Dos diplomáticos chilenos a la Justicia por tráfico de migrantes
Justo cuando el tema migratorio está en el ojo del huracán por la negativa del presidente Sebastián Piñera a firmar el Pacto de Marrakech, sale a la luz una grave revelación.
El excónsul de Chile en Nueva Delhi, India, Gustavo Cantuarias -quien actualmente se encuentra en Irlanda-, y el cónsul en Córdoba, Argentina, Frank Sinclair, serán formalizados junto a tres personas más el próximo 11 de enero por el delito de asociación ilícita para el tráfico de migrantes.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente los investiga por el presunto ingreso irregular de 228 ciudadanos indios y nepaleses.
Según un reportaje de La Tercera, Cantuarias emitió visas de estudiante para residir un año en Chile, a 228 ciudadanos indios y nepaleses, entre los años 2015 y 2017, desde Nueva Delhi.
Al menos 160 de esos inmigrantes siguen viviendo en Chile y algunos de ellos usaron su paso por Santiago como puente para seguir rumbo a Estados Unidos.
Se detalla que, de acuerdo con la investigación de la PDI para validar la entrega de esas visas, los migrantes presentaban en el consulado de Nueva Delhi documentos y certificados otorgados por el Multicultural Institute of Education Ltda. Este institu- to es propiedad del cónsul Frank Sinclair.
Un negocio millonario
La dificultad de terminar con el tráfico de migrantes radica en lo lucrativo que puede llegar a ser el “negocio”. Según los testimonios recogidos por la PDI y la Fiscalía, los inmigrantes pagaban entre 6.800 y 8.000 dólares a Multicultural Institute por todo el proceso.
Los investigadores presumen que los miembros de esta eventual asociación ilícita podrían haberse embolsado cerca de 900 millones de pesos.
En julio de 2015, Frank Sinclair y Jitendra Kathawani buscaban extender los negocios a otras áreas geográficas. Así, crearon las sociedades MCI South America Ltda. y MCI Institute Central America & Caribbean Ltda. En esta última es socia también la diplomática dominicana Ninotchka Torres Castro.
Según la Cancillería, la PDI le informó que había procedido a entregar antecedentes al Ministerio Público sobre un eventual delito de asociación ilícita para el tráfico de personas y/o trata de personas. Además, el 4 de diciembre pasado fue la Cancillería la que envió los oficios del 8° Juzgado de Garantía a los dos funcionarios que se encuentran en el extranjero.