en la evidencia comparada sea una herramienta relativamente poco usada. Es decir, con la actual composición del Congreso se ve muy difícil llegar a acuerdos para cambiar aspectos sustanciales y con la renovación del Congreso en 2026 se ve aún más difícil con el subsidio a la izquierda a través de los escaños reservados a los pueblos originarios.
Pero hay un obstáculo aún más complejo que los anteriores para reformar la Constitución. El Convenio 169 de la OIT establece que cualquier materia que afecte a los pueblos originarios requiere consulta indígena. De manera que, durante la transición, si se quisiera modificar la plurinacionalidad del Estado de Chile o su sistema judicial o la autonomía de los territorios especiales, se debe primero consultar a los pueblos originarios, consulta que la experiencia internacional nos enseña que lleva años. Luego, una vez que la nueva Constitución entre en régimen (2026), existe una discusión entre abogados de si estas modificaciones no exigirán, además, el consentimiento de los pueblos originarios. El texto constitucional establece que los pueblos originarios deben ser consultados y además entregar consentimiento en aquellas materias o asuntos que les afecten relativos a las entidades territoriales. Es decir, aun cuando el Congreso tenga los 2/3 y el 90% del país estuviera de acuerdo en cambiar la plurinacionalidad o las autonomías territoriales, no es evidente que se pueda cambiar sin el consentimiento de los pueblos originarios, algo que a todas luces jamás sucederá. En definitiva, si somos honestos, no existe aprobar para reformar. Esta es otra mentira para blanquear las conciencias de quienes encontrando aberrante el texto igual dicen votar Apruebo.