La Tribuna (Los Angeles Chile)
Candidatos deberán ser invitados a actividades oficiales del Gobierno
De incumplirse, los postulantes pueden recurrir a la Contraloría General de la República.
El proceso eleccionario chileno ha sufrido en los últimos años serias modificaciones, con la aplicación de nuevas normativas en el área, como la Ley de Partidos Políticos y de Financiamiento de Las Campañas.
Dentro de estos últimos cambios introducidos se encuentra la obligación que los candidatos a las próximas Municipales 2016, sean invitados a actividades oficiales del Gobierno, como por ejemplo ceremonias públicas que se desarrollen en la región o en la provincia.
A raíz de lo anterior y para conocer cómo funciona, La Tribuna se contactó con el director regional del Servel, Juan Eduardo Toledo, quien describió la actualización legal.
Toledo partió por aclarar que la medida debutó este año desde las primarias, por lo cual ya está en pleno funcionamiento. “A contar de las primarias por primera vez se planteó esta innovación. Para ello, nosotros como Servicio Electoral, Servel, tenemos que remitir a las distintas entidades públicas, tanto regionales como provinciales, la nómina con los respectivos postulantes a cada comuna”.
Consultado sobre quién define las actividades públicas a las cuales deben ser convidados los candidatos, el director regional del Servel precisó que “esta es facultad exclusiva de la autoridad, ellos son quienes determinan eso”, precisó.
Sobre quién fiscalizará que se cumpla esta reglamentación, en vista que puede ocurrir que no se respete o bien se invite a postulantes de un solo sector político, la autoridad regional del organismo contestó que “no hay un ente u organismo encargado de fiscalizar. Nosotros somos un organismo técnico que sólo se limita cumplir con la legislación vigente, dentro de lo cual sólo se nos asigna remitir la información a los estamentos públicos”, puntualizó.
A pesar que no existe un organis- mo que vele por su cumplimiento, se le preguntó por último a qué institución puede recurrir un candidato que sienta que su derecho es vulnerado, respondiendo Toledo que “frente al incumplimiento de cualquier norma legal por cualquier institución pública, le corresponde a la Contraloría General de la República, quien es el ente fiscalizador por excelencia de la actividad gubernamental”, sentenció.