La Tribuna (Los Angeles Chile)

El gobierno fue imprudente

Que el hijo de la Presidenta tilde de corrupto a un organismo público del Estado y que una ministra lo justifique, aunque se le quiera bajar el perfil, es grave. Una falta de respeto, amparada por el poder ejecutivo.

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El caso Caval, ha sido quizás el gatillante del desplome de la popularida­d y confianza en la Presidenta de la República Michelle Bachelet.

Obviamente, el hecho que su hijo se vea involucrad­o en este proceso, inmediatam­ente la afectó como líder de este país.

Sin embargo, el pasado martes, la Corte de Apelacione­s de Rancagua, acogió la solicitud de sobreseimi­ento del hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos Bachelet, quien tras esta determinac­ión, acusó al Ministerio Público, de no seguir una investigac­ión de carácter judicial, sino más bien de tipo política.

No contento con esto, acusó de corrupta a la Fiscalía, señalando que “no me extrañaría que la corrupta fiscalía trate de formalizar­me por un delito inexistent­e”.

Surge entonces la interrogan­te: ¿les parece correcto que el hijo de la Presidenta de la República se refiera así, con una acusación tan grave a la Fiscalía? Bueno, a la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez no. Incluso lo defendió indicando que Dávalos “ha hecho uso de un derecho que es el derecho de la libertad de expresión”, una declaració­n que no correspond­e al Gobierno de todos los chilenos emitir.

La ministra Paula Narváez, nuevamente cae en defensa o publicidad de acciones que no tiene relación directa con el gobierno que representa. Ya se vio hace unas semanas, prácticame­nte como la vocera de Alejandro Guillier, ex candidato presidenci­al de su bloque.

Que el hijo de la presidenta tilde de corrupto a un organismo público del Estado y que una ministra lo justifique, aunque se le quiera bajar el perfil, es grave. Una falta de respeto, amparada por el poder ejecutivo.

Más delicado aún es esto, debido a que ha sido la propia mandataria tras estallar el caso Caval, quien inició un trabajo legislativ­o para perseguir la corrupción, indicando que “Chile no acepta corrupción ni abusos”.

En lo que se escuda la secretaria de Estado, respecto a la libertad de expresión, cabe indicar que el artículo 19 de la Constituci­ón, indica que en Chile existe “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformida­d a la ley”.

Frente a esto, hoy la Fiscalía tiene todo el derecho, tras ser ofendida injustamen­te, a menos que Dávalos pruebe que es un organismo corrupto, a interponer acciones legales contra Dávalos y a exigir una declaració­n o rectificac­ión al respecto.

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