Pasó la vieja
Son 1.097 días que han pasado desde la madrugada del 15 de noviembre de 2019 cuando un grupo de representantes políticos sellaron el acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Durante este período se han cometido más de dos mil homicidios, la inflación ha subido casi un 20%, la pobreza y la desigualdad han aumentado y la confianza de los inversionistas extranjeros está por los suelos. Bajo cualquier indicador, Chile hoy es más pobre, violento y desigual que hace tres años, cuando se prometieron la paz y una nueva Constitución que nunca llegaron.
Pero a pesar de haber fallado en todas sus promesas, algunos sectores políticos insisten en resucitar el proceso constitucional. Ignorando el mandato que ocho millones de chilenos entregaron al país el 4 de septiembre, llevan más de 70 días negociando mecanismos, cupos y garantías para reiniciar la Convención Constitucional y comenzar el proceso desde cero.
Es razonable que existan dudas respecto de la decisión de hace tres años, cuando en medio de un clima de extrema violencia, el gobierno fue forzado a rendirse y entregar sin condiciones la Constitución más exitosa de la historia de Chile. Algunos afirman que fue imposible hacer exigible el Estado de Derecho, porque una decisión así nos habría llevado necesariamente a enfrentamientos en la población y graves consecuencias políticas y sociales. Otros, creemos que fue la abdicación de la autoridad frente al chantaje de la izquierda radical la que nos ha llevado al estado de anomia y desintegración política y social que ha marcado el devenir del país en los últimos años. Pero es fácil opinar con el diario del lunes.
Lo que no es razonable es que, luego de todo lo que ha pasado en Chile, los políticos repitan una fórmula que ya fracasó, que la ciudadanía ha rechazado y que es ampliamente resistida en los sondeos de opinión.
Hoy Chile no vive un levantamiento de violencia callejera irracional como la que vivimos en octubre y noviembre de 2019, que puso en grave riesgo la seguridad de millones de chilenos. Tampoco existe, como si existió entonces, una oposición política al gobierno que de manera irresponsable legitimó esa violencia y que de manera activa validó la insurrección.
Hoy Chile vive una crisis de seguridad, con un aumento explosivo del crimen y en particular, de los delitos más violentos; una severa crisis económica, fruto del incierto panorama mundial pero también de las acciones irresponsables e irreflexivas de la clase política chilena; y una profunda crisis política, porque estamos gobernados por un Presidente amateur y un gobierno que ha sido incapaz de colocar las prioridades de los chilenos por sobre la agenda ideológica de su fanaticada.
A diferencia de hace tres años, hoy no existen dos alternativas a los complejos desafíos que enfrenta el país en la reconstrucción de su camino perdido. Chile no necesita otra Convención Constitucional y es de esperar que los dirigentes políticos en vez de escuchar sesudos diagnósticos de un grupo de iluminados, escuchen más al ciudadano común y corriente que ha manifestado su clara voluntad de terminar con el proceso constituyente.