Patagonice conflict returns
Patagonice vuelve a la carga
In 2012, the company Patagonice jumped into the spotlight when it came under investigation by the Chilean government for illegally taking five tons of ice from the Jorge Montt glacier, located near Caleta Tortel in the Aysén region. And now, five years later, the company is embattled once again.
Last May, the extraction of close to one ton of ice floating in open sea was planned. The company aimed to carry out research that could lead to the installation of a permanent processing plant in Caleta Tortel that would make it possible to sell water and ice from the pristine place as “premium quality” products.
Patagonice says they looked into the viability of the project, including consulting with various government agencies, such as the national water board and the national park service. “We asked all the relevant entities that could inform us on the subject whether it was necessary for us to carry out an environmental impact study, and all of them said no,” Jaime Peñaloza, co-owner of Patagonice, told the Coyahique newspaper Diario de Aysén.
The action clearly takes advantage of a gap in Chilean law with respect to glaciers and, specifically in this case, what is done with ice that comes from a glacier. And the situation has called attention to the need for
En 2012, la empresa Patagonice saltó a la palestra luego que comenzara a ser investigada por el gobierno chileno por el delito de hurto simple: se le acusaba de sustraer cinco toneladas de hielo provenientes del glaciar Jorge Montt, ubicado a escasa distancia de Caleta Tortel en la región de Aysén. Y ahora, cinco años después, la compañía vuelve a la carga.
En mayo pasado, se planeaba la extracción de cerca de una tonelada de hielo flotante en mar abierto, con el objetivo de efectuar investigaciones que posibilitaran la instalación de una planta procesadora que permita la comercialización de agua y hielo que sería vendido en calidad “premium”.
Desde la propia Patagonice informaron que realizaron un estudio de pertenencia, consultando a diversos organismos competentes, como la Dirección General de Aguas y Conaf. “Le preguntamos a todas las entidades que podían decir algo al respecto, si era necesario que desarrolláramos un estudio de impacto ambiental, y todas dijeron que no”, sostuvo Jaime Peñaloza, socio de Patagonice, al Diario de Aysén.
La medida claramente se aprovecha de un vacío legal que existe en Chile con respecto a los glaciares y, en este caso, específicamente con el destino de los hielos de origen glaciar. Una situación que da cuenta de la
Chile's Congress to pass the Glacier Protection Law, which is currently bogged down in the finance committee of the lower house of Congress.
Peñaloza insists that he did not do anything illegal, since the action will result in the extraction of icebergs that have detached from the glacier naturally and can be found floating outside the radius of Bernardo O'Higgins National Park, home to the Jorge Montt glacier. The plan is to extract some 500 tons annually.
However, the project has generated significant popular concern and the company finally decided to postpone the first shipment scheduled for May 19, according to a statement from company representatives.
Already in 2015, Patagonice signed a partnership agreement with the municipality of Tortel, whose mayor Bernardo López is in favor of the initia- tive. “They want to install a plant that would generate new jobs, which are badly needed in this region,” the mayor told the Diario de Aysén.
Still, the heated debate surrounding Patagonice i s far from over. Senator Antonio Horvath, for his part, said that the glaciers are consigned to at least two legal bodies in Chile—namely, the Native Forest General Law and the Environmental Base Law— thus the company must first get project approved via the Environmental Impact Assessment System (SEIA). He adds that the issue also touches on the value of the region's landscapes and its value as a tourist attraction. “Anyone who wishes to extract icebergs to carry out a business venture should first deliver a proposal to the SEI and obtain authorization. It's that simple,” affirmed the lawmaker. importancia de la Ley de Protección de Glaciares que duerme en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Peñaloza insistió en que no se incurre en ilegalidades, ya que se abocarán a la extracción de témpanos de hielo que de forma natural se han desprendido del glaciar y que se encuentran flotando fuera del radio del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, que alberga al glaciar Jorge Montt. Se piensa extraer unas 500 toneladas anuales.
Sin embargo, el proyecto generó una importante preocupación ciudadana y finalmente la empresa decidió postergar el primer embarque programado para el 19 de mayo, según comunicaron representantes de la compañía.
Patagonice ya firmó en 2015 un convenio de cooperación con el municipio de Tortel, donde su alcalde Bernardo López se mostró a favor de la iniciativa. “Quieren instalar una planta y ahí se generaría empleo para la zona, que harta falta hace”, señaló el jefe comunal al Diario de Aysén.
Por su parte, el senador Antonio Horvath no estuvo ajeno a la discusión y afirmó que los glaciares están consignados en al menos dos cuerpos legales en Chile, en la Ley General del Bosque Nativo y la Ley de Bases del Medio Ambiente, por lo que el proyecto necesariamente exigiría la presentación de un estudio en el Sistema de Impacto Ambiental (SEIA). Y a eso se suma que se trata de un valor turístico y paisajístico de la zona. “Alguien que vaya a extraer témpanos para realizar alguna actividad debe tener autorización y tiene que proponer previamente su proyecto al SEIA. Así de simple”, aseguró el parlamentario. De esta manera, la polémica con Patagonice parece lejos de terminar. (Tomás Moggia)