Fiesteros ilegales tendrían que pagar con trabajo
Iniciativa del ministro del Interior recibió alabanzas y críticas, pero no está claro qué funciones específicas se pueden exigir y ni siquiera si se puede aplicar. Rodrigo Delgado se reunirá hoy con el fiscal nacional para afinar detalles. /
Normativa impulsada por Interior permitiría que los infractores accedan a penas alternativas para ayudar a la comunidad.
Rodrigo Delgado se reunirá con el fiscal nacional para analizar los alcances de la medida y cómo los jueces podrían aplicar estas penas.
Pese a que parlamentarios creen que la fórmula puede aportar, otros actores piden que se endurezcan las sanciones base.
De acuerdo con el último reporte entregado por Carabineros, entre el 11 y el 17 de enero se detuvo a 192 personas por participar de las ya conocidas fiestas clandestinas. “Una cifra que nos debe avergonzar como chilenos”, según indicó el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Esteban Díaz.
Y es que parte de la ciudadanía definitivamente no entiende que este tipo de celebraciones están prohibidas a propósito de la pandemia. De hecho, el balance arroja que desde marzo se han detectado 229 reuniones masivas no autorizadas, de las cuales 148 corresponden a fiestas clandestinas. En total, 2.541 detenidos en “eventos sociales”.
Teniendo cuenta esos datos, y que las medidas aplicadas para combatir a los fiesteros ilegales no han rendido frutos, el ministro del Interior anunció que se podrían disponer otro tipo de sanciones, como trabajos comunitarios. “Obviamente hay que tomar medidas distintas. Por ejemplo, la ley permite que las personas que sean condenadas por participar, tengan penas alternativas como hacer trabajos voluntarios. Hay que empezar a pensar en otras medidas para personas que sienten cierto desprecio por su salud”, dijo Rodrigo Delgado.
Desde el Ministerio aseguran que la ley que permite esta medida es la 18.216 sobre penas sustitutivas a sanciones privativas o restrictivas de libertad. Sobre cómo aplicaría, eso sí, aún no hay detalles y se espera que tras la reunión que sostendrá el ministro esta jornada con el fiscal nacional haya mayores certezas. Sí está claro que de cursarse este tipo de penas, el infractor no tendrá contacto directo con pacientes diagnosticados con alguna enfermedad. Por lo mismo, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, manifestó que “parece una medida interesante” que deberá ser evaluada.
Pese a que no se ha comunicado cómo operarán formalmente estas sanciones, uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien desde ya propuso que los sancionados realicen labores de limpieza en recintos de salud.
Sin embargo hay otros poco entusiastas. El exfiscal Pedro Orthusteguy consideró que mientras no se cambie el Código Penal, este tipo de medidas no serán efectivas. Y a lo mismo apunta Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa: “Acá lo que debería instalarse es en primer término la prevención. Hoy hay herramientas para sancionar, pero el Gobierno las hace efectiva dependiendo de la clase social de los responsables”.
Asimismo, el diputado oficialista Eduardo Durán (RN), manifestó que la disposición puede ser acertada, pero a su juicio, debe ir acompañada de una multa en dinero.
“Esto no debe terminar siendo un trabajo simbólico como las famosas clases de ética a connotados empresarios”, sostuvo.
Su par Jorge Alessandri tiene una mirada bastante más positiva: “Aquellos que no han sabido respetar las medidas sanitarias, merecen la sanción que tenga el mayor efecto en su conducta futura, concuerdo con el ministro Delgado”.