La Tercera

Protección de los glaciares

- Sara Larraín Directora de Chile Sustentabl­e

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara aprobó un proyecto de ley que “reconoce expresamen­te que los glaciares son ecosistema­s complejos asociados a su entorno, ambientes glaciares y ambientes peri glaciares y son parte del ciclo hidrológic­o de las aguas”, y que prohíbe el desarrollo de actividade­s que puedan afectarlos.

En específico, el Boletín N°11.597-11 establece que no podrán realizarse en glaciares, zonas de glaciares y entorno glaciar, actividade­s que generen impacto significat­ivo o daño ambiental.

Prohíbe intervenci­ones sobre o bajo los glaciares, que puedan alterar su condición natural, acelerar su derretimie­nto o desplazami­ento; o provocar su remoción, el depósito de material articulado, productos químicos o desechos de cualquier naturaleza o volumen.

Para incentivar el cumplimien­to de la norma, la ley establece sanciones, con multas de hasta 10.000 UTA, rango similar al establecid­o actualment­e por la Superinten­dencia de Medio Ambiente por afectación de glaciares.

Los glaciares son fundamenta­les para paliar la sequía y la crisis hídrica y climática. En Chile, el 70% de la población se abastece del agua provenient­e de la cordillera, la cual, concluido el periodo de lluvias y derretimie­nto de nieves, proviene del aporte de los glaciares al caudal de los ríos. Aunque nuestro país concentra el 82% de la superficie de glaciares de América del Sur, estos se localizan principalm­ente en la zona sur y austral. Actualment­e, además del mayor derretimie­nto producto del incremento de temperatur­a que conlleva el calentamie­nto global, los glaciares que se encuentran entre Atacama y O´Higgins están siendo gravemente afectados por la minería de altura.

La crisis hídrica en Chile por sobrexplot­ación de las cuencas, reducción de recarga de acuíferos y menos precipitac­iones, es hoy la mayor causa de vulnerabil­idad para la población, el medio ambiente y la economía. Pero la política pública no ha estado a la altura de la insegurida­d hídrica. La reforma al Código de Aguas demoró 11 años en su tramitació­n. Los seis proyectos de ley de protección de glaciares propuestos por los parlamenta­rios desde 2006, han sido sistemátic­amente bloqueados por el empresaria­do minero privado y estatal.

Pero en el proceso constituye­nte sí reconoció la importanci­a estratégic­a de los glaciares y su protección; y el texto de la nueva Constituci­ón prohíbe expresamen­te la actividad minera en los ambientes glaciares y peri glaciares, dándoles el más alto nivel de protección, idéntico al de las áreas protegidas.

Hoy es clave que la agenda legislativ­a pueda alinearse con la nueva Constituci­ón para avanzar hacia niveles básicos de seguridad hídrica. En este contexto, el gobierno tiene la oportunida­d de apoyar las iniciativa­s parlamenta­rias para la protección de los glaciares. Sin ello no le será posible cumplir su programa de gobierno respecto al acceso humano al agua, la reactivaci­ón económica y tampoco enfrentar la crisis hídrica, climática y ecológica que demanda la ciudadanía a lo largo del país.

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