Hacinamiento en cárceles chilenas
El hacinamiento constituye un grave problema en el contexto carcelario, con severas repercusiones en varios de sus ámbitos: incrementa las disputas por los espacios, agudiza las tensiones y coloca serios obstáculos para la administración de la población penal. Todo ello dificulta la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las y los internos, imposibilitando la realización de procesos básicos, como la clasificación y segmentación de la población según sus perfiles criminológicos y necesidades específicas, hasta procesos más complejos, como la reinserción social. Por estas razones distintas organizaciones internacionales han indicado que el hacinamiento constituye una forma de trato cruel y degradante.
Una de las políticas penitenciarias que tuvo entre sus objetivos explícitos la reducción del hacinamiento fue la incorporación de las cárceles concesionadas. Sin embargo, si bien la participación de consorcios privados permitió la construcción de cárceles nuevas y su mantención, ello no habría alterado el hacinamiento ni los niveles de reincidencia delictiva.
En Chile el hacinamiento carcelario, si bien no es un problema generalizado, se manifiesta en forma crítica en parte de las unidades penales de todo el país. Según Gendarmería, en enero del 2022, el sistema carcelario estaba funcionando dentro de su capacidad, es decir, con un 94% de ocupación, tal como lo indica su capacidad de diseño. No obstante, al revisar la información de manera más específica, la misma institución reconocía que más de la mitad de las cárceles estaba funcionando con algún grado de sobreocupación, mientras que alrededor de 30% presentaba niveles de ocupación con problemas de hacinamiento complejo (mayores al 120%), incumpliendo las condiciones mínimas recomendadas en estándares internacionales.
Hasta aquí parecería que el hacinamiento afecta de forma exclusiva al sistema penitenciario, no obstante, este fenómeno no debe observarse de forma aislada. Es preciso tener claro que este es resultado de una política criminal que prioriza el control y el encarcelamiento, antes que la prevención o la reinserción, lo que se refleja en la limitada atención que genera la ejecución de las sanciones penales. Todo ello dificulta las posibilidades de reinsertar a las personas privadas de libertad, incrementando el riesgo de reincidencia cuando salgan de la cárcel.
Por todo lo anterior, generar todos los mecanismos dirigidos a reducir la población que se encarcela debiera transformarse en una de las tareas principales de quienes están a cargo de generar las políticas del ámbito criminal, sin importar a qué coalición política pertenezcan. Poner este problema entre las prioridades es clave no solo para que Chile alcance estándares internacionales, sino también para reducir la delincuencia, una de las principales preocupaciones de la sociedad chilena.