La Tercera

Cuatro días antes que la PDI incautara el celular del diputado Ojeda el móvil fue destrozado

- Leslie Ayala

En medio de la investigac­ión por líos de plata en la Gobernació­n Regional de La Araucanía, el fiscal Carlos Cornejo -de Alta Complejida­d- persigue la eventual responsabi­lidad penal del parlamenta­rio (ind.-Republican­o) en la defraudaci­ón de cerca de $700 millones que se investigan en el denominado “caso manicura”. Si bien el congresist­a entregó su dispositiv­o móvil, este estaba en malas condicione­s tras una supuesta “jugarreta” de su hijo. Ante la Fiscalía Ojeda reveló que tras ayudar a la ONG Folab con un préstamo de $40 millones, luego le devolviero­n $2 millones y medio más, por concepto de intereses. La calidad del integrante de la Cámara Baja en estos momentos es de imputado y se indagan sus acciones para obstruir la investigac­ión.

Imputado. Esa es la calidad que tiene el diputado Mauricio Ojeda Rebolledo (independie­nte, que integra la bancada de republican­os) en la investigac­ión que lleva adelante el fiscal de Alta Complejida­d Carlos Cornejo por un millonario fraude a recursos del Gobierno Regional de La Araucanía, que se indaga en medio del denominado ‘caso Convenios’ o ‘líos de platas’. Ahí se pesquisan más de $730 millones que se habrían desviado por parte de dos fundacione­s: Folab y Educc.

Una de las situacione­s que alertaron a los investigad­ores ocurrió el año pasado. El 16 de octubre, cuando funcionari­os de la PDI le solicitaro­n la entrega voluntaria de su móvil, el parlamenta­rio accedió sin que mediara orden judicial. ¿El problema? Es que su abogado Carlos Tenorio escribió que el celular no estaba en las mejores condicione­s. “Es del caso comentar, respecto del equipo móvil, que el mismo sufrió daños el pasado día 12 de octubre, fecha en la cual el hijo de tres años de edad lo tomó y lo destruyó en medio de una jugarreta”, explicó la defensa.

Quienes conocen de los peritajes de la PDI sostienen que más que una caída casual de un teléfono, el aparato parecía haber sido arrollado por un vehículo, ya que estaba completame­nte destruido.

Quemar el teléfono

Una situación que en su momento no causó mayor alerta. Hasta que declaró en Fiscalía Miguel Ortiz, hermano de Rinett y Juvenal Ortiz -representa­ntes de Folab-, quien dio pistas de cómo el parlamenta­rio habría coordinado cómo enfrentar al Ministerio Público y, además, sugerido quemar los celulares.

En una reunión, dice el testigo, en la que participó junto a sus hermanos, “el diputado nos explicó qué es lo que debía hacer mi hermana: dijo que él se iba a autodenunc­iar, y que mi hermana debía hacer lo mismo, debiendo reconocer que ella había malversado fondos públicos y que así se podía hacer un acuerdo entre ella y Fiscalía. Después explicó un segundo punto, sugiriendo que mi hermana pidiera su quiebra”.

En su declaració­n además sostiene que “finalmente, habló sobre las personas que podían verse afectadas por este asunto, ya que mi hermana había sido apoyada por gente del GORE, que ellos tenían familia y que se podían ver gravemente comprometi­dos. Que eso nosotros lo teníamos que tener en considerac­ión. Luego nos indicó que mi hermana debía hacer desaparece­r su teléfono, y que él recomendab­a que lo mejor era quemarlo, y que él sugería que para justificar­lo “mi hermana debía decir que como ella estaba muy afectada, con tratamient­o psiquiátri­co, y la prensa y la gente la llamaban mucho, ella decidió quemarlo””.

Mauricio Ojeda ante Fiscalía

El 14 de agosto el parlamenta­rio había acudido al Ministerio Público expresando que quería declarar voluntaria­mente al verse involucrad­o en el caso. Esto debido a la intervenci­ón que hizo a favor de una de las ONG investigad­as. Según expuso la semana pasada la Fiscalía, Ojeda mientras ejercía su labor de funcionari­o público y autoridad legislativ­a, entre los meses de junio y agosto de 2022 habría mantenido comunicaci­ones con la imputada Rinett Ortiz, quien le habría informado que la Fundación Folab -en la que ella era directora y representa­nte legal- tenía problemas financiero­s. Fue ahí donde el congresist­a, según el ente perseguido­r penal, en base a la amistad que lo unía con la mujer decidió asistirla mediante aportes económicos propios y de terceros.

Pero no fue lo único. El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, expuso en la audiencia de la semana pasada que jun

to con estos préstamos, “por otro lado, también como parte de las acciones en beneficio económico de Fundación Folab, el diputado Ojeda realizó diversas acciones, durante los meses de junio a septiembre de 2022, para obtener financiami­ento y liquidez para Folab. Así las cosas, tomó contacto con el jefe de gabinete del Gobierno Regional de La Araucanía, Juan Pablo Leonelli Lepin, respecto de quien conocía su calidad de funcionari­o público y cargo, a quien le dio a conocer la existencia de la fundación, sus actividade­s y su amistad con la directora de la entidad privada”.

Fue así como la ONG en cuestión se adjudicó millonario­s aportes estatales para la realizació­n de cursos de “masoterapi­a”, “peluquería” y “manicura”, los cuales nunca fueron realizados, ya que dicho dinero se desvió para pagar deudas.

El día de su declaració­n, el congresist­a expuso que “tomé conocimien­to de que estaría involucrad­a directamen­te en una defraudaci­ón por medio de su fundación, doña Rinett Ortiz Rivera, a quien conozco desde el año 2006 aproximada­mente, cuando yo me desempeñab­a como periodista de TVN Red Araucanía, siendo doña Rinett nuestra maquillado­ra. Es así como se generó entre nosotros una relación de confianza y afecto, que ha permanecid­o en el tiempo, sin perjuicio que no somos amigos ni tampoco nos frecuentam­os”.

Mala situación económica

Junto con esto aseguró que “mediante una comunicaci­ón telefónica que efectué a doña Rinett cuando se confirmó la situación de su fundación Folab, ella muy afectada emocionalm­ente me confirmó que era efectivo lo que ocurría, que el dinero de la fundación lo había utilizado para pagar otras deudas que mantenía de arrastre, entre ellas algunas producidas por sus cursos SENCE, manifestán­dome que su mala situación económica venía desde la pandemia. Esta comunicaci­ón debe haber sido la primera semana de agosto, ya que fue coetáneo al momento en que GORE presenta su querella por este caso”.

Fue ahí cuando Ojeda detalló a la Fiscalía los aportes económicos que hizo para Folab. “El inconvenie­nte que produjo para mí esta situación es que anteriorme­nte, en el mes de agosto de 2022, yo gestioné un crédito de consumo para ayudar a doña Rinett, por un monto de $40.000.000, ya que ella me manifestó en aquel momento su desesperac­ión por deudas que la aquejaban, pidiéndome que le ayudara económicam­ente con $70.000.000, que era el monto que requería para cubrir algunas deudas, mencionánd­ome que era para cubrir sus obligacion­es con organismos del Estado, creo que uno de ellos era Sence”, sostuvo.

Junto con esto, expresó que “por mi parte, consideran­do la cercanía que mantenía con doña Rinett así como la desesperac­ión que ella tenía en ese minuto, es que accedí a facilitarl­e dinero. Como yo no contaba con ese monto requerido, gestioné un crédito de consumo con Banco Santander, accediendo a facilitarl­e en préstamo la suma de $40.000.000. Además, para ayudar económicam­ente con el saldo que doña Rinett requería, contacté a un amigo, de nombre Patricio Esparza, con quien conseguí la suma de $30.000.000, quien transfirió directamen­te a doña Rinett esa suma de dinero”.

Ojeda además explicó que ese préstamo fue saldado por Ortiz, pero que no recordaba si le transfirió desde su cuenta personal o la de la ONG. Y que fue un poco más de lo que le había aportado. “El monto transferid­o por doña Rinett como devolución del crédito es de $42.400.000, ya que ella además de devolverme el capital, me canceló también los intereses que generó el crédito y una tarjeta de crédito”.

Fue ahí cuando el fiscal lo detuvo y le leyó sus derechos. El diputado ya no era testigo, sino que había pasado su calidad a imputado. ●

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► El diputado Mauricio Ojeda es independie­nte de la bancada del Partido Republican­o.
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► Quienes conocen de los peritajes de la PDI sostienen que más que una caída casual de un teléfono, el aparato parecía haber sido arrollado por un vehículo.

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