La institucionalidad ambiental en duda

Un cambio en las reglas del juego atentaría contra la instalación de cualquier proyecto de inversión.

RECIENTES crisis ambientales que se han vivido en el país han motivado a que la autoridad regulatoria estudie cambios a la Ley 19.300, para evitar que ciertas operaciones productivas queden fuera de su ámbito de acción. Esto se explica porque la normativa ambiental vigente (Ley 19.300) solo rige para operaciones que tienen Resolución de Calificación Ambiental (RCA), es decir, posteriores a 1994. Todas las obras o faenas anteriores a ese año quedan fuera de su ámbito de acción. Esto se ha visto, por ejemplo, cuando en 2014 la SMA se declaró incompetente para sancionar hechos relacionados con el derrame de petróleo ocurrido en la bahía de Quintero, y más recientemente con la pérdida de concentrado de cobre registrada el 25 de febrero en la división Andina de Codelco, donde se vertieron unos 50 metros cúbicos de material en las aguas del río Blanco. Considerando esto, la Superintendencia de Medio Ambiente ha planteado la necesidad de estudiar esta situación. En el escenario actual, y considerando aun más las señales provenientes de los ministerios de Hacienda y Economía con su agenda de crecimiento y productividad, anuncios como el de la SMA parecen, a lo menos, inadecuados. Hoy las empresas por sobre todo necesitan certezas para impulsar sus ritmos productivos, por lo que estudiar cambios en línea con lo que plantea la SMA, no solo genera incertidumbre, sino también un claro daño y cambios en las reglas del juego a la inversión privada.