Inversiones y sistema de evaluación ambiental
En el actual escenario económico es urgente que las autoridades políticas que participan en el proceso de evaluación de proyectos de inversión dimensionen la responsabilidad que tienen en sus manos y actúen con sentido de urgencia.
La evolución de la inversión se ha convertido en un problema que arrastra Chile desde hace varios años. En el periodo 2013-2019 -previo a la pandemia- la inversión estuvo prácticamente estancada y solo pudo recuperar algo de ritmo el año pasado, producto del exceso de liquidez y la inversión pública, ambos elementos de carácter temporal.
Las noticias hacia adelante en esta materia no son positivas, sino que plantean un escenario que se complejizará. El mercado espera un retroceso de la formación bruta de capital fijo en torno a 3% este año y otra caída adicional de 4,5% para el 2023 que, de materializarse, nos devolvería al nivel de 2013, es decir, una década de estancamiento en materia de inversión.
En este contexto, resulta inconsistente que el Comité de Ministros tenga en su poder una cartera de 13 proyectos, a la espera de su pronunciamiento, por unos US$11 mil millones. Esto se suma a las dificultades que ha tenido el sistema de evaluación de impacto ambiental para entregar mínimas certezas jurídicas a los titulares de las iniciativas, los que hoy resienten inversiones cuantiosas en las etapas iniciales de los proyectos, pero que por diversas razones de carácter administrativo o político no pueden materializarlos.
Es evidente que el diseño institucional en materia de evaluación ambiental de los proyectos debe ser modificado. Una alternativa es rediseñar el rol que cumple el Comité de Ministros -que actualmente opera como una segunda instancia administrativa-, transformándolo en un panel de expertos que ejerza un rol revisor de las primeras instancias, sin sesgos de carácter político.
Otro aspecto fundamental es circunscribir las opiniones de los organismos sectoriales, que participan en la evaluación en la primera instancia de los proyectos, a los ámbitos de su competencia, evitando pronunciamientos de carácter general sobre las iniciativas, los que muchas veces incorporan sesgos políticos sin fundamentos técnicos.
Pero mientras esos cambios institucionales se discuten e implementan, es urgente que las autoridades políticas que participan en la evaluación de los proyectos dimensionen la responsabilidad que tienen en sus manos. No parece lógico que, a la incertidumbre asociada al proceso constituyente o las reformas en curso con impacto en las decisiones de inversión, se adicionen retrasos innecesarios a iniciativas cuyos titulares quieren poner en marcha.
Los impactos económicos de la falta de inversión son severos. En el corto plazo, implican una menor generación de puestos de trabajo y menor actividad. En el mediano plazo, la falta de inversión tiene efectos directos en la capacidad de crecimiento de una economía, los niveles de recaudación fiscal y, por consiguiente, la calidad de los productos y servicios -públicos y privados- a los que tiene acceso la ciudadanía.