El Vaticano recibe a obispo exiliado por régimen de Ortega
Rolando Álvarez y otros 18 religiosos fueron excarcelados, expulsados y privados de la nacionalidad nicaragüense.
Las autoridades vaticanas recibieron en Roma al obispo Rolando Álvarez y otros 18 religiosos tras su excarcelación en Nicaragua. Álvarez, condenado a 26 años de prisión por conspiración y otros delitos, es una de las figuras religiosas más críticas de Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.
El documento emitido el domingo por el gobierno nicaragüense contiene los nombres de los 19 sacerdotes excarcelados y desterrados de Nicaragua, incluido el de Álvarez, y según se indica “el viaje hacia el Vaticano de dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas” se concretó gracias a las “muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas” a través del papa Francisco y de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
El sitio web oficial Vatican News confirmó que los religiosos eran “huéspedes de la Santa Sede”.
Álvarez, obispo de Matagalpa, era la voz más crítica de la Iglesia que aún permanecía en el país. Fue encerrado en la cárcel Modelo de Managua y condenado por “conspiración” propagar noticias falsas, obstrucción de la justicia y desacato a la autoridad, tras negarse a ser deportado
a EE.UU. junto a 222 opositores excarcelados y desterrados hace casi un año. Como parte de la condena, también se le retiró la nacionalidad.
También estuvo privado de libertad desde agosto de 2022,
cuando la policía estableció un cerco en torno a su Diócesis de Matagalpa, a 130 kilómetros al norte de Managua.
El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, exiliado en Miami desde 2019, había comunicado más temprano la noticia de la excarcelación y destierro en una misa en la iglesia de Santa Agatha. Báez, quien mantiene comunicación permanente con Nicaragua desde que salió del país, dijo que obtuvo la información “desde esta mañana, tanto desde Roma como de Washington y desde Managua”.
El gobierno dictatorial de Ortega ha calificado a la Iglesia como “una mafia” y a los obispos como “demonios con sotana”, después de acusarlos de haber apoyado la rebelión social de 2018, que puso en jaque a la administración con protestas multitudinarias durante varios meses.
El octubre, ya habían sido expulsados 12 sacerdotes.