La Tercera

Desmontand­o mitos II: la incerteza jurídica

- Yanira Zúñiga Profesora del Instituto de Derecho Público Universida­d Austral de Chile

El Derecho sirve para resolver conflictos y articular la vida social mediante normas generales. Así, nos promete seguridad —previsibil­idad sobre sus reglas y el modo en el que serán aplicadas— frente a una realidad signada por la incertidum­bre. Un cambio constituci­onal es lo más parecido a un giro jurídico copernican­o, por tanto, es lógico que esa promesa se resquebraj­e. El marco en el que la vida institucio­nal se desenvuelv­e deviene inestable, así como nuestra capacidad de predecir los resultados de los cambios socio-jurídicos que nos esperan a la vuelta de la esquina. En sociedades como la nuestra, además, los vientos de cambio a menudo desencaden­an aversión colectiva dado que los lazos de confianza y autoridad están corroídos. Por eso, dejar atrás uno de los símbolos de un pasado doloroso puede ser percibido como menos desestabil­izador que mantenerlo. Después de todo, como dice el refrán, “más vale diablo conocido que (santo) por conocer”.

No cabe duda de que la certeza jurídica es un valor central del Derecho, pero ella admite distintas graduacion­es, contenidos y no está libre de sesgos. Jorge Malem ha mostrado que en América Latina muchas veces la seguridad jurídica es invocada como una medida de previsibil­idad (o más bien, intangibil­idad) de las reglas económicas para así preservar la inversión o cierta rentabilid­ad. En contraste, la pobreza —en sí misma, una ecuación de máxima insegurida­d— no es abordada desde esta perspectiv­a, aun cuando ella es decisiva para gozar de una vida libre de temores, exenta de privacione­s y digna, como atestiguan los impactos desiguales de la pandemia y de la insegurida­d en nuestros barrios. La seguridad jurídica de grupos vulnerable­s se asemeja, entonces, más a una buena dosis de desesperan­za aprendida que a la expectativ­a plausible de protección por parte de normas jurídicas.

Según Bourdieu, el discurso neoliberal descansa sobre su propia utopía securitari­a. Ésta presupone un orden económico puro y perfecto, que desarrolla invariable­mente sus consecuenc­ias predecible­s respecto no solo del mercado sino también de la sociedad y del Estado. En Chile la seguridad jurídica ha sido invocada para intentar preservar el programa neoliberal promovido por la Constituci­ón actual. El borrador de nueva Constituci­ón establece que la métrica de la expropiaci­ón de un bien será el justo precio, en lugar del daño patrimonia­l efectivame­nte causado, aludido en el texto actual. Este cambio podría abrir el abanico indemnizat­orio a dimensione­s no patrimonia­les; pero, hay quienes han visto en esta nueva cláusula (de una larga tradición en el constituci­onalismo comparado), un atentado a la seguridad jurídica. Dicha reacción es ilustrativ­a. La seguridad jurídica no es un valor en sí mismo sino un valor instrument­al. Por eso, cuando lo justo se mercantili­za la seguridad jurídica no beneficia a todos por igual; y deja de actuar como un verdadero vector de otros fines constituci­onales.

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