Cámara aprueba cinco leyes de seguridad y Tohá pide ampliar el “fast track”
En tiempo récord despacharon normas contra el sicariato y secuestros, entre otras.
La seguridad ciudadana es el gran tema que ha asumido toda la política del país. Tal como acordaron, todos los sectores lograron que ayer avanzaran en la Cámara de Diputados cinco de los siete proyectos clave contra el sicariato, el refuerzo a las funciones de Gendarmería y su protección ante amenazas, nuevas facultades a la policía en materia de migraciones, antisecuestro y la de porte de armas en lugares concurridos.
Aunque muchos legisladores han manifestado detalles, las normas tuvieron amplio apoyo en las votaciones y sólo queda por discutir las leyes Naín-Retamal, que unieron el aumento de penas por los ataques a autoridades y la norma sobre el uso de la fuerza, tal vez el único tema que podría entramparse hoy, cuando sigan las discusiones. Sectores del oficialismo temen que quede desregulada la acción
de la policía.
En el caso del secuestro, la pena sube de cinco a 15 años cuando la privación de libertad dure más de 48 horas y en caso de portar armas, de tres años a una pena de entre cuatro y cinco años y si es en un lugar concurrido, hasta 10 años.
El haber actuado de manera unida fue destacado por parlamentarios (ver Tres Preguntas)
y por la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, quien tras presenciar las discusiones señaló que le gustaría “tomar esto de hoy como una muestra de que si nos ponemos metas exigentes, y acordamos horarios de trabajos extraordinarios, podemos despachar proyectos que son muy importantes, como ciberseguridad, el Ministerio
de Seguridad, reglas de uso de la fuerza, el refuerzo de las facultades preventivas de los municipios, y la creación de competencias preventivas de los gobiernos regionales; despachar más proyectos que son necesarios, en materia de fortalecimiento de las policías, de control migratorio, de prevención del delito…”.
Tohá propuso más sesiones
extraordinarias para “dar esa señal a la ciudadanía”.
Aparte, diputados de Chile Vamos ingresaron un proyecto de ley que busca modificar la Ley 20.593 que regula el Registro
Nacional de Prófugos de la Justicia para que estos datos sean de carácter público. Además, se propuso crear una entidad estatal responsable de perseguirlos.