Nueva prórroga del estado de excepción
La caída en los niveles de violencia en la Macrozona Sur ha sido palpable gracias a la invocación de esta medida, según las propias cifras del gobierno, lo que hace inexplicable que en el borrador de nueva Constitución esta herramienta desaparezca.
La segunda prórroga del estado de emergencia en la región de La Araucanía y dos provincias del Biobío logró su aprobación en el Congreso, si bien esta vez con algo menos de votos a favor, principalmente por algunos sectores de oposición, que cuestionan el carácter de “acotado” de la medida.
La controversia en torno a si es un estado de excepción “acotado” parece en todo caso algo secundaria frente al hecho de que ahora es el propio oficialismo el que se ha convencido de la pertinencia de mantener esta medida excepcional, atendido el cuadro de violencia que se vive en estas zonas, pero también por los favorables resultados que ha traído en cuanto a la disminución de los delitos. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el propio gobierno, durante los primeros 33 días de implementación del estado de excepción -a partir del 18 mayo- los eventos de violencia rural en la llamada Macrozona Sur disminuyeron 30% respecto del período inmediatamente anterior, en tanto que en las zonas comprendidas bajo dicho estado la caída alcanzó el 29%. Se ha observado un descenso en la quema de camiones, una caída en el uso de armas de fuego y una disminución en la cantidad de comunas afectadas por hechos de violencia. En los casos de Tirúa y Traiguén, por ejemplo, la caída supera el 70%.
Es valioso que sea el propio oficialismo el que ahora valore el aporte fundamental que ha traído el estado de excepción, gracias al cual es posible contar con la presencia de las Fuerzas Armadas. Esta postura contrasta con la crítica visión que el nuevo gobierno tenía respecto de esta medida, que durante dos meses se negó tenazmente a invocar por considerar que ello equivalía a una “militarización”, que el único camino era el diálogo político y que el despliegue de tropas realizado bajo la administración anterior no había servido para contener la violencia.
La realidad ha terminado imponiéndose, y ya resulta obvio que frente a la magnitud de la violencia que se ha alcanzado en estas zonas -que bien podría encuadrarse como de carácter terrorista- el Estado no puede prescindir de todas las herramientas que le provee la institucionalidad. Si bien llama la atención que el decreto mediante el cual se invoca este estado lo acote a la protección de rutas, las facultades con que cuentan los respectivos jefes de la defensa -según detalla el mismo decreto- son suficientemente amplias, y de hecho han rendido frutos palpables para la población.
Si bien el estado de excepción no puede considerarse la solución definitiva para la violencia que asola la Macrozona, está claro que no podría prescindirse de esta herramienta, pues si deja de invocarse previsiblemente los niveles de violencia volverían a aumentar. Pero es justamente lo que podría ocurrir bajo un nuevo escenario constitucional, considerando que la propuesta que ha hecho la Convención elimina este estado, dejando solo los de catástrofe, sitio y asamblea. Las fuerzas oficialistas han cometido un grave error al permitir que una reforma así prosperara, y por lo tanto deben ahora anticipar de qué forma abordarán la seguridad en estas zonas en caso de que se apruebe el nuevo texto constitucional.