Desafíos pendientes
Quizás una de las paradojas más frustrantes para un sector de quienes promovieron el Rechazo en septiembre es que, a pesar del resultado, una mayoría contundente aún cree que Chile necesita una nueva Constitución. Según la última encuesta de Ipsos con Espacio Público, 74% de la población considera que el desafío sigue pendiente, a pesar del fracaso reciente. La persistencia de este desafío está acompañada de un cierto nivel de urgencia, con un 40% que cree que este proceso debe ocurrir dentro de un año, y un 31% que espera que el proceso concluya dentro de dos años.
Resulta sorprendente, y esperanzador, que el fracaso de la Convención Constitucional no haya afectado la necesidad de contar con un nuevo texto. Incluso, es interesante observar los grados de urgencia con que la ciudadanía pareciera mirar el proceso, muy a contrapelo de la demora que han tenido los actores políticos en resolver los mecanismos.
Pero, por eso mismo, resulta preocupante la demora. Las condiciones estructurales que llevaron al estallido de 2019 y al acuerdo de noviembre de ese año siguen presentes. El país cuenta con niveles similares de desigualdad, mientras que el Banco Mundial prevé un aumento de la pobreza. Asimismo, el costo de vida está cada vez más alto, con niveles de inflación que no habíamos visto en años. Si la única razón que apuró el tranco el 2019 fue la protesta ciudadana y el quiebre del orden público, es imperativo que los dirigentes del 2022 no caigan en la misma inercia. Las condiciones sociales del país, y de gran parte del mundo, han empeorado lo suficiente para hacer mucho más costosa una crisis social.
La cuestión constitucional o, como algunos lo llaman, el momento constituyente, no parece haberse extinguido en la opinión pública. La resiliencia del tema muestra, una vez más, la brecha entre élites y ciudadanía, en la que los desacuerdos de los primeros no tienen un correlato claro en los segundos. Incluso, si miramos cuáles son los temas que aparecen más relevantes para la ciudadanía (vivienda, salud, educación, pensiones y medioambiente) son algunos de los mismos que se usan para justificar que el tema constitucional debe pasar a segundo plano. No parece haber disonancia en la opinión pública entre las urgencias sociales y la discusión constitucional.
El último desafío pendiente es encontrar un órgano capaz de superar la frustración con la Convención. Ello parte por reconocer que el comportamiento de sus miembros fue una de las principales razones del Rechazo. Según la encuesta de Espacio Público, la ciudadanía parece menos proclive a un órgano de las mismas características que el primero proceso y más dividida sobre las alternativas. Ahora, donde parece haber consenso es en que el Congreso no es el llamado a hacerse cargo.
Reconocer que el desafío constituyente sigue pendiente es solo el primer paso. Darse cuenta de que sigue siendo urgente, es el segundo. Dejar de arrastrar los pies para llegar a un acuerdo que le dé vida, el tercero.