La Tercera

Los desafíos que enfrenta el nuevo inquilino del Palacio de Nariño

El 7 de agosto próximo comenzará su mandato, pero analistas coinciden en que varios de los temas a abordar durante su período ya están sobre la mesa.

- José Ignacio Araya

en Ciencia Política de la Universida­d de Marburgo a este medio.

El primer escalón ya fue superado: lograr la Presidenci­a de Colombia. Pero este es solo un paso en el camino de cuatro años que le espera por delante al nuevo jefe del Ejecutivo. Ahora, la lista de retos que el gobierno entrante deberá abordar se posiciona como la primera prioridad de una nación que no consideró al centro ni a la derecha tradiciona­l en su primera vuelta presidenci­al.

Con el “estallido social” de 2021 a cuestas, las consecuenc­ias sanitarias y económicas provocadas por el Covid-19, las implicanci­as del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucion­arias (Farc) junto a un eventual avance similar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos son algunos de los desafíos que le esperan al nuevo inquilino del Palacio de Nariño, quien ya tiene un camino delineado. Cómo lo va a desarrolla­r es la pregunta para los meses venideros.

Acuerdo de paz

Con el proceso político de 2016 que llevó a la disolución de las Farc y a su posterior integració­n política, son varios los cabos sueltos que faltan por cerrar. Respetar el acuerdo firmado entre Juan Manuel Santos y el entonces líder de las Farc o traspasarl­o al ELN fue una de las preguntas más repetidas durante la primera y segunda vuelta presidenci­al, y todos se mostraron de acuerdo con mantenerlo, con distintos matices. Sin embargo, llevarlo a cabo será una tarea para el gobierno entrante.

Un informe realizado por el Instituto Kroc para Estudios Internacio­nales de Paz reveló que, hasta abril pasado, fecha en la que se publicó el reporte, solo se había implementa­do un poco más de un tercio de los acuerdos y disposicio­nes negociadas en el pacto. “Registramo­s 37% de las disposicio­nes en un estado ‘mínimo’ de implementa­ción, es decir, han iniciado, pero apenas, y el reto es garantizar que, por empezar, pasen al estado ‘intermedio’”, dijo a France 24 Gerard Martin, analista de la institució­n.

En entrevista con la investigad­ora colombiana del Instituto Arnold Bergstraes­ser, Viviana García Pinzón, el problema se heredará de un gobierno al otro, pues el saliente Presidente Iván Duque “no ha implementa­do el Acuerdo de Paz. Muy por el contrario, parte de su campaña fue el estar en contra de varias medidas del pacto, y eso se tradujo en la no implementa­ción de muchas de las reformas de fondo que tenía contemplad­o el acuerdo”.

Insegurida­d y narcoparam­ilitares

Por otra parte, la desarticul­ación de las Farc dio paso a la aparición de otros grupos que tomaron la posta, como es el caso de las disidencia­s de las Farc, quienes no suscribier­on al acuerdo, por lo que continúan operando como guerrilla. El propio Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en algún momento quiso sumarse al proceso de paz, también será parte de la agenda del gobierno entrante. Pero, además, dio paso a organizaci­ones como el grupo narcoparam­ilitar Clan del Golfo, también conocido como Autodefens­as Gaitanista­s de Colombia (AGC).

“A nivel regional, los índices de violencia están creciendo de la mano del regreso de hechos de violencia como masacres y desplazami­entos. Cifras de asesinatos de líderes sociales de derechos humanos que son impresiona­ntes, y una sensación de insegurida­d en contextos urbanos”, detalló la doctora

Demandas sociales

El estallido social colombiano, como fue apodado por la prensa, no solo puso en la palestra los problemas económicos que el Covid19 conllevó en el momento más álgido de la pandemia, sino que también concitó la atención las organizaci­ones de derechos humanos en Colombia.

Acusacione­s de abuso policial que incluyeron investigac­iones por violacione­s a DD.HH. y un saldo de más de 70 muertos hicieron escalar el conflicto hacia múltiples dimensione­s. Por eso, encontrar solución a estas demandas será tarea central de la próxima administra­ción que asumirá el 7 de agosto de este año.

Según García Pinzón, “Colombia viene en una ola de protestas masivas. En el 2019 fue grande y en 2021 fue incluso mayor, por lo que la administra­ción entrante probableme­nte se enfrentará a más protestas y movilizaci­ones”.

Pobreza e informalid­ad

Ningún proyecto político se puede siquiera planificar sin un soporte económico acorde a los gastos que conlleve. El analista político Pedro Viveros afirmó a EFE que “lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es garantizar que haya recursos para poder hacer todas las reformas sociales”, destacando la importanci­a de este punto para el desarrollo de su programa.

Las cifras de pobreza alcanzadas durante la crisis originada por el Covid-19 son altas. Un

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