¿FIESTAS SIN ALCOHOL EN LA OFICINA?
La idea del diputado Gabriel Silber (DC) apunta a evitar situaciones como el acoso sexual y dar un ejemplo de austeridad en el caso de las reparticiones públicas
La tarde del lunes se dio a conocer un par de acusaciones por acoso sexual que activaron el nuevo protocolo de la Cámara de Diputados. Las denuncias apuntan a que en medio del aniversario de la corporación, evento que se realizó el 10 de julio en el Sporting Club de Viña del Mar, dos funcionarios de la Cámara Baja tuvieron actos constitutivos de acoso con dos asesoras parlamentarias.
El hecho, que ocurrió en medio de una celebración con alcohol, es el tipo de situaciones de riesgos que el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber, desea prevenir a través de la prohibición del consumo de alcohol en las reuniones de instituciones públicas y privadas.
“Nos gustaría que de manera gradual vayamos restringiendo la ingesta de alcohol, que es la tendencia mundial en celebraciones corporativas ya sea de empresas o instituciones públicas. Ya que va en la línea de generar un ambiente social y seguro para los trabajadores. Muchas veces la ingesta de alcohol va de la mano con ciertas situaciones como accidentes de tráfico, riñas o situaciones de acoso o más graves como vejámenes a trabajadoras”.
En este punto, el diputado sostiene que tras el movimiento #MeToo, el tema de restringir el alcohol en espacios de trabajo se ha convertido en una recomendación para las instituciones.
“A nosotros nos gustaría que el SII declare como gasto rechazado que por parte de las empresas se incorpore en cualquier evento o celebración la ingesta de alcohol, como un desincentivo a su uso. Lo mismo la Contraloría con respecto a dar instrucciones de eliminar justamente el alcohol de las celebraciones o actividades de las distintas reparticiones o Ministerios, también como una señal de austeridad a la ciudadanía”.
En este último punto, le recordamos al diputado el escándalo de algunos meses atrás cuando se reveló que el Congreso había comprado más de 7.000 mil botellas de alcohol en los últimos cuatro años, generando un gasto de más de 30 millones de pesos.
“Efectivamente, es un tema de austeridad que actualmente los ciudadanos cuestionan que con fondos públicos se financie la compra de bebidas alcohólicas para celebraciones de funcionarios, donde el Congreso debe dar señales de austeridad”.