Los Gallegos, un juicio de “alto riesgo”
Tras meses de preparación y luego de fuertes amenazas, este lunes se dio inicio al juicio en contra de 38 imputados del clan ligado al Tren de Aragua. Once de ellos arriesgan presidio perpetuo, mientras que las condenas solicitadas para los otros 27 implicados suman más de 200 años. Por la tarde, sin embargo, la Corte Suprema suspendió el proceso y ordenó una nueva audiencia para evaluar la factibilidad técnica de un juicio presencial.
Desde septiembre del año pasado que en la Fiscalía Regional de Arica comenzaron a avizorar, con mayor fuerza, que el juicio oral que enfrentarían con miras a condenar a integrantes del temido clan de Los Gallegos -vinculado al Tren de Aragua- sería un escenario más que complejo.
La causa ya iniciada se había clasificado de alta peligrosidad y se mantuvo bajo reserva, por las características de los imputados y los delitos a los que se les asociaba. En ese momento la tensión alcanzó puntos álgidos. El juez Héctor Barraza había accedido a que los encausados pudieran conocer la identidad de 57 testigos protegidos, agentes encubiertos y víctimas anonimizadas que figuran en la acusación que se había presentado en su contra.
La determinación fue considerada como un serio riesgo para dichos intervinientes, por lo que de inmediato las alertas se encendieron y la Corte de Apelaciones de Arica frenó la medida. Sin embargo, lo ocurrido fue leído en el Ministerio Público como una clara advertencia.
De ahí se desprendió que los imputados y sus defensas no escatimarían en hacer uso de las herramientas que tenían a la mano para oponerse a los lineamientos que los fiscales a cargo habían trazado.
En línea con eso, las defensas de 19 de los imputados buscaron infructuosamente que el juicio oral que se inició este lunes 22 de abril se realizara de manera presencial, pues con ello obligaban a que acusados que se encuentran distribuidos en seis recintos del país tuvieran que ser llevados hasta el Tribunal Oral en lo Penal de Arica.
Aquello finalmente no ocurrió y los riesgos de fuga disminuyeron considerablemente, aunque de todas maneras el despliegue de seguridad y la planificación de esta jornada fueron analizados con lupa por las autoridades.
Durante la semana pasada el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, se trasladó hasta Santiago para discutir el escenario con representantes de la Fiscalía Nacional y, además, con detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).
Asimismo, durante las jornadas del jueves 18 y viernes 19 de abril, él y otros personeros de la Fiscalía se reunieron con la Delegación Presidencial en la región, con autoridades de Carabineros y de Gendarmería, fijando el plan que establecerían para mitigar riesgos.
De esta forma, funcionarios policiales dispusieron anillos de seguridad en torno al tribunal, contando con refuerzos desde otras ciudades.
Siguiendo con las medidas de resguardo que cumplen persecutores que llevan este tipo de causas, el fiscal a cargo se mantuvo de manera telemática, pues desde hace meses fue trasladado a otra región tras ser blanco de amenazas, mientras que Carrera se apersonó en compañía de los dos escoltas que le fueron asignados, también producto de acciones en su contra.
El primer frente a frente
Si bien el juicio se inicio de manera telemática, durante este lunes uno a uno los 38 imputados debieron presentarse ante los magistrados. Y en primera instancia, 16 de ellos comunicaron que desistirían de su defensor penal público y que optarían por la defensa privada que comenzará a brindarles Claudio Cofré.
Luego de ello, el fiscal dio curso a la lectura de la acusación. En total, se trata de 34 acusados de nacionalidad venezolana y cuatro chilenos. 29 son hombres y 9 mujeres.
La acusación de la Fiscalía de Arica es por 22 hechos en que los acusados tuvieron distintos grados de participación. Se incluyen siete homicidios registrados durante el año 2022, en tres de los cuales enterraron a sus víctimas en distintas zonas del sector de Cerro Chuño.
Se solicitan penas de presidio perpetuo para once acusados, y para los 27 restantes se piden distintas penas que suman cerca de 200 años de presidio. Para alcanzar aquello, las pruebas incluyen peritajes de armas de fuego, peritajes contables de 12 cuadernos incautados en los que se controlaban las finanzas de la agrupación, más de 60 informes policiales con el análisis de más de 140 teléfonos intervenidos.
Además, está contemplada la presentación de más de 150 testigos, más de 50 con calidad de protegidos.
Vuelve el suspenso
Sin embargo, una vez iniciado el juicio, la Corte Suprema emitió un nuevo pronunciamiento sobre la materia y determinó suspender momentáneamente el procedimiento. De acuerdo a su dictamen, antes de proseguir deberá realizarse una audiencia de factibilidad que determine bajo qué modalidad debe realizarse el mismo.
“Se suspende la audiencia de juicio oral, en tanto no se resuelve lo pertinente en audiencia de factibilidad”, se lee en la resolución de la Segunda Sala, la cual se adoptó con los votos en contra del ministro Jean Pierre Matus y del abogado integrante Juan Carlos Ferrada.
Ante ello, el fiscal Mario Carrera explicó que en dicha audiencia se deber discutir “nuevamente la procedencia o improcedencia del traslado de los acusados de los distintos penales hasta la ciudad de Arica”.
“Ordena que los intervinientes tengan acceso a los documentos que emitió Gendarmería para justificar las medidas de seguridad que hacían necesario evitar el traslado. Esta audiencia debería realizarse próximamente. Nosotros como Ministerio Público estamos y nos mantenemos en condiciones de realizar las audiencias y presentar nuestras pruebas como lo hemos estado desde ya hace bastante tiempo cuando presentamos directamente la acusación”, afirmó el persecutor. ●