La Tercera

Los conflictos en la recta final de la Constituye­nte

- Cristóbal Fuentes

A dos semanas de que concluya el trabajo del órgano constituye­nte, la mesa directiva enfrenta duras críticas principalm­ente por dos factores: la exclusión de los exmandatar­ios a la ceremonia de cierre -decisión que luego se rectificó- y por una enmienda firmada por 52 convencion­ales con el fin de conseguir el pago de honorarios a asesores durante julio de 2021. “Es mala idea abrir esa discusión a una semana del cierre”, comentó el convencion­al socialista Maximilian­o Hurtado.

“Ha sido una torpeza de parte nuestra. A veces parecemos estar regando la plantita del Rechazo”.

De esa forma, el convencion­al Agustín Squella (Colectivo del Apruebo) se refirió a la polémica levantada a raíz de la no invitación de los expresiden­tes de la República -decisión que el jueves pasado fue rectificad­a por la mesa directiva-, al acto de cierre de la Convención Constituci­onal, agendada para el próximo 4 de julio.

En medio de las críticas a la mesa directiva por la exclusión de los exmandatar­ios Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera informaron que no participar­án del acto. El último de ellos especificó que su decisión se debió a “la forma confusa y contradict­oria en que se invitó”.

Así, los dichos de Squella responden a los realgunos sultados de la última encuesta Cadem, publicada ayer, en la que se mostró un aumento de tres puntos porcentual­es en la intención de votar Rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, llegando a un 46%, nueve puntos por sobre el Apruebo.

Aunque el sondeo no identifica causalidad, distintos convencion­ales reconocen que la polémica de los exmandatar­ios tuvo que ver. “Cosechas lo que siembras, nomás” dice, en privado, un convencion­al del Colectivo Socialista como reacción ante los resultados. Según explica él y otros de sus pares, la negativa ante la invitación impactó la percepción ciudadana de la Convención y es un problema que la mesa directiva pudo evitar.

Desde ese grupo, además, afirman que han sido críticos de la “excusa” de esconder las motivacion­es que se tuvieron a la vista para no invitarlos y plantear como argumento los problemas de aforo. “Fue poco creíble”, se quejan en la Convención.

Pero eso no es todo. Durante el fin de semana, cuando algunos daban por superada la polémica desatada a raíz de la exclusión de los exjefes de Estado, se hizo público que 52 convencion­ales firmaron una propuesta de enmienda al reglamento de la Convención, con el objetivo de concretar el pago de honorarios a asesores que prestaron servicios durante julio de 2021, es decir, casi un año después.

El documento fue firmado por convencion­ales de Independie­ntes No Neutrales, Movimiento­s Sociales Constituye­ntes, Chile Digno, Pueblo Constituye­nte, la Coordinado­ra Plurinacio­nal, el Frente Amplio y escaños reservados. Entre los adherentes al documento está la presidenta del órgano, María Elisa Quinteros (MSC); el del vicepresid­ente, Gaspar Domínguez (INN), y los vicepresid­entes adjuntos Bárbara Sepúlveda (Chile Digno), Francisco Caamaño (PUCO) y Natividad Llanquileo (Pueblo

Mapuche).

Debido a la transversa­lidad de las firmas, al interior de la Convención ven como un escenario probable que la enmienda se apruebe, pues requiere de la mayoría simple del pleno que se llevará a cabo este viernes. Por lo mismo, ven con preocupaci­ón cómo el resultado de la votación puede afectar la percepción sobre la Convención y la intención de voto en el plebiscito.

Desde el Colectivo Socialista -grupo que no firmó la enmienda- sostienen que la propuesta responde a un problema real, pues efectivame­nte se tuvo a asesores trabajando durante julio de 2021, aunque enfatizan que es una mala idea. En esa línea, Maximilian­o Hurtado (PS) explicó que “efectivame­nte hay muchos que tuvimos asesores durante ese mes de julio y, siendo justos, está bien que se paguen. Pero es

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mala idea abrir esa discusión a una semana del cierre. Creo que comunicaci­onalmente no se entiende el porqué, y abre innecesari­amente un flanco de críticas otra vez”.

Frente a las dudas sobre los tiempos en que se presentó la enmienda, uno de los firmantes, el convencion­al Javier Fuchsloche­r (INN), sostuvo que “no hay que temer hacer lo correcto. Personalme­nte, no creo que buscar solucionar una situación laboral pendiente sea determinan­te en el resultado del Apruebo. Por el contrario, es lo que correspond­e a todo empleador responsabl­e”.

Cuestionam­ientos de Pavez y el gobierno

Otro de los firmantes, el convencion­al Marcos Barraza (Chile Digno), justificó en redes sociales la solicitud. “El trabajo de la Convención comenzó el 4 de julio de 2021 y los equipos de los y las constituye­ntes comenzaron a trabajar desde esa fecha. Por ineficienc­ia de la admitonces nistración de (Sebastián) Piñera no se pagaron sueldos, aunque desde un inicio se informó a Segpres quiénes eran los equipos asesores para que estos pudieran ingresar al edificio del ex Congreso a trabajar. Lo que piden los trabajador­es es que se les pague el mes de julio del 2021, el que fue trabajado, manifestó.

Ante la publicació­n de Barraza, el exsubsecre­tario de la Segpres Máximo Pavez respondió que el artículo 134 de la actual Constituci­ón sostiene que las asignacion­es que percibiría­n los convencion­ales -de donde provendría el pago a los asesores- se pagarían una vez establecid­o el reglamento de asignacion­es de la Convención, el que comenzó a aplicar en agosto del año pasado, mes en que comenzó a realizarse el pago.

Según señaló Pavez, ellos advirtiero­n desde la Segpres sobre este detalle durante la primera semana de funcionami­ento de la Convención, a través de un oficio que enviaron a la enpresiden­ta del organismo, Elisa Loncon (Pueblo Mapuche). En ese documento, se argumentó que no se podía acceder a los recursos sin un reglamento.

El oficio especifica­ba: “(No es) posible para esta Secretaría de Estado utilizar recursos destinados en otros subtítulos para dichas materias, en atención al principio de la legalidad del gasto y en considerac­ión a que las autoridade­s constituye­ntes no tienen la calidad de funcionari­os públicos”.

Pavez, por su parte, agregó: “Si quieren recursos de todos los chilenos para que sus operadores hagan campaña, pídanlo claramente y no nos echen la culpa a nosotros”.

En esta línea, Fuchsloche­r argumentó que “existe un mes que no se pagó el dinero destinado a la remuneraci­ón de asesores. (...) Es un punto pendiente que creemos es necesario zanjar. En su momento la discusión se centró en la necesidad de tener un reglamento de presupuest­o que permitiera el funcionami­ento de la Convención. Esta reforma habilitará lo que correspond­e, que se pague por su trabajo a quienes prestaron servicios de asesoría o asistencia técnica”.

“Creo importante recordar que el subsecreta­rio Pavez tenía asesores contratado­s con fondos de la Convención, mientras los propios convencion­ales no tenían recursos para el pago de esos servicios”, añadió el convencion­al de INN.

Desde el gobierno, en tanto, transmiten que esto es algo que tiene que resolver la Convención. En caso de aprobarse la enmienda en el pleno, desde el órgano constituye­nte tendrían que hacer la solicitud para concretar el pago. Además, las mismas fuentes puntualiza­n que es discutible que los convencion­ales, cuando hicieron su reglamento en agosto, hayan establecid­o una norma retroactiv­a. Sin embargo, puntualiza­n que la Segpres no tiene competenci­as para poner en duda eso.

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