Juez alza secreto bancario de excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta y de su hija fiscal
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago
dio la orden de que ocho bancos entreguen información sobre los movimientos bancarios del retirado general y un núcleo importante de su familia. Para eso la Fiscalía Regional de Los Lagos entregó evidencia para dar cuenta de que existen maniobras por parte del ex alto militar y sus parientes para “ocultar, disimular e intentar legitimar dineros obtenidos en la actividad ilícita”. Una de sus hijas, la fiscal Constanza Izurieta, fue removida de sus labores en el ente perseguidor, al igual que su esposo, el también fiscal Andrés Iturra, aunque ambos apelaron y esperan que la Fiscalía Nacional les dé una segunda oportunidad.
Hijas, yernos, esposa y cuñada. Estos familiares del excomandante en jefe del Ejército (2006-2010), Óscar Izurieta figuran en el listado de personas por las cuales el Ministerio Público solicitó el alzamiento del secreto bancario. Los investiga por su eventual participación en los traspaso de dineros presuntamente defraudados por el exgeneral, y quien está siendo investigado en la arista de gastos reservados del fraude en el Ejército.
Tras una solicitud realizada por el fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Marcos Muñoz, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago accedió al alzamiento del secreto bancario en contra del general (R), así como también el de su esposa, Giantecedentes netta Fornazzari, además de su cuñada, Rossana Fornazzari.
Además de ellos, también la fiscalía solicitó conocer la actividad bancaria de los fiscales oriente, María Constanza Izurieta, hija del exgeneral, y de su esposo, Andrés Iturra. Ambos fueron removidos del Ministerio Público en octubre tras un sumario que le atribuye “graves faltas a la probidad” al haber participado activamente en la donación de inmuebles del excomandante en jefe del Ejército. En esa línea, también se solicitó acceder a los registros bancarios de su otra hija, María Carolina Izurieta Fornazzari, y su esposo, Sebastián Rodríguez.
En la solicitud realizada por la fiscalía al tribunal se asegura que, durante la investigación llevada adelante por Muñoz, existen
que “constituyen indicios coherentes, serios y concordantes que permiten presumir que los imputados estarían utilizando productos bancarios de distinta naturaleza para ocultar, disimular e intentar legitimar dineros obtenidos en la actividad ilícita reiterada en el tiempo, vinculada a la probable sustracción de caudales públicos”.
Por el requerimiento del Ministerio Público respecto a las cuentas bancarias, según la Ley General de Bancos, todos los investigados para los cuales se solicita información, están imputados. Si bien esta se trata de una investigación penal en contra del excomandante en jefe del Ejército, en febrero de este año la jueza Romy Rutherford procesó a Izurieta ante la justicia militar. Al general (R) se le imputa el desvío de dineros de los gastos reservados de la institución castrense, los que sumarían más de $ 6.300 millones.
En busca de los autores
El fiscal Muñoz con esta diligencia lo que busca es identificar y ubicar los bienes adquiridos, establecer la procedencia y destino de los dineros producto de los delitos investigados, la determinación de sus ingresos formales y no declarados. Uno de los puntos centrales está en los gastos cotidianos que tenía el exgeneral y sus cercanos.
A raíz de lo anterior, cuentan fuentes de la indagatoria, el Ministerio Público le ordenó a las distintas entidades bancarias en los que los imputados tienen cuentas a que alcen su secreto. En ese sentido, la fiscalía pidió a siete firmas que cooperen con esta causa en que se indaga lavado de activos. Se trata de Banco de Chile, Santander, Itau, BCI, Scotiabank Azul, Falabella y Ripley. Todos deben entregar información de los productos bancarios desde 2006 a la fecha, lo que incluye movimientos en las tarjetas de crédito, transferencias, depósitos, inversiones y cuentas en fondos mutuos de los imputados.
Del “Milicogate” a “gastos reservados”
Los primeros indicios respecto a la participación de familiares del excomandante, fueron dados a conocer en la investigación de la jueza Rutherford en el marco del caso “Milicogate”. En esa indagatoria, se apunta a que el general (R) habría traspasado bienes adquiridos con dineros ilícitos a sus hijas. Lo anterior podría ser tipificado como delito de lavado de activos.
La presunta operación habría permitido al exgeneral evitar el embargo de sus bienes a la hora de ser procesado por Rutherford. En ese sentido, el Ministerio Público inició un sumario en contra de la hija del excomandante en jefe del Ejército, la fiscal de la zona oriente, María Constanza Izurieta, y su esposo el exjefe de la Fiscalía Local de Las Condes, Andrés Iturra, quien ofició como ministro de fe en los traspasos de inmuebles del general (R) a su hija.
Tras una investigación interna del Ministerio Público, tanto la hija de Izurieta como su esposo fueron removidos puesto que estos tenían conocimiento de que el general (R) estaba siendo investigado por el fraude en el Ejército, sin embargo, igual habrían acciones constitutivas de delito.
En el sumario del fiscal Felipe Sepúlveda se determinó que “la donación que hizo Óscar Izurieta de sus bienes raíces a sus hijas no tiene justificación económica, ya que pese a haberse desprendido del dominio de aquellos, siguió comportándose como dueño de estos, ejerciendo atributos dominicales, puesto que seguía administrando y percibiendo los arriendos de dichas propiedades”.
Aún existen diligencias pendientes y la reapertura de la indagatoria, ya que los fiscales están en busca de una segunda oportunidad. ●