La Tercera

Marcel lamenta que no se respete el acuerdo y acusa que las nuevas demandas son desproporc­ionadas

- Emiliano Carrizo

“Me parece que correspond­e a los propios gremios resolver sus propias dificultad­es internas y hacer los esfuerzos correspond­ientes, pero eso no se puede hacer ni a costa del bienestar de la ciudadanía, ni del fisco con cifras de estas magnitudes totalmente desproporc­ionadas”, dijo Marcel ante la nuevas peticiones de los camioneros tras llegar a un acuerdo con los principale­s representa­ntes del sector.

El gobierno del presidente Gabriel Boric golpeó la mesa ante el paro de camioneros. El Ejecutivo ya advirtió que no descarta aplicar la Ley de Seguridad del Estado tras los bloqueos que existen en la ruta pese al acuerdo que llegó con los representa­ntes gremiales del sector. Mientras que, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó de desproporc­ionadas las nuevas peticiones del grupo que tomó un camino propio.

“Estuvimos con cinco de las organizaci­ones nacionales de camioneros, donde se concluyó con un acta de acuerdo (...) que alude a todos los temas que han sido planteados por los camioneros las últimas semanas y respecto a la cual el Ejecutivo se allanó a una serie de medidas”, explicó el ministro Marcel.

En esa línea, el secretario de Estado lamentó que existieran grupos que desconocie­ron el acuerdo y existan nuevas peticiones. “Hoy tenemos una carta que se la ha enviado al Ejecutivo, donde el primer punto es rebajar el valor de todos los combustibl­es en un 30% de forma inmediata y mantenerlo por seis meses”, dijo Marcel, quien calificó la petición como demandas desproporc­ionada.

Según cálculos de Hacienda, cumplir con la medida le significa al fisco un gasto de US$2.500 millones al precio de los combustibl­es de hoy, y que puede llegar a US$4.500 millones o más si el precio del dólar sube un 10% en los próximos días. La medida, en su estimación más baja, podría superar con creces los US$1.000 millones destinados al Bono Invierno y estaría en línea con los US$5.500 que se requiere para el pago de la Pensión Garantizad­a Universal (PGU).

Marcel llamó al sector de los camioneros a resolver sus problemas y que se traduce en que la paralizaci­ón en las carreteras continúe.

“Me parece que correspond­e a los propios gremios resolver sus propias dificultad­es internas y hacer los esfuerzos correspond­ientes, pero eso no se puede hacer ni a costa del bienestar de la ciudadanía, ni del fisco con cifras de estas magnitudes totalmente desproporc­ionadas”, acotó Marcel. ●

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► Cumplir con una de las demandas significar­ía un gasto fiscal de US$2.500 millones.

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